Gobierno busca reducir un 50 % la informalidad laboral con capacitación juvenil

El Gobierno dominicano busca reducir en un 50 % la informalidad laboral mediante la capacitación técnica y la incorporación de jóvenes al mercado de trabajo, informó el ministro de Trabajo, Eddy Olivares.

El funcionario ofreció la información durante la graduación de 561 jóvenes de la Escuela Taller de Santo Domingo, quienes completaron su formación en diferentes especialidades técnicas.

La ceremonia contó con la participación de la primera dama, Raquel Arbaje, y la embajadora de España en República Dominicana, Lorea Arribalzaga Ceballos.

Informalidad laboral supera el 50 %

La meta anunciada por Olivares se produce en un contexto en el que más de la mitad de los trabajadores dominicanos permanece en la informalidad.

Entre los principales indicadores del mercado laboral figuran:

• 53.8 %: tasa de informalidad laboral en el segundo trimestre de 2026.
• 5,271,005: personas ocupadas en el país durante ese período.
• 50.7 %: proporción de los nuevos puestos de trabajo creados en los últimos 12 meses que correspondió al sector formal.
• 49.3 %: proporción de los nuevos empleos que se generó en el sector informal.

La informalidad limita el acceso de muchos trabajadores a beneficios laborales y a la protección de la seguridad social. Por eso, la capacitación técnica busca mejorar sus posibilidades de conseguir empleos formales.

Escuela Taller gradúa a 561 jóvenes

Los participantes recibieron formación en áreas como artesanía, albañilería, plomería, informática, electricidad, ebanistería, herrería, fontanería y carpintería.

Durante la actividad, Raquel Arbaje exhortó a los graduandos a continuar perfeccionando sus conocimientos y aprovechar las oportunidades laborales.

La primera dama también destacó la importancia del trabajo y la preparación para alcanzar mejores condiciones de vida.

Por su parte, la embajadora española, Lorea Arribalzaga Ceballos, valoró la constancia de los participantes y reiteró el compromiso de su país con la cooperación en esta iniciativa.

Gobierno proyecta ampliar escuelas taller

El Ministerio de Trabajo también contempla extender este modelo de formación a otras provincias.

Según lo informado durante la actividad, el Gobierno prevé inaugurar una Escuela Taller en la provincia Hermanas Mirabal antes de finalizar el año. Además, trabaja en la instalación de otros tres centros en las regiones Norte, Este y Sur.

La expansión busca acercar la formación técnica a jóvenes de distintas comunidades, incluidas personas con discapacidad, para facilitar su preparación y acceso al empleo.

La iniciativa también contempla la modalidad de aprender haciendo. En esta promoción, 43 estudiantes completaron las 100 horas reglamentarias de pasantía técnica dentro de la propia escuela.

Con estas acciones, el Ministerio procura ampliar las oportunidades de formación profesional y contribuir a que más jóvenes puedan incorporarse al empleo formal.

Gobierno capacitará a 3,000 servidores públicos en ética y prevención de la corrupción

El presidente Luis Abinader encabezó el lanzamiento del Curso Básico de Ética para Servidores Públicos, una iniciativa que busca fortalecer la conducta ética y prevenir la corrupción en la administración pública.

El programa comenzará con un plan piloto dirigido a 3,000 empleados de siete instituciones vinculadas al manejo de recursos públicos.

Durante el acto, celebrado en el Palacio Nacional, las autoridades destacaron la importancia de formar servidores públicos conscientes de sus responsabilidades. También señalaron que el interés general debe prevalecer sobre cualquier beneficio particular.

El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, se refirió a la importancia de la ética en el ejercicio de las funciones estatales.

Contenido y duración del curso

La capacitación tendrá una duración de 16 horas y se impartirá en modalidad autogestionada. Esto permitirá que los participantes avancen en los contenidos de acuerdo con su disponibilidad.

El programa abordará cuatro ejes principales:

• Ética en la función pública.
• Transparencia en la administración del Estado.
• Prevención de la corrupción.
• Identificación y manejo de conflictos de intereses.

Con esta formación, el Gobierno busca reforzar los conocimientos de los empleados públicos sobre sus deberes y responsabilidades en el manejo de los recursos del Estado.

El plan piloto permitirá iniciar la capacitación en las siete instituciones seleccionadas, antes de conocer sus resultados y posibles próximos pasos.

Una iniciativa articulada entre instituciones

El programa es coordinado por el Ministerio de Administración Pública (MAP), el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), como parte de un esfuerzo conjunto para incorporar la formación ética a la profesionalización de los empleados del Estado.

El contenido de base del Curso Básico de Ética fue donado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la República Dominicana y, posteriormente, sometido a un proceso de estructuración, contextualización y adaptación para responder a las características y necesidades de la Administración pública dominicana.

La propuesta formativa aborda contenidos relacionados con la ética pública, la integridad, la transparencia, la prevención de la corrupción, los conflictos de intereses y la responsabilidad en el ejercicio de las funciones públicas.

Imponen coerción a hombre imputado de matar a su expareja en San Juan

A solicitud del Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Juan impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a un hombre imputado por causar la muerte de su expareja a causa de heridas de arma de fuego, durante un hecho ocurrido en un residencial de esa provincia, el pasado 7 de noviembre.

El imputado Francisco Rosendo Moya Tavares, de 57 años de edad, es procesado por matar de varios disparos a su expareja Jocelyn Ceballos Matrille, de 36 años.

Las investigaciones estuvieron encabezadas por el procurador fiscal titular de San Juan, Adolfo Féliz Pérez, junto a la fiscal Danelis Medina, encargada de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de esa provincia. El hecho ocurrió aproximadamente a las 2:20 de la madrugada, en un apartamento del residencial Caonabo Tower.

La instancia con la solicitud de medida de coerción indica que el imputado cometió los hechos luego de sostener una confrontación con la víctima. Según establece el expediente, tras cometer el crimen, el imputado huyó, siendo posteriormente localizado y arrestado por miembros de la Policía Nacional.

El informe del médico legista Hamlet Contreras establece que Ceballos Matrille falleció a consecuencia de un shock hemorrágico, provocado por heridas de proyectil de arma de fuego. Durante el procesamiento de la escena, miembros de la Policía Científica recolectaron diversas evidencias, entre ellas, una pistola calibre 22, cápsulas, casquillos y otros elementos vinculados con el hecho investigado.

El Ministerio Público sostiene que los hechos se produjeron en un contexto de violencia de género e intrafamiliar, por lo que continúa profundizando las investigaciones para reunir los elementos probatorios que permitan sustentar la acusación correspondiente.

El órgano persecutor otorgó provisionalmente a los hechos la calificación jurídica de homicidio doloso agravado, conforme a los artículos 91 y 92, numeral 11, de la Ley 74-25 que crea el nuevo Código Penal dominicano.

El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal litigante Diana Ramírez durante la audiencia donde la jueza Rocío Espejo Hidalgo ordenó el cumplimiento de la prisión preventiva en la cárcel pública de San Juan de la Maguana.

El Gobierno de Haití afirma que está recuperando control territorial con ayuda de El Salvador

El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, agradeció este martes el apoyo de las tropas de El Salvador y de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés) en la lucha contra las bandas armadas que, según dijo, está ayudando a su Gobierno a «recuperar el control del territorio».

«Saludo el compromiso de las fuerzas salvadoreñas en la lucha contra las pandillas. La contribución de la Fuerza de Supresión de Pandillas, de la Policía Nacional de Haití, de las Fuerzas Armadas de Haití y de nuestros socios internacionales nos ha permitido reforzar nuestras operaciones sobre el terreno, recuperar control territorial y restablecer la autoridad del Estado», escribió en X.

Esta manifestación se produce en momentos en que han aflorado divergencias entre EE.UU. y El Salvador luego de que el encargado de Negocios estadounidense en Haití, David Howell, se quejara ante el primer ministro de la falta de coordinación de los salvadoreños con la GSF en las operaciones contra las bandas armadas, según reveló el medio Axios, mientras la población civil aplaude la presencia de los centroamericanos.

Fotografía de archivo de integrantes del Ejército de El Salvador durante un patrullaje, en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Jonet St. Élois

Agradecimiento a Bukele por el compromiso

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, envió el mes pasado más de 2.000 soldados a Puerto Príncipe con el pretexto de ayudar en la búsqueda de cuatro militares de esa nacionalidad que formaban parte de la GSF y que están desaparecidos desde el 18 de octubre, tras ser emboscados por bandas armadas en la zona de Santo, en el distrito capitalino de Croix-des-Bouquets.

«Mi reconocimiento al presidente Nayib Bukele por su apoyo y su compromiso en la lucha nacional contra las pandillas», precisó Fils-Aimé, y añadió: «Haití, El Salvador, GSF: ¡el mismo combate, la misma determinación! La colaboración continúa. Las pandillas no tendrán sueño».

Las operaciones de las fuerzas del orden continuaron este martes en diversas zonas de la región metropolitana de Puerto Príncipe, entre ellas Martissant, en la entrada sur de la capital, cerca del municipio de Carrefour, donde se dice que están refugiados desde hace varios días jefes de pandillas como Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, líder de la banda armada 400 Mawozo.

El primer ministro visita Kenscoff

Por su parte, el primer ministro visitó este martes Kenscoff, una zona agrícola al suroeste de Puerto Príncipe que ha sufrido varias masacres a manos de las bandas armadas, la más reciente de ellas el pasado agosto, con al menos 47 muertos.

«Existe una alianza, iniciada hace tres semanas, entre el Gobierno haitiano y Bukele. Va a dar resultados. Va a dar resultados», declaró Fils-Aimé entre los aplausos del público, formado por víctimas directas de las pandillas.

El jefe del Gobierno visitó centros escolares, se reunió con los notables del municipio, visitó la comisaría y habló con miembros de la comunidad.

Fotografía cedida por la Oficina del Primer Ministro de Haití que muestra a su titular, Alix Didier Fils-Aim (i), durante una visita este martes, en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Oficina del Primer Ministro de Haití

Fils-Aimé apoyó la reactivación agrícola de Kenscoff mediante la distribución de insumos, fertilizantes, semillas de pimientos, puerros, zanahorias y coles, así como de herramientas para el campo.

«En todas partes se perfilan señales de un nuevo comienzo. Kenscoff se levanta, y el Estado está al lado de su población para acompañar esta dinámica de renovación. La renovación de Kenscoff comienza con sus habitantes, su valentía y su voluntad de reconstruir. El Estado pretende caminar a su lado», agregó.

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, afirmó el viernes, en una entrevista con EFE en Madrid, que Fils-Aimé viajará a El Salvador a mediados de este mes para discutir el futuro del contingente del país centroamericano desplegado en Haití, sobre cuyo retorno no hay todavía una fecha fijada.

Amnistía Internacional insta a Haití y El Salvador a garantizar el respeto a los derechos humanos en la lucha contra las bandas

Amnistía Internacional (AI) instó este lunes a los gobiernos de Haití y de El Salvador a garantizar el respeto a los derechos humanos ante el despliegue de más de 2.000 militares del país centroamericano en Puerto Príncipe para combatir a las bandas armadas.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, manifestó en un comunicado que tanto el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, «deben garantizar que todas las operaciones de las fuerzas salvadoreñas en Haití respeten el derecho internacional de los derechos humanos».

«El compromiso del primer ministro haitiano de no tolerar violaciones debe traducirse en garantías efectivas», añadió.

Fotografía de archivo de la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Ana Piquer. EFE/ Juan Pablo Pino

A las bandas armadas, que tienen el control de la mayor parte de Puerto Príncipe, las combaten la Policía Nacional Haitiana (PNH) y la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés), cuya creación la autorizó en septiembre de 2025 el Consejo de Seguridad de la ONU.

A esa campaña se sumó el mes pasado un contingente de más de 2.000 soldados de El Salvador que envió Bukele con el pretexto de ayudar en la búsqueda de cuatro militares de esa nacionalidad que hacían parte de la GSF y que están desaparecidos desde el 18 de octubre, luego de que los emboscaran bandas armadas en la zona de Santo, en el distrito capitalino de Croix-des-Bouquets.

Dudas sobre los objetivos de la misión de El Salvador

«Ambos gobiernos deben hacer público el acuerdo que ampara el despliegue y explicar cómo supervisan a las fuerzas desplegadas, qué reglas rigen el uso de la fuerza, ante quién rinden cuentas y cómo puede la población denunciar posibles violaciones sin temor a represalias», indicó la representante de Amnistía Internacional.

Fils-Aimé dijo la semana pasada que su Gobierno tiene como objetivo «acabar con el dominio de las pandillas y restaurar la autoridad del Estado» con el apoyo de El Salvador y de la GSF, pero no está claro si la tropa de El Salvador actúa por su cuenta o en coordinación con la PNH y la Fuerza de Supresión de Pandillas.

El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, explicó la semana pasada que «la gran mayoría» de los efectivos salvadoreños desplegados en Haití «no forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas y, por tanto, quedan fuera del ámbito del mandato y de los mecanismos de información de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas».

Evitar mayores niveles de violencia

«La población haitiana tiene derecho a vivir sin violencia y sin miedo. Las operaciones de seguridad pueden agravar los riesgos para comunidades que ya enfrentan una profunda crisis humanitaria, especialmente cuando se desarrollan cerca de viviendas, escuelas y hospitales», agregó Piquer.

Fotografía de archivo de vehículos del Ejército de El Salvador en una calle durante una patrulla, en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Jonet St. Élois

Por eso, AI señaló que «el uso de la fuerza debe respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad» y que «la protección de niñas y niños, incluidos quienes han sido reclutados por bandas armadas, exige personal capacitado en derechos humanos, protocolos específicos y atención especializada».

Tras señalar que las autoridades de Haití y de El Salvador deben garantizar además «investigaciones prontas, independientes e imparciales sobre toda denuncia de violaciones de derechos humanos», AI pidió esclarecer lo sucedido con los cuatro militares salvadoreños y, «si están en poder de una banda armada, deben ser liberados de inmediato y sin sufrir daño».

MP solicita coerción contra investigados por trata de menores y explotación sexual

El Ministerio Público (MP) solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, en contra de un hombre y una mujer que conformaban una red criminal que reclutó a menores de edad para explotarlos sexualmente.

La investigación que lleva a cabo el Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía de Santiago identificó e individualizó a los imputados Andrés Acosta Vargas, un abogado de oficio residente en Santiago, y Franyely Franchesca Peralta Guzmán, oriunda del municipio Esperanza, en la provincia Valverde.

La investigación estableció que los imputados fungían como reclutadores de la red criminal y ubicaban, especialmente a menores de edad, personas vulnerables a quienes ofrecían diversas sumas de dinero a cambio de que accedieran a sostener relaciones sexuales con otras víctimas también menores de edad.

Los sospechosos hacían contacto con adolescentes de entre 13 y 17 años de edad a quienes ofrecían dinero en efectivo y otros regalos, a cambio de que sostuvieran relaciones sexuales entre sí, mientras el hombre grababa estos actos sexuales.

A una de las víctimas menores de edad, contactado vía una aplicación de citas, Acosta Vargas le ofrecía dinero para que sostuvieran relaciones sexuales, pero, ante su negativa, le ofreció presentarle a una de las víctimas adolescentes.

Una de las adolescentes abusadas fue trasladada por los investigados mediante engaño, desde la provincia Valverde hasta Santiago.
La Fiscalía de Santiago ha podido identificar a por lo menos tres víctimas de esta estructura criminal, incluyendo a una adolescente de 17 años de edad en estado de gestación.

La fiscalía pidió al tribunal que autorice el anticipo de pruebas a las víctimas menores de edad y a otro menor, en calidad de testigo, en el interés de conservar sus testimonios, evitando su revictimización, y su exposición recurrente ante un tribunal.

Asimismo, sostiene en la petición al tribunal, que se autorice el levantamiento de evidencia forense, con la extracción de información de los aparatos celulares presentados como una evidencia probatoria de alto interés en la investigación.

El órgano acusador depositó ante el tribunal certificaciones de los elementos de prueba encontrados durante el allanamiento a la residencia del imputado Acosta Vargas, entre las que se encuentran una gran cantidad de preservativos, tanto nuevos como usados, somníferos y otros medicamentos, varias cámaras de videograbación, cables transmisores USB, dinero en efectivo, estimulantes sexuales, entre otros elementos recolectados en la requisa por la procuradora fiscal Cristina Ramírez.

De manera provisional, el MP le atribuye a los imputados la violación a los artículos 1 y 3 de la Ley 137-03, modificada por la Ley 46-25 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; el artículo 396 (letras B y C) de la Ley 136-03 que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes y transgresión a la Ley 53-03 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que sancionan los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, abuso psicológico y sexual en perjuicio de menores de edad, y crímenes y delitos de alta tecnología.

Matan a dos dominicanos en Haití durante presunto contrabando de cigarrillos

Dos dominicanos oriundos de la comunidad de Buen Hombre, en la provincia Montecristi, fueron encontrados muertos con heridas de bala en aguas territoriales de Haití, adonde presuntamente se trasladaron para realizar una operación de contrabando de cigarrillos.

Las víctimas fueron identificadas como Frandeli Andújar Reyes y otro hombre conocido únicamente como "Concote", quienes habían sido reportados como desaparecidos tras salir en una embarcación desde Punta Rucia con destino a Haití.

Testimonios sobre el ataque

De acuerdo con el testimonio de una persona vinculada a las investigaciones, los dos hombres viajaban junto a un tercer acompañante para adquirir cigarrillos de contrabando.

Sin embargo, al llegar a territorio haitiano, habrían sido secuestrados por individuos que presuntamente intentaron despojarlos de la embarcación y de sus motores fuera de borda.

• El informante aseguró que los atacantes mataron a los dos hombres y lanzaron sus cuerpos al agua, mientras que el tercer ocupante de la embarcación habría resultado herido de bala, pero logró escapar y regresar a territorio dominicano.

Según esa versión, pescadores recuperaron los cadáveres en aguas próximas a Haití y los trasladaron a territorio dominicano, donde recibieron sepultura la noche del lunes.

Reacciones familiares

La desaparición de los hombres había generado preocupación entre sus familiares y los residentes de Buen Hombre.

Se espera que las autoridades dominicanas ofrezcan información oficial sobre las circunstancias en las que ocurrieron las muertes.

Agente de CBP de origen dominicano mata a su pareja y luego es hallado muerto en apartamento de El Bronx

Un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, de origen dominicano, fue encontrado muerto junto a su pareja en un apartamento del sector Riverdale, en El Bronx, Nueva York, en un hecho que las autoridades investigan como un presunto homicidio seguido de suicidio.

El hombre fue identificado por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) como Juan Cornelio Díaz, de 38 años, mientras que la mujer fue identificada como Andrea Cantarini, de 37. Ambos presentaban heridas de bala en la cabeza cuando fueron encontrados el martes 4 de noviembre.

De acuerdo con información publicada por el medio amNewYork, el padre de Cantarini llamó al sistema de emergencias 911 después de recibir una llamada telefónica en la que escuchó a su hija gritar y, posteriormente, lo que parecían ser tres disparos.

• Durante esa comunicación, Díaz habría dicho al padre de la mujer: "Se acabó para ella", según fuentes familiarizadas con la investigación citadas por el medio.

Perfil de las víctimas

La Policía no ha ofrecido detalles sobre las circunstancias que precedieron al tiroteo ni ha divulgado información sobre un posible motivo del hecho. La investigación continúa.

Cantarini había obtenido su diploma de enfermería en 2025, una formación que completó mientras criaba a su hija, que entonces tenía cuatro años, según una entrevista concedida a la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY).

Al momento de su muerte, trabajaba como enfermera registrada en el sistema de salud St. Barnabas. Anteriormente, también se había desempeñado a tiempo parcial como trabajadora de salud mental en un hospital psiquiátrico.

EE. UU. elogia controles de RD a negocios chinos que operan de manera ilegal

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana respaldó ayer públicamente el cierre de una fábrica de cartón de capital chino en San Antonio de Guerra, al reproducir en su cuenta oficial de X un pronunciamiento del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, sobre las operaciones ilegales de la empresa y la necesidad de garantizar una competencia económica justa.

La misión diplomática, a través de su cuenta @EmbajadaUSAenRD, difundió en español el mensaje publicado originalmente en inglés por Segura en @WHAAsstSecty, con lo que dio mayor visibilidad local a la posición del Departamento de Estado estadounidense.

"Reconocemos a las autoridades de la República Dominicana por tomar medidas decisivas para clausurar una gran fábrica de cartón que operaba ilegalmente en Santo Domingo bajo administración china´´, expresó el funcionario.

Segura cuestionó las operaciones industriales sin los permisos correspondientes, el almacenamiento ilegal de combustible y la contratación irregular de trabajadores extranjeros, prácticas atribuidas a la empresa intervenida.

Advertencia

El mensaje concluyó con una advertencia sobre las condiciones que deben regir las relaciones comerciales: "Una verdadera alianza económica requiere transparencia, competencia justa y respeto al Estado de derecho".

La reproducción del pronunciamiento por la Embajada estadounidense introduce una dimensión diplomática en las actuaciones de las autoridades dominicanas contra establecimientos comerciales e industriales vinculados a empresarios chinos.

Las inspecciones realizadas recientemente han revelado presuntas violaciones de normas laborales, migratorias y de seguridad, así como irregularidades relacionadas con permisos de operación y almacenamiento de combustibles.

Competencia desleal 

Empresarios dominicanos, incluidos algunos que mantienen relaciones comerciales con Estados Unidos, han expresado preocupación por las ventajas competitivas que obtienen establecimientos extranjeros cuando incumplen disposiciones legales que representan costos obligatorios para las empresas formalmente constituidas.

El caso de la fábrica de cartón plantea, además, interrogantes sobre la eficacia de la supervisión estatal. Una instalación industrial de esas dimensiones habría operado al margen de requisitos fundamentales sin que las instituciones competentes impidieran oportunamente sus actividades.

La intervención y el respaldo estadounidense colocan así el problema en un terreno que trasciende las infracciones particulares: la obligación del Estado dominicano de garantizar que todas las inversiones, independientemente de su procedencia, cumplan las mismas leyes y compitan en igualdad de condiciones.