La mañana en que Laura escuchó cerrarse el candado detrás de ella comprendió que había logrado escapar de una amenaza de muerte, pero también que acababa de perder el control sobre su propia vida.
Había llegado a una casa de acogida tras denunciar a su expareja. En la fiscalía le dijeron que era la opción más segura. Que allí estaría protegida mientras avanzaba el proceso judicial. Que recibiría apoyo psicológico, acompañamiento legal y el tiempo necesario para reorganizarse.
Sin embargo, cuando la puerta se cerró y entendió que no podría llamar libremente a su familia ni salir cuando quisiera, una sensación inesperada la atravesó.
“Ese día entendí que la presa era yo”, recuerda.
Laura —nombre ficticio para proteger su identidad— es una de las muchas mujeres que han pasado por el sistema de casas de acogida destinado a víctimas de violencia de género en República Dominicana. Su historia resume una paradoja que organizaciones feministas, especialistas y sobrevivientes llevan años denunciando: mientras la víctima debe abandonar trabajo, rutina, vínculos familiares y comunidad para mantenerse con vida, el agresor suele conservar buena parte de su cotidianidad.
El sistema la protegió de un peligro inmediato. Pero esa protección tuvo un costo que todavía hoy sigue pagando.
Vivir escondida para sobrevivir
La primera vez que Laura escuchó hablar de una casa de acogida fue en una fiscalía, mientras denunciaba amenazas de muerte. “Me dijeron que era por mi seguridad, que era el único camino”, cuenta.
Aceptó porque tenía miedo. Porque sentía que cualquier otra decisión podía costarle la vida. Pero la realidad que encontró fue distinta a la imagen que había construido.
Recuerda largas jornadas marcadas por la incertidumbre. Mujeres que compartían espacios comunes mientras intentaban averiguar qué ocurría con sus expedientes. Madres angustiadas por hijos que habían sido arrancados de sus escuelas. Sobrevivientes que pasaban días enteros esperando noticias judiciales.
“Éramos muchas mujeres y muchos niños tratando de entender qué iba a pasar con nuestras vidas. La falta de información era una de las principales fuentes de ansiedad. A veces ni siquiera sabíamos en qué etapa estaba nuestro caso”, relata.
A ello se sumaban limitaciones materiales que, según Laura, agravaban el desgaste emocional. “Teníamos que reclamar cosas básicas. Había momentos en que los productos de higiene escaseaban y muchas veces el menú se repetía durante días. Pasta, arroz y sardina. Llegamos al extremo de tener que dividir una barra de jabón de cuaba entre cinco mujeres y una pasta de dientes entre diez.”.
Más allá de las condiciones materiales, lo que más la afectó fue la sensación de haber quedado suspendida en el tiempo. “No sabías cuánto ibas a durar allí ni cómo iba a ser tu vida cuando salieras”. En medio de esa incertidumbre comenzó a crecer otra preocupación. Su empleo.
El trabajo que se queda atrás
Mientras Laura permanecía oculta por razones de seguridad, su agresor continuaba trabajando. Ella no.
La confidencialidad que rodea a las casas de acogida impide revelar la ubicación del refugio y limita severamente la movilidad de las usuarias. En la práctica, esto significa que muchas mujeres no pueden presentarse a trabajar ni explicar plenamente las razones de su ausencia.
“Yo pasaba las noches pensando en mi empleo”, recuerda. “Sabía que tarde o temprano me iban a despedir”. Finalmente ocurrió. Perdió su trabajo. “Me salvaron de una amenaza inmediata, pero me quedé sin ingresos”.
Su experiencia pone sobre la mesa una de las principales críticas al modelo de protección vigente: el enorme vacío que existe entre las políticas de seguridad y las garantías económicas necesarias para reconstruir la vida de las sobrevivientes.
La legislación laboral dominicana no contempla una licencia especial para víctimas de violencia de género que deban ausentarse de sus puestos de trabajo para protegerse.
El Código de Trabajo reconoce licencias por matrimonio, maternidad o fallecimiento de familiares, pero guarda silencio respecto a una mujer que necesita esconderse para evitar ser asesinada.
Para Syra Taveras, directora ejecutiva del Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), esa ausencia legal revela una falla estructural.
“La legislación laboral dominicana es ciega frente a esta realidad. No existe una protección específica del empleo para mujeres que atraviesan situaciones de violencia extrema”, sostiene.
La consecuencia es que muchas víctimas enfrentan una elección imposible: arriesgar la vida o perder la estabilidad económica.
Lo que dice el Estado
Consultado sobre las críticas al sistema, el Ministerio de la Mujer insiste en que las casas de acogida cumplen una función esencial. Según la institución, el objetivo principal es preservar vidas mientras se activan otras medidas judiciales y de seguridad.
La entidad reconoce que ingresar a estos espacios implica cambios profundos para las usuarias. Alejarse de los entornos habituales, modificar rutinas familiares, mantener reserva sobre la ubicación, reorganizar la vida laboral. Sin embargo, sostiene que estas medidas responden a situaciones de riesgo extremo.
El problema, señalan organizaciones de mujeres, es que la protección termina descansando casi exclusivamente sobre la capacidad de la víctima para reorganizar su existencia.
“La casa de acogida debería ser un recurso de emergencia, no el eje principal de la política pública”, afirma Taveras.
Desde esa perspectiva, la pregunta central no es por qué una mujer rechaza ingresar a un refugio, sino por qué el Estado sigue dependiendo de esa estrategia como principal respuesta frente a la amenaza.
Los hijos también pagan el precio
La violencia no termina en la mujer. También alcanza a sus hijos. Cuando una madre ingresa a una casa de acogida, los menores suelen acompañarla. Eso implica abandonar escuelas, amigos, vecinos y actividades cotidianas. En cuestión de horas, toda la estructura de la vida familiar desaparece.
Los protocolos oficiales contemplan espacios educativos y atención especializada para niños y adolescentes – si no pasan de 14 años–. Sin embargo, especialistas advierten que la interrupción de la rutina escolar y social puede generar consecuencias importantes.
El desarraigo se suma al trauma previo derivado de la violencia vivida en el hogar. La protección, necesaria para preservar la vida, termina arrastrando costos emocionales difíciles de medir.
El caso Esmeralda y la culpa sobre las víctimas
La discusión adquirió una dimensión especialmente sensible tras el asesinato de Esmeralda, una joven que había acudido a denunciar agresiones y que posteriormente fue asesinada.
Después de su muerte comenzó a circular información según la cual había rechazado ingresar a una casa de acogida. Para organizaciones de mujeres, el foco del debate se desplazó rápidamente.
En lugar de preguntarse por qué el agresor logró asesinarla, parte de la discusión pública giró alrededor de por qué ella no aceptó la alternativa ofrecida.
La Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres considera que esa lógica termina responsabilizando a las víctimas por las fallas institucionales.
Según la organización, cuando la sociedad pregunta por qué una mujer no aceptó refugiarse, rara vez se detiene a considerar todo lo que implica esa decisión: abandonar empleo, entorno, escuela de los hijos, independencia económica y redes afectivas.
La discusión deja de centrarse en el agresor para enfocarse en las decisiones de quien intentaba sobrevivir.
Más mujeres, el mismo sistema roto
Las cifras muestran que cada vez más mujeres siguen necesitando refugio para sobrevivir.
Durante 2025, las casas de acogida del Ministerio de la Mujer brindaron protección a 1,288 personas: 678 mujeres víctimas directas de violencia y 610 menores que ingresaron junto a ellas.
Detrás de esos números hay historias parecidas a la de Laura: mujeres obligadas a abandonar su rutina, alejarse de sus comunidades y sacar a sus hijos de su entorno habitual para ponerse a salvo.
Sin embargo, los datos también revelan las limitaciones de la red de protección. Aunque el sistema opera con 16 refugios a nivel nacional, la carga se concentra de manera desigual.
Solo el Centro Anibel González registró 435 protecciones durante 2025, más de una tercera parte del total nacional. Mientras algunos centros absorbían buena parte de la demanda, otros reportaron escasa actividad e incluso meses completos sin ingresos.
La presión sobre el sistema no parece disminuir. Durante el primer trimestre de 2026 se registraron 332 protecciones, entre ellas 176 mujeres y 146 menores. La cifra representa un incremento de 25 % respecto al último trimestre de 2025 y eleva el promedio mensual a 110 casos, por encima de los 88 registrados al cierre del año anterior. Enero fue el mes de mayor actividad, con 126 ingresos.
Si la tendencia se mantiene, 2026 podría cerrar con más protecciones que el año anterior. Pero el aumento de la demanda abre una pregunta inevitable: ¿ha crecido también la capacidad de respuesta?
Los datos disponibles no permiten saberlo. A diferencia del informe de 2025, el reporte correspondiente a 2026 no desagrega los ingresos por casa de acogida. La omisión impide determinar si la presión continúa recayendo sobre los mismos centros o si la red ha logrado distribuir mejor la atención.
Más allá de las cifras, el panorama apunta a una realidad difícil de ignorar. Cada vez más mujeres buscan protección, pero el modelo sigue siendo esencialmente el mismo: pocos refugios soportan gran parte de la demanda y la principal respuesta institucional continúa siendo apartar a la víctima de su vida cotidiana.
Por eso, la pregunta de fondo no es cuántas mujeres lograron ingresar a una casa de acogida. La pregunta es cuántas quedaron fuera del sistema o decidieron no entrar porque el costo de protegerse seguía siendo demasiado alto.
Una violencia persistente
Los números convierten este tema en urgencia nacional. El Observatorio Político Dominicano (OPD-Funglode), registra 779 mujeres, adolescentes y niñas asesinadas en contextos de violencia feminicida entre 2016 y 2024.
Los datos históricos de la Procuraduría General de la República muestran que más de la mitad de los feminicidios son cometidos por parejas o exparejas. La amenaza, en la mayoría de los casos, no proviene de desconocidos. Proviene de hombres que compartieron la vida cotidiana con las víctimas.
Las estadísticas de atención también muestran una demanda creciente de servicios de asistencia psicológica y legal. Miles de mujeres recurren cada año a las instituciones buscando protección. Las denuncias aumentan. Las consultas aumentan. Los expedientes aumentan.
Sin embargo, las organizaciones que trabajan con sobrevivientes sostienen que el sistema sigue reaccionando con más rapidez para esconder a la víctima que para neutralizar al agresor.
El límite de las órdenes de alejamiento
Entre 2020 y 2025 se emitieron más de 14 mil órdenes de protección y alejamiento. Sobre el papel, el número parece significativo.
Pero juristas y especialistas advierten que la eficacia de estas medidas depende de factores que no siempre funcionan adecuadamente. Primero, el agresor debe ser localizado y notificado. Después, la orden debe ser supervisada.
Finalmente, cualquier incumplimiento requiere una respuesta rápida de las autoridades. Cuando alguno de esos elementos falla, la medida pierde capacidad de protección.
Numerosos casos ocurridos en los últimos años muestran que una orden judicial, por sí sola, no siempre basta para detener a un agresor decidido a continuar el acoso.
Lo que hacen otros países
La comparación internacional permite observar enfoques distintos. Austria otorga a la policía facultades para expulsar al agresor del hogar de manera inmediata.
Alemania aplica el principio de que quien ejerce la violencia debe abandonar la vivienda.
España protege derechos laborales específicos de las víctimas y utiliza sistemas de monitoreo electrónico para controlar a agresores sujetos a restricciones.
Brasil contempla mecanismos rápidos para separar al agresor de la víctima. Todos estos modelos comparten una lógica común: la principal restricción recae sobre quien representa el peligro. No sobre quien intenta escapar de él.
La promesa de los brazaletes electrónicos
En República Dominicana, la posibilidad de incorporar dispositivos electrónicos de monitoreo para agresores ha sido discutida durante años. Diversas iniciativas legislativas han planteado la utilización de brazaletes telemáticos para supervisar el cumplimiento de órdenes de alejamiento.
La tecnología permitiría conocer la ubicación de agresores sometidos a restricciones y generar alertas cuando intentaran acercarse a sus víctimas. Sin embargo, a mediados de 2026, la propuesta sigue sin materializarse plenamente.
Para organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, la demora ilustra una contradicción persistente. El sistema dispone de mecanismos para ocultar a la víctima, pero todavía no ha desarrollado plenamente herramientas para vigilar al agresor.
¿Por qué ellas y no ellos?
Laura todavía recuerda el sonido del candado. No cuestiona la existencia de las casas de acogida. Sabe que para muchas mujeres representan la diferencia entre la vida y la muerte. Lo que cuestiona es la lógica que las sostiene.
La idea de que la protección implique abandonar empleo, comunidad, autonomía y rutina mientras el agresor conserva gran parte de las suyas. Esa pregunta atraviesa toda la investigación.
¿Por qué sigue siendo la víctima quien debe desaparecer? ¿Por qué la principal respuesta institucional consiste en mover a la mujer y no en controlar al hombre que la amenaza?
Las casas de acogida han salvado vidas y continúan siendo una herramienta indispensable para situaciones extremas. Pero los testimonios de sobrevivientes, las observaciones de organizaciones especializadas y las comparaciones internacionales apuntan hacia un mismo debate: la necesidad de construir mecanismos que permitan proteger sin desarraigar, resguardar sin aislar y garantizar seguridad sin obligar a las mujeres a borrarse de la sociedad.
Mientras esa discusión permanece abierta, miles de dominicanas siguen enfrentando una decisión imposible. Permanecer donde están y convivir con el riesgo, o desaparecer temporalmente para sobrevivir.
Y en esa elección forzada se encuentra, quizá, la contradicción más profunda del sistema actual. Porque cuando una mujer debe renunciar a su trabajo, alejar a sus hijos de la escuela, abandonar su hogar y esconderse para mantenerse con vida, la pregunta ya no es únicamente si está protegida.
La pregunta es quién está pagando realmente el costo de la violencia.
El castigo por el delito de amenaza de muerte no lo paga el criminal; lo paga la víctima. Mientras un agresor camina libre por las calles, asiste a su trabajo y conserva intacta su rutina bajo la mirada ciega de un sistema incapaz de localizarlo, la mujer que denunció para no morir es empujada a la clandestinidad.
