La Cámara de Cuentas no es una entidad accesoria. Es el órgano constitucional de control externo llamado a revisar cómo se recauda, se gasta, se registra y se reporta el dinero público. Debe producir información oportuna y verificable, presentar informes al Congreso Nacional y activar las vías correspondientes cuando sus hallazgos revelan responsabilidades o indicios penales.
La Ley 10-04, de 2004, instituyó el Sistema Nacional de Control y Auditoría. Dos décadas después, la Ley 18-24 derogó esa norma y creó el Sistema Nacional de Control y Fiscalización, reforzando la autonomía presupuestaria de la Cámara al disponer que su presupuesto no podrá ser inferior al del año anterior y que su aumento deberá ser congruente con la inflación acumulada.
Durante la última década, los contribuyentes dominicanos han financiado con más de RD$12,000 millones a la institución encargada de vigilar los recursos públicos. Sin embargo, entre auditorías inconclusas, presupuestos subejecutados, conflictos internos, crecimiento acelerado de la nómina y resultados difíciles de medir, permanece una pregunta: ¿cuánto ha recuperado o protegido para el Estado y qué valor real ha generado para la sociedad?
Tres presidencias, una misma sombra
La historia reciente reúne tres gestiones consecutivas —una allanada, otra paralizada y una tercera que arrastra trabajos iniciados y no concluidos, aunque también más costosa— dentro de una institución lenta y con resultados que todavía no pueden medirse plenamente.
Hugo Álvarez Pérez, presidente entre 2017 y 2021 y electo por el Senado en sustitución de Licelot Marte de Barrios, cerró su mandato con un hecho sin precedentes. En febrero de 2021, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa allanó la sede como parte de la Operación Caracol. La investigación señalaba al Pleno, según la tesis del Ministerio Público, por entorpecer investigaciones sobre corrupción. El nombre del operativo aludía a la lentitud institucional: completar la auditoría del caso Odebrecht había tomado unos tres años y medio.
Janel Ramírez Sánchez, presidente entre 2021 y 2025, concentró los datos más severos sobre incumplimiento. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados documentó que la institución planificó 167 auditorías y ejecutó apenas 12: diez de 79 en 2021 y dos de 88 en 2022. A esa parálisis se sumaron cuestionamientos por ejecución presupuestaria deficiente, falta de convocatoria de las sesiones del Pleno establecidas por la ley y archivo de informes con indicios de responsabilidad penal sin debatir su contenido. En paralelo, el funcionario enfrentó una denuncia de acoso que el Ministerio Público archivó al no configurarse el tipo penal, decisión confirmada por la Suprema Corte. El Congreso llegó a evaluar una destitución colectiva que no prosperó.
Emma Polanco, juramentada el 23 de abril de 2025 con un Pleno renovado y mandato hasta 2029, recibió una institución marcada por conflictos internos, cuestionamientos sobre productividad y crisis de credibilidad. La exrectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha presentado como logros el reclutamiento de 82 auditores mediante concurso, la aprobación de decenas de informes y auditorías pendientes y la tramitación de cerca de 1,698 declaraciones juradas de patrimonio entre mayo de 2025 y marzo de 2026. Sin embargo, parte de esos productos podría corresponder a trabajos acumulados, por lo que todavía no puede determinarse cuánto responde a producción nueva y cuánto a la conclusión del rezago.
A esa dificultad se suma una limitación central. Al cierre de esta edición, el portal institucional no mostraba fácilmente rastreable el Plan Operativo Anual 2026, necesario para conocer metas, prioridades, productos, actividades y recursos programados. Así como tampoco se encontraron huellas de la ejecución del Plan Anual de Auditorías, el cual, por la naturaleza de la fiscalización, no necesariamente debe divulgarse íntegramente, pero esa reserva no elimina la obligación de ofrecer información suficiente sobre líneas generales, tipos de auditoría, sectores priorizados, alcance, ejecución y resultados acumulados.
El plan estratégico institucional, testigo a cargo
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El testigo más incómodo del organismo es su propio Plan Estratégico Institucional 2023-2026. El documento reconoce “poco rendimiento, efectividad y eficacia”, una admisión relevante en la entidad que debe fiscalizar la eficiencia y la economía en el uso de los recursos públicos.
Cuando se elaboró el plan, la Cámara contaba con unos 532 servidores. Apenas el 44 % se vinculaba a auditoría y fiscalización, mientras el 56 % estaba concentrado en áreas administrativas y de apoyo. La institución llamada a auditar al Estado tenía más personal sosteniendo su estructura que cumpliendo directamente su misión.
El diagnóstico consigna como amenaza la corrupción administrativa interna, reconoce la baja credibilidad de sus productos y admite que no existe un proceso para medir el impacto de las auditorías. Tampoco dispone de costeo por proyecto ni de un mecanismo posterior para determinar si sus informes produjeron correcciones, sanciones, ahorro, recuperación de fondos o implementación de recomendaciones.
La grieta central es pues la desalineación entre costo, producción, seguimiento e impacto. La pregunta es qué resultados concretos pueden exhibirse para demostrar que esas fallas comenzaron a corregirse.
Un presupuesto blindado, un pleno costoso y una nómina que se dispara
Con una asignación anual que ronda los RD$1,500 millones y un piso presupuestario protegido por ley, la Cámara de Cuentas recibe cada año recursos garantizados para fiscalizar el uso del dinero público. Durante años, sin embargo, no solo produjo poco: tampoco logró ejecutar todo lo asignado.
En 2021 utilizó el 54 % de RD$1,674.25 millones y, en 2022, el 68 % de RD$1,474.25 millones. Al cierre de ese último año acumulaba cerca de RD$1,296 millones sin utilizar, parte colocada en un certificado financiero, mientras numerosas auditorías seguían sin concluir. En 2024 ejecutó RD$1,150.4 millones de un presupuesto de RD$1,808.9 millones, equivalente al 63.6 %, y dejó sin ejecutar unos RD$658.5 millones. En 2025, la ejecución subió al 91 %.
En el plano financiero, al 31 de diciembre de 2025 sus activos líquidos sumaban RD$2,459.2 millones. De ese total, RD$2,175.7 millones estaban colocados en certificados financieros, que generaron RD$110.3 millones en intereses durante el año. Las cifras aparecen en estados auditados con opinión sin salvedad.
El contraste también alcanza la modernización tecnológica, uno de los cinco ejes del Plan Estratégico Institucional 2023-2026. Pese a mantener RD$2,459.2 millones en activos financieros líquidos, no se localizó información pública suficiente para determinar cuánto ha destinado la Cámara a tecnología ni qué avances concretos ha logrado en la digitalización de sus procesos, punta de lanza de cualquier mejora institucional actual.
Los estados auditados revelan además que, al cierre de 2025, la Cámara enfrentaba demandas de terceros por unos RD$70.2 millones, en proceso ante los tribunales y de desenlace incierto. La institución no reconoció una provisión por esas contingencias.
La imagen más contundente está en la nómina. En 2025, los sueldos y beneficios sumaron RD$1,255.9 millones, equivalentes al 84.8 % del gasto. Entre abril de 2025 y abril de 2026, el gasto salarial mensual aumentó un 73.7 %, al pasar de RD$38.3 millones a RD$66.5 millones, mientras la plantilla creció de 540 a 754 empleados: 310 ingresos frente a 96 salidas, para un incremento neto de 214 plazas.
Un cruce de nóminas identificó nuevos servidores de la Cámara que también figuraban en la nómina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, institución que Emma Polanco dirigió como rectora. Algunos ingresaron en áreas como Finanzas, Recursos Humanos, Planificación, la Escuela Nacional de Cuentas y Fiscalización Patrimonial, con remuneraciones de hasta RD$299,950 mensuales. La coincidencia está contemplada dentro de la excepción docente, pero plantea preguntas sobre los criterios de selección, el uso de concursos y la concentración de designaciones procedentes de un mismo entorno institucional.
En marzo de 2026, el Pleno aprobó la Resolución ADM-2026-017, que observaba aumentos de entre 25 % y 50 % en las compensaciones de sus miembros. La decisión fue dejada sin efecto en abril. El aumento del Pleno no prosperó, pero la revisión salarial sí alcanzó al resto de la institución.
Mucho producto, poco efecto medible
La Cámara existe para convertir la fiscalización en auditorías terminadas, informes útiles, recomendaciones cumplidas y consecuencias institucionales. Sin embargo, la información disponible no permite reconstruir cuánto cuesta lo que produce ni qué proporción de lo planificado llega a ejecutarse.
Los años 2021 y 2022 muestran la mayor distancia: 167 auditorías aprobadas en los planes anuales y solo 12 ejecutadas. Los presupuestos aprobados superaron los RD$3,148 millones y la ejecución reconocida rondó RD$1,910 millones. Cualquier cálculo unitario es apenas teórico, porque la propia Cámara admite que no dispone de costeo por proyecto y su presupuesto cubre otras funciones. Lo verificable es la extraordinaria diferencia entre lo programado y lo concluido.
La nueva gestión presenta cifras más favorables. Para 2025 reportó 45 proyectos en su Plan Anual de Auditorías, 75 informes finales aprobados y 50 remisiones a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. Dividir la asignación de RD$1,524.2 millones entre los 75 informes arroja una relación teórica de RD$20.3 millones por informe. No es un costo contable individual, porque el presupuesto cubre otras funciones y parte de los productos corresponde al rezago; precisamente por eso resulta relevante la falta de costeo público por proyecto. Los informes aprobados tampoco equivalen necesariamente a trabajos nuevos iniciados y concluidos en 2025.
El cuello de botella: 127 auditorías en revisión de calidad
Al 23 de abril de 2025, la Cámara arrastraba 249 auditorías de planes anteriores. De ellas, 127 —más de la mitad del rezago— permanecían en Revisión de Calidad, área o departamento a la que llegan los informes después de que las áreas de fiscalización realizan el trabajo de auditoría, para ser revisados y depurados antes de avanzar hacia el Pleno, su aprobación, notificación o remisión. En ese mismo corte, otras cuatro esperaban entrar a esa fase; 56 seguían en ejecución y el resto se distribuía entre trabajos sin iniciar, rechazados, replicados, pendientes de respuesta o todavía no elevados al Pleno.
Entre abril de 2025 y abril de 2026, el Departamento de Gestión de Calidad pasó de seis a 20 servidores, reforzando precisamente el área vinculada al mayor punto de acumulación. La ampliación debe medirse por sus resultados: cuántos de aquellos expedientes salieron de esa fase, cuántos llegaron al Pleno, fueron aprobados, notificados o remitidos y cuánto tiempo tomó completar el recorrido. Sin esa trazabilidad, puede comprobarse el crecimiento del departamento, pero no si redujo el atasco o simplemente elevó su costo.
La auditoría pendiente del propio fiscalizador
Tres administraciones, miles de millones de pesos y un mismo vacío: nadie puede decir, con cifras públicas, completas y verificables, cuánto recuperó o protegió el Estado gracias a la Cámara de Cuentas.
- ¿Cuántos pesos en perjuicio al Estado ha cuantificado la Cámara en sus informes, y cuántos se recuperaron de verdad?
- ¿Cuántas de sus recomendaciones fueron implementadas por las entidades auditadas?
- ¿Cuál es el estatus de las 50 remisiones a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa: activas, judicializadas o archivadas?
- ¿Cuánto cuesta, en promedio, cada auditoría y cuánto tarda en producirse?
- ¿Por qué si cuenta con recursos la institución no se aboca a una transformación digital que le permita avanzar con mayor eficiencia?
- ¿Por qué contratar mayor cantidad de personal sin los recursos tecnológicos adecuados a la época?
- ¿Qué parte de los informes aprobados corresponde a atraso heredado y qué parte a trabajos iniciados y concluidos por la gestión actual?
- ¿Cuántas son las auditorias del PAA del 2026? ¿se iniciaron sus trabajos, estatus?
- ¿Dónde está el Plan Operativo Anual que permita medir la gestión contra sus propias metas y cómo se comprueba que la entidad está corrigiendo las fallas de impacto, seguimiento y costeo reconocidas en su Plan Estratégico Institucional?
- ¿Y por qué una entidad que exige transparencia a todo el Estado no publica de forma legible, comparable y actualizada la ruta completa de su propio plan operativo, sus costos, su ejecución y sus consecuencias?
La discusión no gira alrededor de si la institución es necesaria. La discusión es qué resultados obtiene el país de un aparato de control externo que consume miles de millones, concentra el 84.8 % de su gasto en sueldos y beneficios, amplía su nómina y todavía no ofrece una ruta pública y trazable para conocer qué está haciendo, cuánto cuestan sus auditorías, qué ocurre con sus hallazgos y cuánto valor devuelve al Estado.
La Cámara ha demostrado cuánto cuesta sostener el aparato de fiscalización. Lo que todavía debe demostrar, con cifras públicas, comparables y verificables, es cuánto valor devuelve a la sociedad dominicana por cada peso que recibe.
