Luego de que el sector empresarial solicitara continuar las discusiones sobre lareforma laboral, poco después de que fuera aprobada en primera lectura en laCámara de Diputados, dos legisladores de distintas bancadas y miembros de lacomisión que estudió el proyecto aseguraron ayer que la fase de diálogo sobre las modificaciones ya fue agotada.
Los diputados dejaron claro que el proyecto de la reforma laboral ya no debe alargarse. La pieza se mantiene dando vueltas en el Congreso desde octubre de 2024, cuando fue depositada por el Poder Ejecutivo en el Senado.
Las reacciones de los legisladores surgieron luego de que los empresarios manifestaran que la reforma aprobada no refleja completamente algunos consensos alcanzados durante el diálogo tripartito desarrollado durante meses entre empleadores, trabajadores y el Gobierno.
El presidente de la comisión especial que estudió el proyecto, el diputado Mélido Mercedes, sostuvo que todas las etapas de consultas ya fueron cumplidas por la comisión antes de rendir su informe favorable al pleno de la Cámara de Diputados.
Explicó que durante los trabajos legislativos se escuchó a representantes empresariales, centrales sindicales, funcionarios del Ministerio de Trabajo y juristas especializados en materia laboral, por lo que entiende que el proceso de discusión ya se completó y ahora corresponde al pleno decidir el futuro de la iniciativa.
Mercedes afirmó, además, que el tema de la cesantía quedó definido dentro de la discusión legislativa y aseguró que se determinó no modificar ese derecho laboral, uno de los principales reclamos del empresariado durante el proceso de reforma.
El legislador señaló que, aunque el proyecto todavía puede sufrir modificaciones en la segunda lectura, la discusión ya se encuentra bajo control del pleno de la Cámara de Diputados y no de la comisión que presidió.
Asimismo, indicó que el informe aprobado incluyó un nuevo artículo para establecer un plazo máximo de 24 meses en la duración de los procesos laborales, aunque reconoció que todavía podrían realizarse "algunos ajustes" a la pieza durante el conocimiento en segunda discusión.
Cesantía se mantiene
De su lado, el diputado Rogelio Alfonso Genao, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), defendió la reforma laboral aprobada por los diputados y consideró que la iniciativa protege los derechos de los trabajadores dominicanos al mantener intacta la cesantía.
Genao también manifestó que no ve sentido en continuar las discusiones sobre ese punto debido a que, según dijo, los empresarios no han presentado una alternativa viable a la cesantía.
El legislador cuestionó la postura asumida por el sector empresarial y afirmó que los empleadores mantienen privilegios fiscales y económicos, mientras se oponen a conservar derechos laborales históricos de los trabajadores.
Según explicó, la cesantía representa una garantía económica para los empleados en momentos de desahucio y forma parte de la cultura laboral dominicana desde hace décadas.
Favorece seguir diálogo
Sin embargo, no todos los diputados favorecen cerrar completamente el diálogo.
El diputado Charlie Mariotti, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), consideró que las reformas laborales deben surgir del consenso entre empleadores, trabajadores y sindicalistas, y advirtió que ninguna de las partes debe imponer su visión dentro de la discusión legislativa.
Mariotti sostuvo que el país necesita una legislación laboral más adaptada a la realidad económica y laboral actual, marcada por altos niveles de informalidad y nuevas dinámicas de empleo que, a su juicio, no están reflejadas en el Código de Trabajo vigente desde 1992.
Asimismo, afirmó que continuar conversando "nunca perjudica" el proceso legislativo y defendió que cualquier reforma debe construirse sobre acuerdos que permitan relaciones menos conflictivas entre empleadores y empleados.
El Ministerio de Interior y Policía, a través del Viceministerio de Seguridad Preventiva en los Sectores Vulnerables, realizará este sábado 23 de mayo una jornada social y operativo médico gratuito en la comunidad de Las Uvas, provincia La Vega.
La actividad se desarrollará desde las 9:30 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde en la Escuela Primaria Ramona Rodríguez de Santana, ubicada en la calle principal del sector Las Uvas.
De acuerdo con los organizadores, durante la jornada serán ofrecidos servicios de asistencia legal, orientación psicológica, inclusión social y apoyo comunitario, además de consultas médicas gratuitas en distintas especialidades.
Entre los servicios confirmados figuran:
Medicina Interna
Medicina General
Medicina Familiar
Pediatría
Ginecología
Oftalmología
También participarán instituciones como SENASA, INEFI, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 y los Comedores Económicos.
Los organizadores informaron además que las medicinas serán entregadas de manera totalmente gratuita a los asistentes. En el caso de pacientes con tratamientos contra el cáncer, indicaron que podrán recibir sus medicamentos presentando la indicación o receta emitida por su médico tratante.
La jornada cuenta con el respaldo de la Junta de Vecinos Nuevo Renacer de Las Uvas y otros grupos organizados de la comunidad, que extendieron la invitación a los residentes de la zona a participar en la actividad.
La Alcaldía de Santo Domingo Este (ASDE) aclaró que las tapas de los filtrantes intervenidos en la calle Progreso esquina Hípica fueron debidamente colocadas, desmintiendo informaciones difundidas en redes sociales que, según la institución, no se corresponden con la realidad de los trabajos ejecutados en la zona.
El cabildo explicó que durante la fase final de la intervención fue necesario colocar de manera temporal una estructura metálica sobre los filtrantes, como parte del procedimiento técnico requerido para garantizar la correcta fijación de las tapas definitivas.
Según detalló la institución, esta medida provisional se mantuvo por varias horas mientras el cemento utilizado en la obra alcanzaba el tiempo de secado necesario para asegurar la estabilidad y durabilidad de la instalación.
Una vez concluido ese proceso, las tapas correspondientes fueron colocadas de manera definitiva, conforme a los estándares establecidos para este tipo de trabajos de infraestructura urbana.
La Alcaldía exhortó a la ciudadanía a verificar las informaciones antes de compartirlas en redes sociales y reiteró su compromiso con la transparencia y la correcta ejecución de las obras que se desarrollan en el municipio.
Asimismo, destacó que los trabajos forman parte de las acciones que se realizan para mejorar el drenaje pluvial y las condiciones de seguridad vial en distintos sectores de Santo Domingo Este.
Durante décadas se toleró como una solución de supervivencia. Hoy se padece como una patología social. En República Dominicana, la motocicleta ha dejado de ser un simple medio de transporte para transformarse en un síntoma de algo mucho más profundo: el colapso del control estatal frente a una marea mecánica que no reconoce semáforos, leyes ni autoridades.
Millones de unidades circulan en un sistema donde la ley se ha vuelto opcional y la autoridad, un espectador intermitente. El resultado no es solo estadístico; es una herida abierta que se manifiesta en accidentes fatales, violencia urbana y una convivencia ciudadana que ha llegado a su límite de elasticidad.
Lo ocurrido recientemente en la ciudad de Santiago no fue una sorpresa para quienes transitan el asfalto dominicano día tras día. Fue, en cambio, la confirmación brutal de una realidad latente: el conductor rodeado, la horda que impone su propia justicia y el Estado mirando desde la periferia. Aquella escena, donde un ciudadano fue sometido por una masa de motoristas ante la mirada impávida de los transeúntes, no fue un estallido aislado, sino la consecuencia lógica de un territorio que ha sido cedido al desorden.
Motoristas esperando cambio de semáforos en unas de las vías del Distrito Nacional.
La génesis del desorden: el vacío que llenó el motor
Para entender por qué República Dominicana se convirtió en un país «montado en dos ruedas», es necesario mirar hacia atrás, hacia las ausencias estructurales que definieron el final del siglo XX. El motoconcho —término ya intrínseco a nuestra cultura— no nació como un problema de orden público; nació como una respuesta de mercado a la ineficiencia estatal.
El sociólogo Cándido Mercedes explica que, desde finales de los años 80 y con mayor agresividad en la década de los 90, el crecimiento urbano dominicano fue un proceso caótico y desarticulado. Santo Domingo y otras ciudades principales se expandieron hacia las periferias sin que el transporte público colectivo (guaguas y carros públicos) siguiera el mismo ritmo. Grandes asentamientos humanos quedaron aislados de las rutas formales. En ese vacío, la motocicleta apareció como el héroe improvisado: era barata, flexible y capaz de penetrar en los callejones donde el asfalto nunca llegó.
Sin embargo, esta solución social traía consigo una trampa invisible. Al mismo tiempo que resolvía la movilidad de los sectores populares, ofrecía un refugio a una economía que no generaba empleos formales. Con una inversión mínima, cualquier desempleado se convertía en «microempresario del transporte». Lo que comenzó como una alternativa comunitaria terminó consolidándose como un sistema paralelo que hoy, por su volumen, ha sobrepasado cualquier capacidad de gestión municipal o nacional.
Motoristas circulando con pasajeros en la capital dominicana
Radiografía de la impunidad: cifras que espantan
El parque vehicular dominicano cuenta una historia de desequilibrio. Según datos de la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Motocicletas (Afamoto), entre 2014 y 2024 el número de motocicletas creció un asombroso 82.5%, pasando de 1.8 millones a casi 3.3 millones de unidades. Solo en el último año, la cifra aumentó en otras 270,000 unidades.
El problema no es solo la cantidad, sino la invisibilidad legal. A pesar de estos números astronómicos, apenas una fracción mínima está debidamente documentada ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). El país se enfrenta a un «subregistro» que es, en la práctica, un cheque en blanco para la impunidad. Cuando un vehículo no tiene placa, cuando su conductor no tiene licencia y cuando el Estado no sabe quién es el dueño, la responsabilidad civil y penal desaparece.
Esta falta de registro convierte a la motocicleta en la herramienta perfecta para la criminalidad. En el mismo espacio vial donde un padre de familia traslada a su hijo a la escuela, se desplaza el delincuente que utiliza la agilidad del motor para el atraco y la fuga rápida. La falta de identidad mecánica de las motocicletas ha creado un «territorio de sombras» en plena luz del día.
Entre el analfabetismo y el ingreso rápido
Uno de los puntos más críticos de la investigación radica en el perfil sociodemográfico de quienes operan estas máquinas. Estudios de Analítica revelan una realidad cruda: el 83% de los motoconchistas solo posee educación primaria o inferior. Solo un 17% ha logrado completar el bachillerato.
Esta brecha educativa explica, en gran medida, la dificultad para implementar programas de educación vial. Pero hay un incentivo económico que pesa más que cualquier manual de tránsito. Un motoconchista promedio puede ganar hoy entre RD2,500 diarios, lo que se traduce en ingresos mensuales que superan los RD$55,000.
Paradójicamente, un joven con baja escolaridad gana mucho más sobre dos ruedas en la informalidad que trabajando en el sector formal, la construcción o la agricultura. Esto ha generado un desplazamiento de mano de obra hacia el motoconchismo, vaciando otros sectores productivos y saturando las calles. Para muchos, no es solo una opción; es la única vía de ascenso económico inmediato, aunque sea a costa de arriesgar la vida en cada esquina.
La llegada de las plataformas digitales de entrega y transporte (delivery) ha añadido una nueva capa de complejidad al caos. Lo que antes era un fenómeno local de barrios, ahora es un ejército motorizado que atraviesa las zonas residenciales y comerciales de lujo.
Empresas como Uber, PedidosYa y otras similares han impulsado la llamada Gig Economy o economía de plataformas. Si bien han generado miles de «oportunidades», lo han hecho bajo un modelo de precarización extrema. Estas empresas se definen como intermediarias, no como patronos, transfiriendo todos los riesgos al conductor: desde el mantenimiento del motor hasta los gastos médicos en caso de accidente.
El resultado es una presión constante sobre el motorista para entregar más rápido, lo que incentiva la violación de las normas de tránsito. El semáforo en rojo no es una señal de parada, sino un obstáculo para el ingreso económico. La digitalización no trajo el orden esperado; por el contrario, multiplicó el número de motores en las calles y profundizó la siniestralidad vial bajo una lógica de rentabilidad inmediata.
Siniestralidad: la guerra no declarada
Las estadísticas de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) son lapidarias: las motocicletas están involucradas en más del 75% de los accidentes de tránsito en el país. República Dominicana ocupa sistemáticamente los primeros lugares del mundo en mortalidad por accidentes viales en proporción a su población.
No se trata solo de cifras; es una crisis de salud pública que desangra el Presupuesto Nacional. Los hospitales traumatológicos del país, como el Darío Contreras o el Juan Bosch, están permanentemente colapsados por jóvenes con fracturas expuestas, traumas craneales y discapacidades permanentes derivados de choques en motores.
El fantasma de las dos ruedas: caos vial y Estado debilitado
La cultura del «no uso del casco» y el transporte de hasta tres y cuatro personas en una sola unidad (incluyendo niños pequeños) se ha normalizado de tal forma que ya no causa asombro. La autoridad, cuando intenta intervenir, se enfrenta a menudo a la resistencia violenta de grupos que consideran la fiscalización como un ataque a su derecho al trabajo.
La «anomia social» y el comportamiento de turba
El sociólogo Cándido Mercedes identifica este fenómeno como un estado de «anomia social», donde las normas han perdido su poder de influencia sobre el individuo. En las calles dominicanas, el motorista ha desarrollado una psicología de «manada». Cuando ocurre un roce o un accidente, no se espera la llegada de un agente de tránsito; el motorista llama a sus pares y, en minutos, una turba rodea al conductor del vehículo de cuatro ruedas.
Esta respuesta colectiva es una defensa ante un sistema que ellos mismos perciben como hostil, pero que en la práctica se traduce en terrorismo vial. El agente de la Digesett, a menudo desbordado en número y autoridad, prefiere en muchas ocasiones «dejar pasar» para evitar un conflicto mayor. Esta rendición de la autoridad es el combustible que alimenta el desorden: cuando la infracción no tiene consecuencia, la ley se convierte en una sugerencia decorativa.
Hacia una propuesta de solución: ¿es posible el orden?
Frente a este panorama, surge la pregunta inevitable: ¿Tiene solución el caos de las motocicletas? Los expertos coinciden en que la respuesta no es puramente policial, sino estructural.
¿Integración a la Seguridad Social? Sin dudas, una propuesta innovadora sugiere que, dado que este sector genera ingresos significativos (entre 45 y 55 mil pesos mensuales), el Estado debería facilitar su transición al régimen contributivo-subsidiado. Esto les otorgaría protección frente a la vejez y la discapacidad, dándoles un sentido de pertenencia al sistema formal y, por ende, una mayor disposición a cumplir con las reglas.
¿Educación y civilidad? No basta con una licencia. Es imperativo que el acceso a la conducción de motocicletas esté condicionado a cursos obligatorios de inteligencia emocional, civismo y responsabilidad comunitaria. El motorista debe entender que su derecho a circular termina donde empieza la seguridad del otro.
¿Régimen de consecuencias? El «populismo abyecto» de las autoridades debe cesar. El argumento de que son «infelices padres de familia» no puede seguir siendo una licencia para violar la ley. El orden tiene un costo político, pero el desorden está costando miles de vidas al año.
¿Reforma del transporte masivo? Las propuestas, hechas por Mercedes, en este caso, plantea que mientras no exista un sistema de transporte público eficiente, digno y que cubra todo el territorio, la motocicleta seguirá siendo la reina de las calles. La inversión en metros, teleféricos y corredores de autobuses es la única vía a largo plazo para reducir la dependencia de las dos ruedas.
El costo del miedo político
El gran obstáculo para ordenar el tránsito en República Dominicana ha sido, históricamente, el cálculo electoral. El sector de los motoconchistas representa una masa votante de millones de personas y un músculo de movilización política formidable. Ningún gobierno ha querido asumir el riesgo de una huelga nacional de motores o del descontento de un sector tan amplio.
Sin embargo, estamos llegando a un punto de no retorno. El caos vial está afectando la competitividad económica del país, la salud mental de los ciudadanos y la imagen internacional de una nación que apuesta por el turismo. El «miedo político» a regular es, en realidad, una negligencia que permite que la calle sea gobernada por la ley del más fuerte.
El reloj de la próxima tragedia
Mañana, antes de que el primer rayo de sol ilumine las avenidas de Santo Domingo o Santiago, el rugido de millones de motores despertará a la ciudad. En ese mar de dos ruedas irán hombres laboriosos que sostienen la economía del delivery, padres que buscan el pan de sus hijos y ciudadanos honestos. Pero también irán aquellos que han decidido que su prisa vale más que la vida ajena y delincuentes que ven en la falta de placa su mejor aliado.
El Estado dominicano se encuentra ante una encrucijada histórica. Seguir permitiendo que la motocicleta sea un «fantasma electoral» o enfrentar la realidad de que estamos ante una emergencia nacional. El ataque en Santiago fue una bofetada, un aviso de lo que sucede cuando la autoridad se retira y deja el espacio vacío.
La pregunta no es si el caos terminará por devorar la convivencia urbana, sino quién tendrá el valor de recuperar la autoridad antes de que la próxima tragedia nos obligue a contar, una vez más, las sábanas blancas en nuestras morgues. El orden tiene un precio, es cierto, pero el caos ya nos está costando la nación misma.
El personal de laDirección Nacional de Inteligencia (DNI)estará sujeto a unrégimen propio, exclusivo y confidencial, que incluiránóminas reservadasy lafacultadde crear unrégimen especialde seguridad social.
El pasado 29 de abril, el Poder Ejecutivo emitió el Reglamento de Aplicación de la Ley 1-26, Orgánica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), mediante el cual se regula el Sistema Nacional de Inteligencia. A través del decreto 291-26, el Gobierno estableció los parámetros, procedimientos, competencias y mecanismos de control para las operaciones de este organismo.
De acuerdo con la norma, la DNI estará integrada por personal propio, de naturaleza civil, y por miembros adscritos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en calidad de asignados.
Según el artículo 23, estas instituciones estarán obligadas a "garantizar la confidencialidad de sus respectivas nóminas respecto de los agentes que prestan servicios" en el organismo.
Los funcionarios y el personal fijo de operaciones ejercerán sus funciones bajo un régimen de dedicación exclusiva y dispondrán de identificación oficial de uso restringido, lo que garantiza su anonimato por razones de seguridad, vinculadas al desempeño de sus labores.
En el caso de quienes provengan de cuerpos castrenses o policiales, no estarán obligados a notificar salidas al extranjero a sus respectivas instituciones de origen cuando estas se realicen por asuntos oficiales.
Régimen especial de seguridad social
Asimismo, la DNI tendrá la facultad de establecer, "en coordinación con los organismos competentes del Sistema Dominicano de Seguridad Social, un régimen especial o complementario de seguridad social".
Este régimen podrá contemplar:
Pensiones por vejez, discapacidad y sobrevivencia.
Cobertura de salud, incluyendo prestaciones ampliadas derivadas de riesgos ocupacionales específicos.
Beneficios complementarios de protección social, conforme a las disponibilidades presupuestarias y a la normativa vigente.
El reglamento contempla que, por disposición del presidente de la República y a solicitud del director nacional de Inteligencia, podrá otorgarse una pensión vitalicia especial a cargo del Estado de hasta el 100 % del salario percibido a miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que hayan prestado servicios en cualquier institución dependiente del Estado durante un período mínimo de 20 años y haber cumplido sesenta años de edad.
De acuerdo con el párrafo del artículo 26, para percibir una pensión por discapacidad los colaboradores deberán haber prestado cinco años o más de servicio y acreditar, mediante certificaciones suscritas por tres médicos de hospitales del Estado, una condición de "invalidez física, enfermedad grave o impedimento orgánico permanente, que lo incapacite para la realización de actividades productivas".
Al tratarse de un organismo de estricta confidencialidad, las entidades de seguridad social estarán obligadas a adoptar las medidas correspondientes para garantizar la reserva de los agentes de la DNI en sus registros institucionales.
Combate a la corrupción, migración irregular y terrorismo
El Sistema Nacional de Inteligencia apoyará diversas labores de seguridad nacional, incluyendo el combate a la corrupción administrativa, la migración irregular y el terrorismo.
La normativa dispone que el organismo colaborará con entidades como la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), la Unidad Antifraude de la Contraloría, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Cámara de Cuentas en la prevención y combate de la corrupción administrativa.
Otra de sus atribuciones será el apoyo al control migratorio. La Dirección General de Migración (DGM) y la DNI coordinarán de manera conjunta las labores de inspección migratoria a extranjeros en territorio dominicano.
En esta relación interinstitucional, Migración tendrá a su cargo la inspección primaria documental, limitada exclusivamente a la verificación migratoria conforme a los procedimientos vigentes.
La disposición indica que, si durante ese proceso se detectan alertas, sospechas o coincidencias con criterios de riesgo previamente definidos, Migración deberá notificar de manera "inmediata y automática" a la DNI, que asumirá las entrevistas y diligencias investigativas vinculadas a inteligencia y seguridad nacional.
En materia de seguridad nacional, la DNI también cooperará con operadores de infraestructuras críticas, especialmente de los sectores eléctrico, aeronáutico, de telecomunicaciones, transporte y agua, con el objetivo de prevenir, detectar y neutralizar actos de terrorismo y sabotaje que puedan afectar servicios esenciales.
El decreto establece que el intercambio de información entre las instituciones que integran el SNI será obligatorio y deberá realizarse bajo criterios de necesidad, proporcionalidad, finalidad legítima y nivel de clasificación.
La información generada o procesada en el SNI podrá ser clasificada en cuatro niveles de seguridad que son: reservada, confidencial, secreta y ultrasecreta.
En el aspecto de la ciberseguridad, el recientemente inaugurado Instituto Criptográfico Nacional será el responsable de la política criptográfica nacional, los estándares de clasificación y protección de la información digital sensible y la provisión de servicios tecnológicos de confianza del Estado.
Plan Anual de Inteligencia
Con este reglamento también se crea el denominado Plan Anual de Inteligencia (PAI), un instrumento que establecerá las prioridades, estrategias y metas de las actividades de inteligencia durante un período de un año.
Este plan será elaborado por el director nacional de Inteligencia en coordinación con los miembros del Sistema Nacional de Inteligencia y deberá contener un análisis de riesgos y amenazas para la seguridad nacional, objetivos de inteligencia, prioridades estratégicas, requerimientos de información y protocolos de intercambio entre organismos.
La información contenida en el PAI tendrá carácter clasificado y su acceso estará limitado exclusivamente al personal autorizado.
