El peligroso delincuente también era buscado por su participación en la muerte a tiros de un oficial retirado del Ejército en Villa Mella, en enero de 2024.
Le ocupan arma de fabricación artesanal y una pistola.
Un hombre señalado como uno de los presuntos autores de la muerte a tiros del sargento mayor de la Policía Nacional Pedro Luis Guerrero Ibis, durante un asalto en Santo Domingo Norte, falleció la tarde de este martes 20 de octubre, tras enfrentar a una patrulla de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) en el sector Villa Liberación, provincia San Juan.
Se trata de Randy Tejada Valdez Ogando, alias Randy y/o El Cojo, quien, además de ser investigado por ese homicidio, era buscado mediante la orden de arresto núm. 530-2024-EMES-00164 por su participación en la muerte por herida de bala del oficial retirado del Ejército de República Dominicana (ERD) Desiderio Pantaleón Ureña.
Este último hecho ocurrió el 27 de enero de 2024 en el sector Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, y está vinculado a violaciones de varios artículos del Código Penal dominicano relacionados con asociación de malhechores, robo y homicidio.
De acuerdo con las informaciones preliminares, Tejada Valdez era buscado por su vinculación con distintos hechos delictivos. El enfrentamiento se produjo cuando agentes de la DICRIM lo localizaron en Villa Liberación, San Juan.
Evidencia ocupada
A Randy Tejada Valdez, alias Randy y/o El Cojo, durante el procedimiento, se le ocuparon una pistola y un arma de fabricación artesanal.
SANTIAGO,RD.- La Policía Nacional informó sobre la captura de dos hombres en distintas intervenciones realizadas en esta ciudad por agentes de la División de Investigación de Delitos contra la Propiedad (DICRIM) y de la Policía Preventiva, a quienes se les ocuparon motocicletas que figuraban con denuncias de robo.
En una primera intervención llevada a cabo en el sector Cerro de Patatín, fue apresado en flagrante delito Enmanuel Taveras, alias "Manuel", de 35 años, tras recibir información de que el sospechoso se encontraba en posesión de una motocicleta sustraída.
Al ser interceptado y requisado, se le ocupó la motocicleta marca honda, modelo C90, color azul, año 1994, la cual había sido sustraída a un ciudadano y figuraba con reporte de robo.
Por otra parte, mediante cumplimiento a una orden de arresto, fue capturado Dairison Cabrera, alias "El Gordo", de 20 años, a quien se le ocupó la motocicleta marca gato, modelo CG-200, color rojo, año 2023, placa K0843530, la cual figuraba sustraída mediante descuido con denuncia de robo.
Los detenidos y las evidencias, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales procedentes.
Esta información fue ofrecida por la Oficina de Información y Comunicaciones Estratégicas de la Dirección Regional Cibao Central Policía Nacional con sede en Santiago.
El Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) entregó un autobús en el municipio de la provincia Hermanas Mirabal, cuyo uso beneficiará a los estudiantes del sector San José de Conuco, mediante la incorporación de una nueva ruta al servicio de transporte escolar, con lo que la cobertura nacional alcanza las 838 rutas.
La actividad estuvo encabezada por el ingeniero Luis Felipe Cartagena, director de TRAE, quien destacó el compromiso de continuar fortaleciendo la movilidad escolar mediante iniciativas orientadas a facilitar el traslado de los estudiantes a sus centros educativos y contribuir al bienestar de las familias dominicanas.
La entrega forma parte de los esfuerzos para consolidar un sistema de transporte estudiantil seguro, digno y eficiente, que respalde el acceso a la educación y contribuya a generar mejores condiciones para la asistencia y permanencia de los alumnos en las aulas.
El acto contó con la presencia de la gobernadora de la provincia Hermanas Mirabal, Lisette Nicasio; el director del Distrito Educativo 07-07, Rodolfo Martín Cruz, y Juan Ramón Villar, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Villa Tapia.
También participaron Francisco Roque, director del Liceo Hermanas Mirabal; los ingenieros José Orestes Martínez y Mélido Agramonte, del Departamento de Operaciones; Elizabeth Estrella, encargada de coordinadores; Frank Barnett, asistente personal del director; Niurka López, supervisora de TRAE, y Rosaura Acosta, secretaria del director.
Asimismo, estuvieron presentes Williams Báez, regidor del municipio; Pedro González, representante del sector empresarial; y Cecilio García, director de Infotep, además de representantes de instituciones públicas, autoridades educativas y municipales, colaboradores de TRAE, conductores, auxiliares, miembros de la comunidad e invitados especiales.
Durante la jornada se realizó una presentación artística a cargo del grupo de baile Hermanas Mirabal y la entrega simbólica de la llave del autobús, como parte del acto protocolar que formalizó esta incorporación al servicio de transporte estudiantil.
Con esta nueva ruta, TRAE reafirma su compromiso de continuar ampliando y fortaleciendo el servicio de movilidad escolar, acercando a los estudiantes a sus centros educativos y respaldando a las familias mediante un transporte que contribuya al desarrollo educativo del país
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) conjuntamente con miembros de la Policía Nacional y bajo la coordinación del Ministerio Público, realizó un total de 134 operativos, resultando arrestadas 12 personas y el decomiso de más de 2,400 gramos de presumible cocaína, además de diversas porciones de marihuana, equipos de comunicación, herramientas de fraccionamiento y dinero en efectivo en las provincias de San Cristóbal, Peravia y Azua.
En San Cristóbal se intervinieron los sectores de Las Flores, Jeringa, Los Novas, Los Molinas, Zona Verde, Madre Vieja, Los Canabares y La Metalúrgica, entre otros.
En Peravia se desplegaron operativos en los sectores y comunidades de 30 de Mayo, Baní Centro, Catalina, Santa Cruz, Villa Majega y en la Zona Norte, abarcando El Fundo, El Maní, Pueblo Nuevo, Barrio Esperanza y Los Cajuilitos.
En la demarcación de Azua, las acciones se extendieron a los barrios y municipios de La Bombita, El Prado, Los Solares, Las Charcas, Estebanía y Los Jovillos.
En resumen, las acciones desarrolladas por la DNCD, fiscales y policías en la zona arrojaron la incautación total de 2,454 gramos de cocaína y 149.5 gramos de marihuana, junto a un revólver, cuatro celulares, un radio de comunicación, una balanza, utensilios para el fraccionamiento de drogas y dinero en efectivo.
Todos los detenidos, así como las evidencias ocupadas, fueron entregados a las fiscalías correspondientes de cada provincia para los fines legales pertinentes y la posterior remisión de los narcóticos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Las fuerzas de seguridad reiteran su compromiso inquebrantable de mantener la persecución constante contra el microtráfico en todo el territorio nacional, garantizando la tranquilidad y seguridad de las comunidades.
Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias “Macho”, fue recibido en el AILA mediante un operativo coordinado con el Ministerio Público y organismos nacionales e internacionales.
La Policía Nacional recibió este martes a Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias “Macho”, quien se encontraba prófugo en Jamaica y fue deportado al país por su estatus migratorio irregular, señalado como principal sospechoso de la muerte del conductor de un camión recolector de basura, atacado por una turba de motoristas en Santiago.
La recepción se produjo en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), como resultado de un operativo coordinado con el Ministerio Público de la jurisdicción de Santiago, el Departamento de Asistencia Jurídica Internacional de la Procuraduría General de la República, el Departamento de Prófugos y Rebeldes de Santiago, la Unidad de Repatriados del Ministerio Público, INTERPOL, la Dirección General de Migración y la Dirección Central de Investigación (DICRIM) de la Policía Nacional.
Tras su llegada, Metz Cruz fue trasladado al Vacacional de Haina, de la Dirección General de Migración, para agotar el procedimiento migratorio correspondiente. Posteriormente, fue entregado a las autoridades de la jurisdicción de Santiago para que responda ante la justicia por su presunta vinculación con el caso.
El detenido es señalado en relación con la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, de 41 años, quien falleció a consecuencia de heridas de arma blanca durante un incidente ocurrido en abril de este año.
De acuerdo con las informaciones disponibles, varios motoristas habrían perseguido al conductor desde la avenida Circunvalación Sur, en el ensanche Bermúdez, hasta el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde habría intentado refugiarse del grupo que presuntamente lo atacó.
La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público y los organismos participantes, continúa los procedimientos correspondientes para que el caso sea conocido por las autoridades judiciales competentes.
SANTIAGO,RD.-Miembros de la Policía Nacional, adscritos a la Dirección Central de Investigación (DICRIM), a través de la Unidad de Investigación de Hurtos y Rastreos de Celulares, recuperaron siete celulares marca iPhone 18 Pro Max, en seguimiento a una denuncia por un ciudadano, que se le habia extraviado una caja con 14 celulares desde Santo Domingo.
Durante las investigaciones, los agentes lograron recuperar los dispositivos en poder de una persona que manifestó haberlos adquirido de un segundo y posteriormente vendido en distintos establecimientos comerciales dedicados a la venta y reparación de celulares en distintos sectores de esta ciudad.
La Policía Nacional mantiene activa la búsqueda del autor intelectual, de haber vendido originalmente los equipos, con el propósito de localizarlo, capturarlo y esclarecer las circunstancias del hecho y establecer las responsabilidades correspondientes conforme a la ley.
Los siete teléfonos recuperados permanecen bajo custodia del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones.
Estax8nformación fue ofrecida por la Oficina de Información y Comunicaciones Estratégicas, Dirección Regional Cibao Central, Policía Nacional con sede en Santiago
La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) entregó a la Dirección General de Museos (DGM), el informe de evaluación estructural detallada del edificio que anteriormente albergaba las oficinas del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), de Santiago de los Caballeros, donde se proyecta instalar el Museo de Historia y Tradiciones de esa ciudad.
El documento técnico recoge las características y los hallazgos identificados durante el proceso de evaluación, así como una propuesta de reforzamiento estructural que contempla recomendaciones y medidas de intervención orientadas a reducir su vulnerabilidad ante posibles eventos sísmicos.
El informe fue entregado al director general de Museos, Joan Ferrer, por una comisión de la institución encabezada por la subdirectora general, Ing. Nítida Sánchez, acompañada de la directora regional, Ing. Fanny Ramos; el Ing. Ernesto Polanco Grant, encargado de la Delegación Regional Norte Puerto Plata, y el Ing. Galvy Núñez, encargado de la Delegación Regional Norte Santiago.
La edificación evaluada forma parte de un proyecto de adecuación que busca destinar este espacio a la preservación y difusión de la historia y las tradiciones de Santiago de los Caballeros, incorporando criterios de seguridad estructural para su futura puesta en funcionamiento.
La evaluación constituye un aporte al proyecto, al proporcionar información técnica especializada que servirá de referencia para orientar las decisiones relacionadas con las intervenciones necesarias en el inmueble, con énfasis en la reducción de su vulnerabilidad sísmica.
Esta acción se enmarca en la misión institucional de Onesvie de evaluar la vulnerabilidad sísmica de las infraestructuras y edificaciones del país, mediante estudios especializados y recomendaciones técnicas orientadas a reducir riesgos y promover espacios más seguros y resilientes para la ciudadanía.
Los trabajos técnicos fueron desarrollados conjuntamente por ambas delegaciones, bajo la dirección del Ing. Galvy Núñez, mientras que el Ing. Ernesto Polanco Grant estuvo a cargo del análisis estructural y la elaboración de la propuesta de reforzamiento.
El productor arrocero Iván Tió lanza un puñado de arroz al agua del canal que irriga su finca, en el Cruce de Guayacanes, Mao. Alrededor del 30 % flota. Es el porcentaje de la cosecha afectado por las altas temperaturas que debilitan el grano y lo hacen vulnerable a plagas. No es el único ni el mayor daño.
El cultivador menciona eliminación de exenciones a fertilizantes, dificultades para acceder a crédito, mal estado de caminos, precio de combustibles, alta factura eléctrica, apagones y la invasión de grano extranjero, incluso cuando regía el decreto 693-24, derogado el 9 de septiembre, justo en medio de la segunda y última cosecha del año.
Esa disposición estipulaba traer 23, 300 toneladas libres de impuestos desde Estados Unidos. Llegaría, aunque el país fuese autosuficiente. Los productores tienen siete millones de quintales disponibles. Mas, ni la entrada desmedida del cereal ni la abundante producción local reducen el precio para el consumidor, que lo compra en colmados, almacenes y supermercados entre 40 y 55 pesos la libra.
Pese a la prohibición, el año pasado entraron alrededor de millón y medio de quintales provenientes de Suramérica, con los que no hay acuerdo. Hasta mayo, el país había recibido 14 mil 727. 17 toneladas exentas de impuestos, más de la mitad de las estipuladas.
El día 5, apareció en los medios de comunicación la noticia de que el Gobierno accedió a la petición de Estados Unidos de anular la regulación. Los interesados corrieron a confirmarlo a la gaceta oficial digital. Vieron que no fue emitida recién.
En esa misma fecha, en las entrevistas para este reportaje, los productores pedían al Gobierno informar qué respondería a la petición “gringa”, pero ya lo había hecho y lo supieron horas después de ser entrevistados. Estaban contentos con la regulación, porque protegía la siembra nacional, el esfuerzo sobre todo de los medianos y pequeños.
La decisión presidencial 635-26, que dejaba sin efecto la tomada el 17 de diciembre de 2024, llevaba desde el 9 de septiembre y estaba debajo de otras más recientes, oculta.
La solicitud habría sido sustentada en factores como la falta de cumplimiento al permitir la entrada masiva de arroz de otras naciones fuera del pacto.
El Gobierno aseguró que mantendrá el “respaldo de siempre” y ahora “más que nunca” frente al desmonte fijado en el acuerdo DR Cafta (Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos) y que lo harán mediante el Ministerio de Agricultura. No fue posible obtener la reacción del ministro, Oliverio Espaillat.
Que sea para negociar. Iván Tió es el presidente de la Cooperativa Agropecuaria de Valverde (Coopava) y plantea que, si la decisión del mandatario Luis Abinader no es un requisito de los estadounidenses para iniciar una negociación y / o renegociación, entonces es muy preocupante, por la falta de competitividad de República Dominicana frente al país más poderoso.
“Ya estábamos ilusionados, creídos en que podíamos seguir la siembra del único cultivo soberano de la nación. Los productores hemos hecho múltiples esfuerzos para tecnificar, para subsistir, porque estamos más que seguros que no podemos competir de tú a tú con los estadounidenses”,manifiesta apesadumbrado. Cree que están conminados “a desaparecer y la industria también”.
El presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), Marcos Rodríguez, indica que después de las 23, 300 toneladas, el grano estadounidense quedaba bajo el arancel de Nación Más Favorecida, y que al margen lidian con los permisos de importación a comerciantes, que provocaban la queja de molineros no beneficiados pero que el gran perdedor es el productor.
Afirma que el desorden era tal, que, en enero, el Ministerio de Agricultura devolvió barcos del producto que llegaron sin permiso, que nadie sabe cómo entraron. Sostiene que el desorden empezó en 2024, por el afán de lucro y que siguió luego como un irrespeto al decreto.
“El ingreso del cereal desde países con los que no hay convenio, no es solo una violación, es un peligro, porque puede venir cargado de enfermedades, de alta concentración de arsénico y lo ligan con el criollo, para venderlo como dominicano, que es superior”, asevera.
De la derogación, culpa en parte a los importadores, que no recuerdan la inversión del productor y propiciaron el desastre y que esto haya concluido en que Estados Unidos pidiera la revocación por incumplimiento.
Marcos Rodríguez, presidente de Fenarroz
Asegura que esta gestión del ministerio sí trabajó para que fuera cumplido pero que ese país no estaba convencido. Cree que el problema estuvo en no comprarles el excedente de las 23, 300 toneladas.
Indica que en la Dirección General de Aduanas hay furgones con problemas y que mucho producto llega a los muelles para ser trasladado a Haití, pero gran parte queda aquí. La violencia impide que las naves atraquen en ese país.
Antes de conocerse la revocación, ya estaba prevista la entrada de un barco con 33 mil toneladas. Rodríguez llama a proteger al sector con acciones como el freno a las importaciones y prestamos fáciles de pagar. Desean que el administrador del Banco Agrícola, Femando Durán, reciba a la Comisión Nacional Arrocera.
Sin ayuda gubernamental no hay exportación
En cuanto a la producción en almacén, Juan Pérez Mota, presidente de la Asociación de Productores de Arroz del Nordeste (Aprano), la primera fundada en el país, cree que la exportación es poca porque no tienen ayuda de los gobiernos, pues en otros países los subsidios son mayores. Esto hace que local resulte caro en el extranjero.
“Con Abinader hay apoyo desde el principio, aunque en 2025 el Gobierno descontroló el mercado con las importaciones masivas, mientras las factorías estaban llenas y no nos fue bien. Solo queremos que los importadores tengan régimen de consecuencia y necesitamos respaldo con los fertilizantes”,expresa.
Insta a Aduanas a estar clara con las importaciones y antes de la derogación, pidió solo dejar que entren las 23, 300 toneladas, una realidad que cambia y que le preocupa. Pero espera que con el amparo de Fenarroz, hallarán una salida.
Exclama que ahora que Agricultura lo dirige un arrocero, están llenos de confianza y le agradece que devolviera los barcos. “Que siga con el oído en los productores, que los arroceros seguiremos por muchos años”.
Asevera que el Banco Agrícola apoya y alerta no convertirlo en una piñata. Exhorta a los deudores a saldar y recomienda a todos los funcionarios agropecuarios acercarse al campo, fortalecerlo.
Juan Pérez Mota, presidente de la Asociación de Productores de Arroz del Nordeste (Aprano)
Crédito va a políticos
El presidente de la Cooperativa Agropecuaria de Valverde, Iván Tió, llama al Banco Agrícola a manejar la cartera crediticia de modo más eficiente, para que llegue a los productores y no a políticos que nada tienen que ver con la agropecuaria, como en el 90 % de los casos, “que de 1,300 millones, solo 130 van a productores”.
Define el cooperativismo como una manera de aumentar el valor del producto. La que dirige tiene 21 años y 184 miembros. Dice que es la única arrocera abierta en el noroeste y la tercera del país que ha logrado sobrevivir a adversidades como la falta de apoyo estatal.
“Son pequeños productores que usan la economía de escala (reducen costo en la medida en la que aumenta el producto o venden) y la organización asume deudas de los que asfixiados por las pérdidas y sin acceso a préstamos del Estado, recurren a otras fuentes con tasas de interés insostenibles”. manifiesta.
Las exigencias para prestarles son las de una empresa grande, por lo que llama a la Junta Monetaria y al presidente Luis Abinader a reevaluar a las que caigan en categoría de mayor deudor, porque un cultivador de 800 tareas pasa a ese rango y es inequitativo. Pide la misma revisión para las personas físicas.
“Esos requisitos son un escollo para el desarrollo. 25 millones de pesos para producir es irrisorio, que llegue al millón de dólares. Hay que evaluar, incluso los combustibles y fertilizantes. No nos pueden medir con la misma vara que a los grandes. Solicitamos que vuelvan los préstamos Fide (Fondo de Inversiones para el Desarrollo Económico), que daban estabilidad al campo”, plantea.
Iván Tió, presidente de la Cooperativa de Agroproductores de Valverde
Sugiere requerir un historial de pago de impuesto sobre la renta como agricultor para ceder créditos, otro capítulo para los nuevos y uno “si quieren beneficiar a los ajenos al sector, que son los que más aprovechan y las instituciones son las culpables”.
Merca en desastre. Exhorta al Gobierno a preservar el Merca Santo Domingo “que costó mucho esfuerzo al Estado construirlo y a los productores y comerciantes hacer un punto”. Niega que fuese reparado tras el incendio de hace un año.
“Le han mentido al presidente Luis Abinader, no es cierto que todo esté resuelto. Solo a algunos los reubicaron en lugares a los que nadie va. Esos 56 comerciantes lo perdieron todo, más de 400 millones de pesos y solo reciben promesas. Necesitan préstamos blandos”.
Critica que ese espacio pensado sobre todo para expender alimentos “sea arrabalizado” por el mercado de pulgas “que lo hace antihigiénico. Cuidemos lo poco que queda del Merca”.
Pequeños productores en apuros
En las ocho regiones agropecuarias, 21 provincias siembran arroz en un millón 500 mil tareas por ciclo. El 70 % pequeños productores que aseguran tienen una competencia feroz y legalizada desde el 9 de septiembre con la derogación del decreto 693-24, que protegía el cultivo local.
Los males son más. El presidente de la Asociación de Parceleros de la Reforma Agraria, Santos Paulino, clama a las autoridades ver la destrucción de los caminos vecinales. Necesitan rodillos y gredas.
“Desde inicios del Gobierno, pedimos al presidente Luis Abinader reparación de los interparcelarios. Hubo intentos, pero solo eso. Ahora solicitamos también al ministro, Oliverio Espaillat, arreglarlos, pasamos trabajo para sacar los cultivos, pero también la ganadería es afectada. Necesitamos esa solución. Las inundaciones nos golpean, dañan las vías”, lamenta.
Dice que la segunda de las dos cosechas del año les agarra con el fin el 30 de septiembre de los subsidios a los fertilizantes y una factura de energía eléctrica más alta, que perjudica al regadío y a las factorías.
Confía en que el Gobierno renueve la subvención e incluya pesticidas. “Aquí no fabricamos, solo sabemos hacer la tambora y hay que darle mucho pa que suene”. Pide al primer mandatario aumentar el presupuesto del Ministerio de Agricultura.
Les recuerda a las autoridades que el arroz es el plato esencial de los dominicanos, que genera 300 mil empleos, la producción llega a 14. 78 millones de quintales al año, de los que el país consume alrededor de un millón 200 mil al mes, 54 431 toneladas. Espera que la producción nacional no sea afectada por la entrada masiva de cereal.
Sobre el cambio climático y el impacto negativo del arroz, por los gases que expele al ser criado en agua, asegura que bien cultivado cada vez hace menos daño y que las autoridades deben implementar soluciones para proteger al campesino y al medioambiente, en las que apoyarán.
El presidente de la Asociación de Parceleros de la Reforma Agraria, Santos Paulino
Sin mecanización ni jornaleros
Los arroceros piden un plan de regularización de trabajadores haitianos, mientras llega el Programa de Mecanización Agrícola, ese que el presidente Luis Abinader y el ministro de Agricultura Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, presentaron en un flamante acto el 14 de agosto, en San Juan y que aún no es realidad nacional.
El presidente de la Cooperativa Agropecuaria de Valverde, Iván Tió, sostiene la solicitud en que esos extranjeros son los únicos jornaleros con los que cuenta el sector agrícola, por lo que su ausencia amenaza incluso la seguridad alimentaria.
“El arroz es exigente, por eso necesitamos a los trabajadores dispuestos, que conocen el cultivo y los perdemos. Queremos un acercamiento con la Dirección de Migración y el Ministerio de Trabajo”.
Marcos Rodríguez está al frente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz) y esboza la situación que acarrea la falta de manos en todas las zonas arroceras. Asegura que el sector contribuyó a que la nación cumpla la meta Hambre Cero y que para mantenerla al que apoyar al productor.
Pide a las autoridades que reciban a la Comisión Nacional Arrocera para plantearle ese y otros temas neurálgicos. Es una reunión que solicitaron hace tiempo y confían en que la tendrán.
Jhovanny de Jesús Metz Cruz, conocido como “Macho”, llegó a República Dominicana este martes 20 de octubre de 2026, luego de ser extraditado desde Jamaica, donde permanecía detenido por su presunta vinculación con la muerte de un trabajador de recogida de desechos en Santiago.
Según Diario Libre, el hombre arribó por el Aeropuerto Internacional de Las Américas y se prevé que sea trasladado a Santiago para enfrentar el proceso judicial correspondiente.
La víctima, Deivy Carlos Abreu Quezada, de 41 años, falleció en abril tras sufrir heridas durante un incidente ocurrido en las inmediaciones del Palacio de Justicia.
De acuerdo con las informaciones disponibles, el conductor habría sido perseguido por un grupo de motoristas desde la avenida Circunvalación Sur hasta el estacionamiento del tribunal, donde ocurrió la agresión.
Por este caso, siete personas cumplen prisión preventiva. Además, Metz Cruz figura vinculado a otro proceso judicial por una presunta agresión contra un agente policial.
Las autoridades deberán continuar el procedimiento legal para determinar las responsabilidades correspondientes.
La Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección General de Migración (DGM) han permitido que 56,140 ciudadanos recuperen su derecho a viajar al extranjero, tras el levantamiento de impedimentos de salida y alertas migratorias que carecían de sustento judicial.
La iniciativa forma parte de un proceso de depuración y modernización del sistema migratorio impulsado por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien solicitó al director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, mantener activos únicamente los registros que cuenten con el respaldo legal correspondiente.
De acuerdo con la Procuraduría, la medida busca corregir situaciones en las que ciudadanos continuaban figurando con restricciones migratorias pese a haber concluido los procesos judiciales que las originaron, así como casos derivados de errores administrativos o registros sin órdenes judiciales de una autoridad competente.
El proceso es resultado de más de seis meses de trabajo de una mesa técnica integrada por representantes del Ministerio Público y Migración, que ha auditado datos acumulados desde 1990 hasta 2026.
Como parte de esta labor, se identificaron registros individualizados sin base legal, registros históricos no individualizados y restricciones cuyos fines ya se habían cumplido.
La procuradora general pidió priorizar el levantamiento de estas alertas e impedimentos, sin importar qué institución o autoridad los hubiera colocado, con el propósito de evitar que permanezcan vigentes restricciones que no respondan a una justificación legal.
La Procuraduría destacó que esta acción trasciende la actualización de una base de datos, al representar un avance en la protección de los derechos fundamentales, particularmente la libertad personal y el libre tránsito, consagrados en los artículos 40 y 46 de la Constitución dominicana.
Asimismo, señaló que el proceso se desarrolla en consonancia con la Ley núm. 200 sobre Impedimentos de Salida y la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Nuevo sistema de interoperabilidad
La mesa técnica continuará trabajando hasta completar la depuración de los registros y poner en funcionamiento un nuevo sistema de interoperabilidad para la colocación y el levantamiento de impedimentos de salida.
La entrada en vigor de esta plataforma está prevista para diciembre de 2026 y busca fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables, facilitar la actualización de los datos y garantizar que las restricciones migratorias se mantengan únicamente cuando exista el sustento legal correspondiente.
