A través de la declaratoria de urgencia y en dos discusiones consecutivas, el Senado de la República aprobó este martes un proyecto de ley elaborado por el senador Félix Bautista.
Esta pieza tiene el objetivo de prohibir, por medio de la prevención, la importación de mercancías hacia el territorio dominicano de mercancías producidas por personas sometidas al trabajo forzoso.
De esta manera, Bautista busca que el Gobierno de Estados Unidos reduzca de 12.5 % a 10 % los aranceles establecidos a las exportaciones realizadas por los comerciantes dominicanos cuando se dirigen hacia ese país.
Según explicó el congresista, variar la decisión adoptada el pasado 23 de julio por Estados Unidos representaría una disminución de aproximadamente USD$182 millones “que los exportadores dominicanos se ahorrarían” cada año.
“(Esto coloca a RD) al mismo nivel de competencia de países como México, El Salvador, Honduras, Guatemala, Ecuador y Argentina, que solo pagan un diez por ciento cuando sus productos entran al mercado americano”, explica el legislador de la Fuerza del Pueblo (FP).
¿En qué consiste el proyecto?
La iniciativa que deberá ser sometida al escrutinio de los diputados propone excluir de los sectores productivos dominicanos todos los productos realizados a través del trabajo forzoso.
Esto se refiere a la labor exigida a un individuo bajo la amenaza de una pena “y para la cual no se ofrece de manera voluntaria”.
“Incluye, entre otras manifestaciones, el trabajo en condiciones de servidumbre por deudas, la retención de documentos de identidad, el confinamiento en el lugar de trabajo, las amenazas de denuncias a autoridades migratorias, violencia física o psicológica y el engaño”, versa el texto del documento.
¿Cómo lo identificarían?
El Ministerio de Trabajo (MT) y la Dirección General de Aduana (DGA) serían las autoridades técnicas encargadas de evaluar la existencia de estos casos en las cadenas de suministro.
Para hacerlo, esa institución gubernamental podrá tomar en consideración informaciones provenientes de fuentes nacionales, internacionales, públicas y privadas.
Dentro de estas se encontrarían las suministradas por importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales, informes por organismos internacionales, otros Estados, denuncias, investigaciones periodísticas, académicas, entre otros.
La DGA tendría la responsabilidad de crear un Registro Público de Prohibiciones de Importación por Trabajo Forzoso público que contendría de manera detallada los artefactos vetados para la República Dominicana.
Otra oportunidad
El productor, suplidor o importador castigado por el Gobierno dominicano tendría el derecho de solicitar una revisión para retomar la posibilidad de seguir con sus operaciones comerciales.
De acuerdo con lo indicado en la pieza, el empresario identificado como culpable por la DGA y el MT tendrían que cesar completamente el trabajo forzoso, reparar los daños causados a las víctimas y aplicar medidas estructurales “que garanticen la no repetición” de esta acción.
La iniciativa presentada por Bautista recibió el respaldo de otros 12 senadores, quienes le acompañaron como proponentes.
El pasado 28 de agosto, el representante de la provincia San Juan se reunió con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el ministro de Relaciones Exteriores (Mirex), Víctor Ito Bisonó, para solicitarle al Poder Ejecutivo su respaldo.
SANTO DOMINGO. – Ángel Martínez fue condenado a un año de prisión suspendida y RD$2 millones por difamación contra Faride Raful.
La jueza Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, acogió el acuerdo entre el comunicador Ángel Martínez y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, en el proceso seguido por difamación contra la funcionaria.
En consecuencia, Martínez fue condenado a un año de prisión suspendida y al pago de una multa de RD$2 millones, conforme al convenio alcanzado entre las partes.
Cinco miembros de una misma familia, tres niñas y sus padres, murieron la madrugada de este martes en un incendio registrado en una vivienda del sector La Compuerta, Marino Tío, en la zona sur del municipio de Mao, provincia Valverde.
Las víctimas quedaron atrapadas en el interior de la vivienda, donde, según versiones ofrecidas por testigos, las llamas se propagaron rápidamente y dificultaron las labores para auxiliarlas.
De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, algunos residentes escucharon a las víctimas pedir ayuda mientras intentaban salir de la vivienda, pero el fuego cubría gran parte de la estructura e impedía el acceso.
Las circunstancias en las que se originó el incendio aún son investigadas por las autoridades. De manera preliminar, algunos testigos señalaron que el siniestro pudo haberse producido por un supuesto cortocircuito, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente.
Hasta el momento, las autoridades no habían ofrecido la identidad de los fallecidos, mientras avanzaban las diligencias correspondientes para establecer las causas y circunstancias del incendio.
Los cuerpos fueron levantados por el médico legista y trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se realizarán los procedimientos de rigor.
El padre de la madre de los menores relató que se encontraba dormido cuando ocurrió el incendio y que escuchó algunos ruidos en el exterior, pero pensó que se trataba de personas transitando por las inmediaciones.
Según su testimonio, cuando despertó y se percató de lo que ocurría, el fuego ya había avanzado considerablemente y las posibilidades de rescatar a los integrantes de la familia eran prácticamente nulas.
El suceso ha causado consternación entre los residentes del sector, donde vecinos y allegados permanecieron en los alrededores de la vivienda mientras las autoridades realizaban el levantamiento de los cuerpos y las primeras investigaciones.
Las autoridades correspondientes deberán determinar ahora el origen del incendio y las circunstancias que provocaron que los cinco integrantes de la familia quedaran atrapados en el interior de la vivienda.
Las casas parecen estar suspendidas sobre laderas, farallones y desniveles. En algunos casos sostenidas por delgadas columnas, desafían la gravedad. Durante años, en barrios del Gran Santo Domingo muchas familias han levantado sus viviendas en terrenos donde construir representa un riesgo permanente.
Las casas parecen estar suspendidas sobre laderas, farallones y desniveles. En algunos casos sostenidas por delgadas columnas, desafían la gravedad. Durante años, en barrios del Gran Santo Domingo muchas familias han levantado sus viviendas en terrenos donde construir representa un riesgo permanente.
No es un problema exclusivo de la República Dominicana, se extienden a otras naciones de América Latina e incluso de Europadonde se construye en terrenos desnivelados, vulnerables y de difícil acceso con el peligro permanente de deslizamientos de tierra, sismos, crecida de ríos y cañadas.
En la República Dominicana, y en especial en el Gran Santo Domingo, la imagen se repite en sectores como Los Ríos, Cristo Rey, el ensanche Ozama, El Café, Los Mina, la Vieja Barquita, La Zurza, El Dique, Gualey, Simón Bolívar y Capotillo.
En algunos lugares, las viviendas se han ido extendiendo hacia terrenos inclinados o hacia los bordes de cañadas y farallones, en una búsqueda desesperada de espacio para vivir en una ciudad donde el suelo urbanizado resulta cada vez más costoso y escaso.
Son viviendas que, a simple vista, muestran las huellas de un proceso de construcción progresivo. Una habitación primero, luego, otra planta. Columnas agregadas con el tiempo y muros levantados donde antes había un terreno al aire libre.
El arquitecto y urbanistaErick Dorrejo considera que esta realidad debe analizarse dentro de un proceso más amplio de migración hacia los centros urbanos. A su juicio, la falta de oportunidades en distintas zonas del país ha empujado durante décadas a familias hacia las ciudades en busca de empleo y medios de vida.
La ciudad creció más rápido que su capacidad para ordenar el territorio
Para el urbanista, el problema no termina en la necesidad de una vivienda. También está relacionado con la manera en que se ha ocupado el suelo y con la limitada fiscalización de muchas construcciones.
Dorrejo sostiene que una parte importante de las edificaciones se levanta al margen de los mecanismos formales de supervisión. El proceso, explica, debería involucrar al Ministerio de Medio Ambiente, las alcaldías, el Ministerio de la Vivienda y otras entidades.
La consecuencia es que muchas familias terminan construyendo donde encuentran un espacio disponible, sin estudios suficientes sobre la capacidad del terreno, sin diseños adecuados para las condiciones del lugar y, en algunos casos, sin cumplir con los procedimientos establecidos para garantizar la seguridad de la edificación.
"No es solamente el tipo de construcción, sino dónde se construye y esa combinación de ambos es mortal", advierte el arquitecto y urbanista.
El problema, por tanto, tiene dos caras: una vivienda puede presentar deficiencias estructurales, pero también puede ser peligrosa simplemente porque fue levantada sobre un suelo que no ofrece condiciones apropiadas para soportarla.
En las laderas, esa combinación se vuelve todavía más delicada. Si la lluvia satura el terreno y causa movimientos de tierra, mientras que un terremoto somete las estructuras a fuerzas para las cuales no fueron diseñadas.
Entiende que los barrios informales pueden ser intervenidos y mejorados, pero considera indispensable establecer reglas mínimas sobre las construcciones, el espacio público y las características del terreno.
Una deuda que viene de décadas
El director ejecutivo de la Asociación Ciudad Alternativa, Ricardo González Camacho, relaciona esta realidad con el crecimiento acelerado de las ciudades y con décadas de migración de familias desde las zonas rurales hacia los centros urbanos.
Explica que desde finales de los años 70 y durante las décadas siguientes se produjo una fuerte transformación económica y territorial. Muchas personas dejaron las zonas rurales para buscar empleos en las zonas francas, industrias, comercios y servicios.
Las ciudades, sin embargo, no crecieron al mismo ritmo en términos de vivienda, infraestructura y servicios.
La población que no pudo acceder al suelo formal terminó ocupando espacios que habían quedado disponibles: orillas de ríos, cañadas, farallones, terrenos inundables y otras áreas consideradas de alta vulnerabilidad.
"Cuando la gente llega a las ciudades, no porque le gustara vivir ahí, sino porque era lo que quedaba sin urbanizar", explica González Camacho.
Autoconstrucción y viviendas que crecieron con las familias
Una característica de estos sectores es la autoconstrucción. Las familias levantan sus viviendas poco a poco, de acuerdo con sus posibilidades económicas.
Una habitación puede convertirse con los años en una vivienda de dos o tres niveles. Una estructura inicialmente concebida para una planta puede terminar soportando ampliaciones para las que no fue diseñada.
González Camacho señala que una parte importante del déficit habitacional dominicano está relacionada con viviendas que necesitan ser reparadas, mejoradas o reubicadas, más que con la simple falta de nuevas unidades habitacionales.
Esto plantea una diferencia fundamental: no siempre se trata de construir una vivienda nueva. En algunos casos se necesita mejorar la existente; en otros, intervenir el entorno; y en los casos de mayor peligro, trasladar a las familias a lugares seguros.
El terremoto que permanece como amenaza
En el Gran Santo Domingo, el riesgo sísmico añade otra preocupación. Las viviendas levantadas sobre terrenos inestables pueden enfrentar una situación especialmente delicada durante un terremoto si el movimiento del suelo es capaz de comprometer estructuras que ya presentan deficiencias y, además, desencadenar deslizamientos en terrenos inclinados.
Dorrejo considera que el país no debe esperar a que ocurra una gran tragedia para comenzar a conocer y ordenar las viviendas que ya existen. Su propuesta parte de saber cuántas viviendas hay, dónde están y en qué condiciones se encuentran.
Plantea crear un registro de las edificaciones que funcione como una especie de "certificado de nacimiento" de cada inmueble. La Alcaldía sería responsable de registrar las viviendas y construir, a partir de esa información, un mapa de las edificaciones existentes.
La segunda etapa, sostiene, sería identificar cuáles se encuentran en zonas vulnerables: próximas a ríos, farallones, áreas inundables u otros puntos de peligro, después vendría la evaluación de las condiciones constructivas: determinar cuáles cuentan con licencia, cuáles fueron levantadas siguiendo los procedimientos establecidos y cuáles presentan deficiencias que deben ser corregidas.
"Estos tres pasos yo creo que nos pueden ayudar a anticiparnos a lo que puede venir", sostiene.
González Camacho advierte que muchas familias se resisten a abandonar sus barrios porque allí tienen sus empleos, pequeños negocios, familiares, vecinos y redes de solidaridad.
Una persona puede vivir en un barrio desde hace décadas y depender económicamente de actividades que realiza en ese mismo entorno, por eso, explica, una reubicación que no tome en cuenta esas condiciones corre el riesgo de terminar generando nuevas dificultades.
El dirigente comunitario pone como ejemplo casos de familias trasladadas a lugares más alejados de sus empleos, donde aumentaron sus gastos de transporte y algunas terminaron abandonando sus trabajos. "La gente no vive solamente de un empleo; vive de buscarse la vida", afirma.
La ciudad frente a una decisión pendiente
Las viviendas que cuelgan de una ladera, sostenidas por columnas que parecen insuficientes para el peso que soportan, son la expresión visible de un problema mucho más profundo.
Detrás de cada familia que necesitó un lugar donde vivir; una ciudad que creció de manera acelerada; un mercado de suelo al que muchos no pudieron acceder; décadas de migración interna; autoconstrucción; falta de planificación y, en algunos casos, ausencia de controles efectivos.
El desafío ya no es solamente impedir que continúe la ocupación de terrenos peligrosos, es también, determinar qué hacer con las familias que ya viven allí y mientras esas decisiones se posponen, algunas viviendas continúan creciendo hacia arriba y hacia los bordes, enganchados en las laderas.
El resultado son estructuras prácticamente en el aire y cuya seguridad depende tanto de la resistencia de sus materiales como de la estabilidad del suelo donde fueron levantadas.
Las muertes ocurridas durante intervenciones de agentes de la Policía Nacional han aumentado este septiembre respecto al mismo mes del año pasado.
Hasta ayer, cuando faltaban nueve días para que concluya el mes, al menos 25 hombres habían fallecido en actuaciones con participación de agentes policiales, según un levantamiento realizado por Diario Libre. La cifra supera en 11 las 14 muertes registradas durante todo septiembre de 2025.
El dato del año pasado figura en el Boletín Estadístico de Seguridad Ciudadana 2025, elaborado por el Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana (Cadseci), del Ministerio de Interior y Policía.
Dos nuevos casos
Las dos muertes más recientes ocurrieron en intervenciones separadas en Verón-Punta Cana, La Altagracia, y Salcedo, Hermanas Mirabal. Con ambos casos, el registro pasó de 23 a 25.
La Policía identificó a los fallecidos como Luis David Fortuna Perdomo, alias "Caco de Leche", de 27 años, y Rolando Torres Vásquez, de 32.
Según el informe preliminar, Fortuna Perdomo era buscado por su presunta vinculación con un hecho en el que murió una menor de edad en el sector Cristinita. Los agentes lo localizaron en una pensión del sector Kosovo, en Verón-Punta Cana.
La versión policial sostiene que el hombre disparó contra los agentes cuando intentaban detenerlo y que estos respondieron a la agresión. Resultó herido y posteriormente falleció en el Hospital Público de Verón-Punta Cana.
El segundo caso ocurrió en Sanjón de La Jabilla, Salcedo. La Policía informó que Torres Vásquez se encontraba prófugo, tenía siete registros por distintos hechos delictivos y era señalado como integrante de una estructura criminal. Según la institución, disparó contra los agentes durante la intervención y estos repelieron la agresión. Posteriormente murió en el hospital municipal Pascasio Toribio Piantini.
Ambos casos se suman a una serie de fallecimientos registrados durante intervenciones policiales en distintos puntos del país. Desde el incidente ocurrido el 12 de septiembre en Los Coquitos, Boca Chica, se ha producido una seguidilla de muertes.
En apenas diez días, 21 personas han fallecido en este tipo de intervenciones. Solo durante el fin de semana fueron reportadas siete muertes.
La Policía ha atribuido varios de estos episodios a supuestos intercambios de disparos.
Reacciones
El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, consideró que cada caso debe analizarse de manera individual y reconoció que, en algunos de ellos, los agentes pudieron haber actuado en exceso.
Por su parte, el presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, planteó que algunas de estas actuaciones podrían estar vinculadas, a su juicio, a una política estatal frente a las estructuras criminales.
