Santiago, RD. -Santiago se prepara para una de las mayores transformaciones urbanas de los últimos años y es que el alcalde Ulises Rodríguez anunció un agresivo plan de rescate de cañadas, recuperación de espacios públicos e intervención de sectores vulnerables, como la cañada de El Embrujo, Nueva York Chiquito, el Hospedaje Yaque y La Cambronal.
La primera intervención será el saneamiento de la cañada de El Embrujo, desde Villa Olga hasta la entrada Este de Santiago. La misma contará con una inversión de 300 millones de pesos.
El alcalde confirmó que unas cien ocupaciones podrían ser removidas en el sector Nueva York Chiquito. También otras cien ocupaciones se moverían de La Cambronal como parte del proceso de reorganización urbana.
Rodríguez aseguró que las obras cuentan con respaldo del Gobierno central y buscan mejorar la movilidad, la seguridad y la calidad de vida en Santiago. Las intervenciones iniciarían en las próximas semanas y forman parte del mayor plan de recuperación urbana impulsado por la Alcaldía en décadas.
Dajabón, R.D.– Patrullas integradas por miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), adscritos al 10mo. Batallón de Infantería y a distintos puestos militares de la provincia Dajabón, detuvieron a 65 nacionales haitianos en condición migratoria irregular durante varios operativos de interdicción realizados en esa demarcación fronteriza.
En una primera intervención, soldados del Puesto Masacre, detuvieron a 20 extranjeros indocumentados que intentaban ingresar al territorio dominicano desde Haití.
Más tarde, soldados asignados al mismo puesto del ERD, apresaron a 13 nacionales haitianos indocumentados, integrados por 12) hombres y una mujer.
Por otra parte, una patrulla del 10mo. Batallón de Infantería adscrita al puesto de chequeo La Ciénega detuvo a otros 21 nacionales haitianos indocumentados, entre ellos 14 hombres, seis mujeres y un menor de edad, quienes intentaban evadir el referido puesto militar.
En otro operativo, mientras una patrulla del ERD, adscrita a la Inspectoría ERD de Loma de Cabrera, realizaba labores de patrullaje de interdicción en la sección Los Pomos, municipio Loma de Cabrera, detuvo a 11 extranjeros en condición migratoria irregular, de los cuales ocho (08) eran hombres, dos (02) mujeres y un menor de edad.
Los extranjeros detenidos fueron trasladados a las respectivas dotaciones militares y posteriormente entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines legales correspondientes.
Las labores de vigilancia, patrullaje e interdicción se mantienen reforzadas en toda la zona fronteriza por parte del Ejército de República Dominicana. Esto como parte de las acciones orientadas a combatir el tráfico ilegal de personas y a garantizar la seguridad nacional.
Para acceder al servicio decedulación móvil especialofrecido por laJunta Central Electoral(JCE), los interesados, sus familiares o representantes deben completar un formulario y reunir una serie de documentos.
Esta alternativa está dirigida a personas que, por su condición de salud, discapacidad o envejecimiento, no pueden trasladarse a uno de los centros de cedulación para obtener su nuevo documento.
El servicio de traslado hasta el beneficiario es gratuito y solo "debe pagarse si la solicitud genera costos con respecto al mismo", precisa la JCE en su portal web.
Entre los primeros requisitos figuran completar un formulario y presentar un certificado médico o una fotografía que permita comprobar la situación física del solicitante.
Los usuarios deberán valerse de alguien que les ayude a llevar esos documentos a cualquier centro de cedulación y expedición de actas a nivel nacional, así como a la Dirección Nacional de Cedulación, en la sede de la JCE.
También pueden enviarlos al correo electrónicocedulacionmovil@jce.do. Los requisitos están detallados en la página https://jce.gob.do/Cedulacion-Movil.
La JCE ha establecido una serie de medidas orientadas a facilitar los trámites a las personas con dificultades físicas.
Recientemente informó que los adultos mayores de 90 años podrán renovar su carné de identidad en cualquier momento, lo que los libera de la regla de esperar el mes de su cumpleaños.
Los ciudadanos con discapacidad, los mayores de 65 años y las mujeres embarazadas o en posparto cuentan con preferencia en la atención en los centros de cedulación.
Para evitar la repetición de los procesos de cedulación, también se dispuso una vigencia más prolongada, de 20 años, para los dominicanos mayores de 61 años.
De acuerdo con el último corte de la JCE, 182,006 personas habían obtenido el nuevo plástico hasta abril de 2026. De ese total, laspersonas entre 71 y 80 años representaban el 7.7 %, equivalente a 18,142 ciudadanos.
LaSegunda Salade la Corte Penal de San Cristóbal intentará este jueves conocer nueva vez elrecurso de apelacióncon el que se busca que el exembajador Donni MayobanexSantana Cuevas retorne a la cárcel de Azua a cumplir los 13 años que restan de la condena de 20 que se le impuso por violar a una hijastra menor de edad.
Santana Cuevas cumplirá el próximo lunes un año fuera de prisión por un permiso laboral que le otorgó el juez José Manuel Arias, de la ejecución de la pena, cuyo garante fue el Colegio de Abogados de República Dominicana, gremio que retiró el aval ante los cuestionamientos que generó en la sociedad.
Sus maniobras
Hace casi un año también que se sometió el recurso de apelación al permiso laboral y desde entonces ha sido incidentado por el condenado en todas las instancias judiciales, tras ser hallado culpable de incesto.
El recurso fue sometido por el Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic) y su conocimiento ha terminado atrapado en una sucesión de incidentes, recusaciones y solicitudes planteadas por la defensa del exfuncionario.
El último, con el que Santana Cuevas procuraba que se transfiriera su caso al Distrito Nacional, fue llevado ante la Suprema Corte de Justicia, la cual se lo rechazó en febrero de este año.
El Ministerio Público está representado en la corte por el procurador de esa jurisdicción, Eduardo Velázquez Muñoz.
Trayectoria política
Santana Cuevas, oriundo de Jimaní y abogado de profesión, ocupó posiciones relevantes en el Estado dominicano. Fue embajador, director del Consejo Nacional de Fronteras entre 2015 y 2018, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y aspirante a diputado por la provincia Independencia para las elecciones de 2020. En el ámbito privado se presenta como presidente del Grupo Empresarial Domasan. Quedó sepultado políticamente en 2018, cuando fue arrestado acusado de violar desde los 11 años hasta los 14 a su hijastra.
ElMinisterio de Educación(Minerd) emitió este miércoles laOrden Departamental 11-2026, una normativa que regula el uso decelulares, relojes inteligentes y otrosdispositivos electrónicosen los centros educativos públicos y privados del país.
La medida establece restricciones distintas según el nivel educativo y busca promover una formación digital "más segura, equilibrada y enfocada en el bienestar integral de los estudiantes".
La iniciativa también tiene el objetivo de reducir distracciones, mejorar la convivencia escolar y proteger la salud emocional de niños y adolescentes.
Entre las principales disposiciones de la normativa figura la prohibición total del uso de celulares en el nivel inicial. Asimismo, se regula el uso de pantallas para los estudiantes más pequeños, quienes no podrán superar los 20 minutos diarios.
Restricciones en primaria
En primaria, los estudiantes tampoco podrán utilizar celulares durante la jornada escolar, salvo casos excepcionales previamente autorizados por el centro educativo.
No obstante, los padres que consideren necesario que sus hijos lleven un dispositivo deberán justificarlo formalmente ante la escuela. En esos casos, el aparato permanecerá bajo custodia formal del centro educativo durante toda la jornada escolar.
Excepciones por salud, discapacidad y emergencias
La normativa contempla excepciones específicas para estudiantes con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), quienes podrán utilizar dispositivos tecnológicos como herramientas de comunicación, accesibilidad o aprendizaje.
También se permitirá el uso de equipos electrónicos a estudiantes con enfermedades crónicas oautoinmunes que requieran monitoreo médico, siempre que exista una certificación correspondiente.
Asimismo, la orden garantiza el acceso a dispositivos en casos de emergencia.
Uso supervisado en el nivel medio
En secundaria, los celulares y dispositivos electrónicos sólo podrán utilizarse con fines pedagógicos y bajo supervisión docente.
Cada centro educativo tendrá la facultad de establecer horarios, espacios y condiciones específicas para su uso.
En ese sentido, en los recreos y áreas comunes de los centros educativos también podría estar prohibido el uso de celulares.
Protección de privacidad y uso de redes sociales
La normativa prohíbe grabar, almacenar o difundir imágenes, audios o videos de cualquier miembro de la comunidad educativa sin consentimiento previo y expreso.
También queda prohibido utilizar redes sociales personales para publicar contenido relacionado con estudiantes, docentes o personal escolar sin autorización.
Regulaciones para docentes y personal escolar
La orden también establece disposiciones para el personal docente y administrativo.
Los maestros deberán mantener sus dispositivos en modo silencioso o vibración durante las clases y evitar su uso para asuntos personales que interfieran con el proceso educativo.
Además, el Minerd señala que el personal debe actuar como modelo de conducta en el uso ético y responsable de la tecnología.
Escuelas podrán retener dispositivos
Los centros educativos estarán autorizados a retener temporalmente dispositivos utilizados en violación de las normas internas.
La orden además aclara que las escuelas no serán responsables por pérdidas, robos o daños de equipos llevados incumpliendo el reglamento.
Enfoque en salud emocional y bienestar
La orden reconoce que el uso excesivo de tecnología puede provocar síntomas de adicción, dificultades de atención y agotamiento físico y emocional.
Por ello, exige que el uso de recursos tecnológicos contemple pausas activas y respete el desarrollo integral de los alumnos.
Autonomía y reglas por centro
La disposición establece lineamientos generales, pero obliga a cada centro educativo a crear sus propios protocolos internos y normas operativas específicas.
Esto permitirá que cada institución ajuste las reglas a su infraestructura disponible y a su capacidad de supervisión particular.
La disposición deberá ser implementada por todos los centros educativos en un plazo máximo de 90 días calendario.
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó que realiza un levantamiento junto a las alcaldías del Gran Santo Domingo para verificar que las paradas de motoconchistas estén ubicadas en lugares seguros para el peatón y cumplan con las disposiciones de seguridad.
Hasta el momento, el proceso se encuentra en su primera fase, centrada en identificar las paradas en los municipios y confirmar que la federación cumpla con el pago del impuesto por uso de suelo.
El teniente coronel Reyes Valle, director de Transporte de Pasajeros del Intrant, explicó que este proceso se ejecuta como paso previo a la entrega de la licencia de operación.
Antes de emitir dicho permiso, las autoridades deben verificar si el espacio es apto para una parada, si los conductores cuentan con licencia de conducir categoría 1, seguro al día y la matrícula del vehículo revisada.
“Toda parada que estamos levantando en el proceso de regularización no está legalizada. Para estar en una parada legalizada, tiene que estar registrada y contar con una licencia de operación del Intrant, como lo establece la Ley 63-17.
Esta especifica que el ayuntamiento otorga el permiso de suelo tras un levantamiento y una adecuación del lugar donde operará”, detalló Reyes Valle al ser consultado por este medio.
Tras concluir el levantamiento y verificar los requisitos, el Intrant pasará a la fase de identificación visual con chalecos. En esta etapa se asignará un color específico a cada parada; los chalecos deberán incluir la fotografía del conductor y un código único enlazado a sus datos y licencia de operación.
Este plan piloto se desarrolla actualmente en el Gran Santo Domingo, con miras a extenderse a las demás provincias hasta cubrir todo el territorio nacional.
Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Motoconchistas (Fenamoto), Óscar Almánzar, recordó que desde hace 27 años sus paradas están debidamente identificadas para diferenciarse del resto de los motoristas. Señaló además que, de los 3.8 millones de motocicletas que circulan en el país, los motoconchistas organizados representan menos del 2%.
“Lo primero que tienen que hacer las autoridades es comenzar con el primer paso, que es con Impuestos Internos. Para poder regular las motocicletas, Impuestos Internos tiene que emitir una chapa o una matrícula a cada vehículo”, expresó Almánzar.
Fenamoto cuenta actualmente con 2,500 paradas distribuidas en 27 provincias del país. Su presidente lamentó que la institución sea el objetivo principal de las fiscalizaciones: “La presa más fácil son los motoconchos, porque somos los que estamos identificados. Nosotros hemos abogado y le hemos dicho a las autoridades que aquí hay que ir identificando a los demás sectores que andan en motocicleta”.
Finalmente, resaltó que la federación vela por la educación vial de sus miembros mediante charlas y talleres. En ese sentido, Almánzar anunció la creación del Centro de Atención al Motociclista (CAM), un espacio de formación antes de salir a las calles que contará con el apoyo de especialistas del Intrant, el 911, la Policía Nacional, el Ministerio Público y profesionales de la psicología.
El director de la Defensa Civil, Juan Salas, informó al país que tocó campana de libre de cáncer, luego de meses luchando contra la enfermedad en Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), en la Plaza de la Salud.
Salas agradeció a Dios por la fortaleza durante el proceso, así como al presidente Luis Abinader y al tren gubernamental por su acompañamiento.
El funcionario manifestó: “A mi maravilloso equipo médico, que con tanta entrega, ciencia y humanidad guió cada uno de mis pasos hacia la recuperación”.
El director de la Defensa Civil, además, agradeció a su familia, “mi roca incondicional, mi fortaleza, que me sostuvo segundo a segundo; y a cada iglesia, amigo y alma generosa que puso mi nombre en sus oraciones. Se que aportaron en mi recuperación”.
Texto íntegro publicado por Juan Salas:
AGRADECER ES UNA VIRTUD
Hay palabras que uno sueña con pronunciar, y hoy, por fin, Dios y la vida me permiten decirlas con el corazón desbordante de alegría: ¡ESTAMOS LIBRES DE CÁNCER!
Esta victoria no la logré solo. Hoy miro hacia atrás y solo siento una profunda gratitud por la red de amor que me sostuvo en los días más difíciles.
Gracias infinitas al señor presidente Luis Abinader, por su mano amiga, apoyo y genuina solidaridad y con el a todos los amigos del tren gubernamental.
A mi maravilloso equipo médico, que con tanta entrega, ciencia y humanidad guió cada uno de mis pasos hacia la recuperación.
A mi amada familia, mi roca incondicional, mi fortaleza, que me sostuvo segundo a segundo; y a cada iglesia, amigo y alma generosa que puso mi nombre en sus oraciones. Se que aportaron en mi recuperación.
Este proceso nos transformó, nos dejó lecciones imborrables de fe y un amor por la vida más fuerte que nunca.
José Bono Martínez (Salobre, 1950) posee el don de la ubicuidad política y una narrativa personal que parece fundirse con la historia misma de la España democrática. El hombre que presidió Castilla-La Mancha durante dos décadas, que dirigió los ejércitos como ministro de Defensa y que sostuvo el mazo del Congreso de los Diputados, ha encontrado en el crepúsculo de su carrera una nueva geografía para desplegar su poder: República Dominicana. Sin embargo, en las calles de Santo Domingo su nombre ya no evoca únicamente la solemnidad de un exministro del PSOE; hoy se sitúa en el centro de un debate donde los límites entre la asesoría técnica de Estado y el desembarco empresarial privado se han vuelto peligrosamente porosos. Bajo el sol del Caribe, el “Efecto Bono” se describe a grandes rasgos en la prensa española y dominicana, como una trayectoria de privilegios documentados y nexos mercantiles que hoy, bajo el escrutinio de la investigación periodística, proyectan una sombra de duda sobre la ética del servicio público internacional.
La relación de Bono con el poder político en nuestro país, no es producto del azar, sino de una arquitectura de reciprocidades que se extiende por más de dos décadas. Ya en 2005, el entonces presidente Leonel Fernández lo distinguió con la Orden Heráldica de Cristóbal Colón en el grado de Gran Cruz de Plata (Decreto 519-05). Aquel reconocimiento fue el primer sello de una alianza que alcanzaría su cénit con la llegada al poder de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
El 29 de septiembre de 2020, apenas unas semanas después del cambio de mando, el Ejecutivo emitió el Decreto 517-20, mediante el cual le otorgó la nacionalidad dominicana por la vía de la “naturalización privilegiada”. Esta facultad, reservada por ley para personalidades con aportes excepcionales a la ciencia, la cultura o la economía, se le concedió a Bono sin que hasta la fecha el Gobierno haya despejado la incógnita central: ¿cuáles han sido esos aportes concretos?
Mientras Bono se convertía en uno más de “los privilegiados” con la nacionalidad dominicana en la era Abinader —integrándose a lo que medios locales califican como el “anillo de poder” presidencial—, sus actividades oficiales permanecían bajo un absoluto misterio documental. Su rol se anunció el 7 de noviembre de 2021 como “asesor” para la transformación de la Policía Nacional; sin embargo, la investigación revela un vacío administrativo asombroso: en los portales de libre acceso consultados no existe decreto de designación, contrato de consultoría, partida presupuestaria ni registro en la nómina del Gobierno que formalice su estatus. Bono es, a efectos del Estado dominicano, un asesor fantasma en lo administrativo, pero una figura omnipresente en lo simbólico.
El «Efecto Bono» en República Dominicana
Si en los archivos públicos la huella de Bono es tenue, en los registros de la ONAPI es frenética. Entre el 14 de septiembre y el 19 de octubre de 2020 —un periodo de apenas 35 días tras la concesión de su nacionalidad—, el exministro registró cuatro denominaciones ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial: Teivelpir RD, S.R.L., Vetapir, Tiseck Group y Sociedad Veleta.
Todas comparten un patrón de diseño: domicilio único (la suite 201 del edificio Centre One, en el ensanche Naco de Santo Domingo) y un objeto social omnipotente: “Asesoramiento técnico, económico, laboral, fiscal, financiero y de gestión específica a empresas; prestación de servicios de consultoría integral en materia de posicionamiento estratégico y desarrollo de negocio ante los mercados nacionales e internacionales; asesoramiento en técnicas comerciales publicitarias; prestación de servicios administrativos en materia de gestión pública; colaboración con radio, televisión y prensa en todas sus modalidades; adquisición, disposición, enajenación y gravamen de bienes inmuebles”.
Teivelpir RD es propiedad en un 99,9 % de Tojsama 14, S.L., la sociedad patrimonial de Bono en España, cuya participación en la filial dominicana se valoró en 532.385 euros en 2024. Esto evidencia un crecimiento patrimonial acelerado desde los modestos 1.487 euros registrados en 2023.
Este esquema parece guardar similitudes con el modelo utilizado en España, donde sociedades como Hípica Almenara —cuyas cuentas no presentan actualizaciones registradas desde 2018, de acuerdo con una publicación del medio español THE OBJECTIVE (según sus propias fuentes citadas)— habrían formado parte de una estructura patrimonial superior a los 7,3 millones de euros. En República Dominicana, estas “empresas de carpeta” presentan una operatividad que plantea interrogantes: si bien figuran en los registros oficiales, no se observa constancia de su actividad en portales de libre acceso ni en el Registro de Proveedores del Estado (RPE), como tampoco se registran licitaciones públicas directas. Lo anterior abre una cuestión sobre su naturaleza: ¿se trata de vehículos destinados a la inversión privada o responden a dinámicas de gestión de otra índole? La ausencia de datos públicos deja la pregunta abierta.
Este esquema parece guardar similitudes con el modelo utilizado en España, donde sociedades como Hípica Almenara —cuyas cuentas no presentan actualizaciones registradas desde 2018, de acuerdo con una publicación del medio español THE OBJECTIVE (según sus propias fuentes citadas)— habrían formado parte de una estructura patrimonial superior a los 7,3 millones de euros. En República Dominicana, estas “empresas de carpeta” presentan una operatividad que plantea interrogantes: si bien figuran en los registros oficiales, no se observa constancia de su actividad en portales de libre acceso ni en el Registro de Proveedores del Estado (RPE), como tampoco se registran licitaciones públicas directas. Lo anterior abre una cuestión sobre su naturaleza: ¿se trata de vehículos destinados a la inversión privada o responden a dinámicas de gestión de otra índole? La ausencia de datos públicos deja la pregunta abierta.
Presidente Luis Abinader, el expresidente Hipólito Mejía y el exministro español José Bono Martínez.
El edificio Centre One no solo alberga las sociedades de Bono; es también la base de operaciones de MedCap Energy Caribe. Aquí es donde la “asesoría desinteresada” se cruza con el negocio de alto calado. MedCap, que comparte equipo jurídico con las empresas de Bono —específicamente la abogada española Esther Patricia Fernández Bernard—, es una sociedad beneficiaria de concesiones energéticas bajo la actual administración.
Destacan las concesiones de los proyectos Pimentel Energy y Las Parras Energy, con una capacidad instalada de 151,8 MWp y 317,9 MWp respectivamente, cuya inversión conjunta superaría los 400 millones de dólares. Aunque José Bono no consta directamente en el capital social, las coincidencias de personas vinculadas a su círculo de confianza resultan llamativas: el exparlamentario del PSOE Juan Segovia Noriega posee el 20 %, mientras que el empresario valenciano Dimas de Andrés Puyol es socio fundador de MedCap.
La conexión se vuelve más intrincada con la aparición de Telkes Solar y Telkes Desarrollos Energéticos, S.L. Según el informe técnico-legal de la Superintendencia de Electricidad (de fecha 26-5-2023), que hace referencia a un movimiento de venta de acciones, los socios de la entidad Medcap Energy Caribe, S.R.L. reconocieron una operación entre los señores Dimas de Andrés Puyol, Rafael González-Cabos Bautista y Telkes Solar —esta última representada por Antonio Bueno Córdoba—, de acuerdo con el Acta de Asamblea General Extraordinaria del 4 de febrero de 2022.
La sociedad albaceteña Telker Solar, S.L.U. , administrada por Vicente Chinchilla Nuño de la Rosa, cuenta con el Registro Nacional de Contribuyente extranjero núm. 132-53665-7; mientras tanto, su entidad hermana, Telkes Desarrollos Energéticos, S.L., es administrada por Antonio Bueno Córdoba. De esta última no se tiene constancia de ningún registro público en República Dominicana, más allá de su acompañamiento técnico en los proyectos solares de Dimas de Andrés y Juan Segovia.
Fue precisamente a Telkes Desarrollos Energéticos, S.L. a la que, en 2021, la Comisión Nacional de Energía (CNE) autorizó realizar los estudios y la prospección del proyecto “Pimentel Energy”. Ambas entidades, además de la similitud en sus denominaciones, comparten domicilio social en la calle Marqués de Molins, 13, 1.º D, 02001, Albacete (tierra natal de Bono).
En la foto: se aprecian a Juan Segovia y Alberto Muiñoz Carbonell, en un acto oficial en Sto. Dgo.
Bono no ha desembarcado solo en la isla; lo acompaña una estructura de lealtades forjada en la política madrileña y el empresariado valenciano. Juan Segovia Noriega, descrito por la prensa española como uno de los “hombres del momento”, dejó la política en 2018 para establecerse permanentemente en Santo Domingo tras los pasos de su mentor. Segovia no solo es socio en los proyectos energéticos, sino que también registró, junto al abogado Williams Alberto Jiménez Villafaña, su propia sociedad, Atitlán SRL, en el mismo edificio Centre One.
Por otro lado, Dimas de Andrés Puyol, identificado por la revista Forbes como uno de los mayores patrimonios de la Comunidad Valenciana, aportaría el músculo financiero a la operación. La presencia de estos aliados plantea la posibilidad de que la figura de Bono haya servido de “llave maestra” para facilitar el acceso de intereses privados a esferas estatales. En este sentido, diversas publicaciones españolas situaron al exjefe de gabinete de la Comunidad Valenciana, Alberto Muiños Carbonell, como uno de los asesores encargados de la redacción de discursos para el presidente Abinader. Tras la difusión de estas informaciones, Muiños habría eliminado de sus redes sociales las imágenes en las que —según reportes de prensa— presumía de su nueva etapa profesional en el Caribe. Esta noticia circuló ampliamente en España sin que, hasta la fecha, haya sido objeto de una validación oficial por parte de la administración pública.
Bono: «el desinteresado»
La génesis de esta cercanía con Abinader es de larga data. Poco antes de la fundación del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en 2013, el actual presidente presentó a Bono como orador principal para la inauguración del Centro de Estudios de Políticas Públicas. En el marco de una visita de cortesía al presidente Danilo Medina en el Palacio Nacional, escoltado por Abinader, Bono expresó que era su tercera vez en la casa de Gobierno y la quinta que visitaba la República Dominicana; en su breve discurso, pronunció palabras que resuenan hoy con una ironía punzante:
“Me encuentro con la satisfacción de poder mostrarles, por la política, un gran interés, pero un interés desinteresado; no me postulo para cargo público alguno y lo único que deseo y quiero, como persona interesada en la política, es que las cosas vayan bien…”.
Aquel discurso de “desinterés” se enfrenta hoy a una realidad distinta. Bono ya no es un visitante; es un residente que pasa gran parte del año en Santo Domingo y que, según reportes, fue captado participando en las elecciones municipales de 2024. A su actividad societaria se suma la adquisición, en diciembre de 2023 y a través de Teivelpir RD, de un apartamento de 212 m² en un exclusivo residencial de la capital; en dicha operación, se habría identificado con su pasaporte español a pesar de poseer la nacionalidad dominicana privilegiada.
En su discurso, recordando sus años mozos en la política durante el franquismo, agregó:
“…En aquella época, en España, lo único que se tenía cerca, por ser político y socialista, era la cárcel”.
“Cuando el río suena, agua lleva”: El refrán cobra relevancia ante la dimensión internacional que adquiere el asunto, especialmente cuando los ecos de Madrid cruzan el Atlántico. El nombre de José Bono se ha mencionado en las investigaciones del “Caso Koldo” en España, por presuntas filtraciones de mensajes que apuntan a gestiones de supuestos favores.
En la foto: se aprecian a Juan Segovia y Alberto Muiñoz Carbonell, en un acto oficial en Sto. Dgo.
Más inquietantes resultan las denuncias del polémico eurodiputado Alvise Pérez, quien presentó en 2025 un dossier ante la Fiscalía española y la PEPCA en República Dominicana. Las alegaciones, pendientes de verificación judicial, señalan:
Sobrecostes del 250 % en la venta de material policial (cámaras térmicas, escáneres y vehículos) al Gobierno dominicano.
Supuesta mediación de Francisco Pardo Piqueras (director general de la Policía en España y hombre de confianza de Bono) para eludir controles aduaneros en la entrada de dicho material.
Una presunta red de corrupción transnacional con pagos en divisas hacia España.
Si bien estas acusaciones se mantienen en la categoría de “pendientes de comprobación” y no existe una imputación formal a la fecha, la coincidencia de nombres, fechas y el modus operandi del clúster Centre One genera interrogantes legítimos sobre la posible influencia de Bono ante el Gobierno dominicano.
El “Efecto Bono” en República Dominicana representa un caso de estudio sobre la evolución del poder político en la era global. Es la crónica de cómo un capital simbólico, acumulado en las instituciones europeas, se traduce potencialmente en capital financiero dentro de las economías emergentes del Caribe. Para la sociedad dominicana, el impacto es directo: se trata de la transparencia en sus procesos de reforma y de la integridad en la gestión de sus contratos energéticos. Para España, el asunto trasciende lo personal para convertirse en una cuestión de higiene democrática: ¿hasta dónde pueden los ex altos cargos utilizar sus conexiones estatales para consolidar patrimonios privados en el extranjero?
Al parecer, Bono ha pasado de ser el político que recordaba el miedo a la cárcel en su juventud, al estratega que operaría desde denominaciones societarias de “escasa evidencia operativa”.
¿Casualidad o causalidad? La firma del tratado bilateral en abril de 2026 entre España y República Dominicana para el rastreo de bienes ilícitos sitúa este escenario como uno de los primeros desafíos para la cooperación jurídica de ambas naciones. La respuesta, que permanece oculta en la suite 201 del edificio Centre One, determinará si la nacionalidad privilegiada es un reconocimiento al mérito o un instrumento para fines aún por esclarecer.
