Se trata de un conjunto medidas "territorializadas y parciales" en varias ciudades, declaró el primer ministro del país.
El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, anunció este lunes, 19 de octubre, al término de una célula interministerial de crisis, que ha pedido a los prefectos que activen "un cierto número de toques de queda", parciales y localizados, en medio de los disturbios y daños registrados en el país, donde desde hace varias semanas persisten numerosos episodios de violencia en medio de las protestas.
"He pedido a los prefectos que activen un cierto número de toques de queda para esta noche", en el marco de la "protección de los bienes y de los comercios", declaró Lecornu. "Estamos ante una delincuencia general muy específica de saqueo. No se trata en absoluto de permitir que las cosas se instalen así en la duración", agregó.
Bandas criminales en Haití abrieron fuego contra un vehículo blindado, dejando a cuatro soldados salvadoreños desaparecidos en el primer ataque importante desde que una fuerza internacional de represión de pandillas comenzó a operar en el país asolado por la violencia.
El ataque tuvo lugar el domingo en Croix-des-Bouquets, una comunidad de Puerto Príncipe que antes era pacífica y que ahora está controlada por bandas violentas .
La líder opositora venezolana María Corina Machadoafirmó que no habrá una paz duradera enColombia mientras no exista democracia en Venezuelay descartó que el Gobierno de la presidenta Delcy Rodríguezcoopere en la lucha contra grupos armados ilegales colombianos.
«Solamente habrá paz y prosperidad en Colombia con democracia y libertad en Venezuela», sostuvo Machado en una entrevista publicada este domingo por el diario colombiano El Tiempo, en la que defendió la necesidad de convocar elecciones presidenciales en su país y estrechar la integración entre ambas naciones.
La dirigente opositora aseguró que Colombia y Venezuela comparten «pasado, presente y futuro» y recordó que el país andino acoge a más de 2,8 millones de venezolanos, muchos de los cuales, según dijo, quieren regresar a su país.
Machado también propuso coordinar las fuerzas armadas de ambos países para combatir a los grupos ilegales que operan en la frontera.
El llamado de cooperación de María Corina Machado
«Vamos a construir una Fuerza Armada venezolana al servicio de la República, al servicio de la Constitución, y que, de manera coordinada, luche junto con el Ejército de Colombia», afirmó.
La opositora sostuvo que los militares venezolanos han sido «forzados» a compartir territorio con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y aseguró que la cooperación bilateral permitiría transformar la frontera en una zona de seguridad y prosperidad económica.
La líder opositora venezolana María Corina Machado, en una fotografía de archivo. EFE/ Bienvenido Velasco
– La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó que no habrá una paz duradera en Colombia mientras no exista democracia en Venezuela
En el ámbito energético, Machado planteó reparar el gasoducto Antonio Ricaurte, de 225 kilómetros, que conecta a ambos países, y ampliar la capacidad de suministro de gas venezolano para contribuir a cubrir las necesidades de Colombia.
«¿Quién más cercano y lógico para integrarnos que precisamente la economía colombiana?», preguntó Machado, que defendió la necesidad de ofrecer garantías jurídicas y reglas transparentes para atraer inversiones en los sectores energético, agrícola, minero y de infraestructuras.
Posición frente a Abelardo de la Espriella
La dirigente calificó al presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, de «aliado del pueblo venezolano y de la democracia» y consideró que una transición democrática en Venezuela beneficiaría directamente a Colombia, especialmente por la situación de seguridad en la frontera.
Machado, que prepara su regreso a Venezuela desde Panamá, insistió en que es necesario fijar cuanto antes una fecha para las elecciones.
Según afirmó, la transición democrática contribuiría a reducir la presión migratoria y permitiría que los venezolanos que viven en el exterior regresen a su país
La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó el primer palazo para el remozamiento y ampliación del Hospital Materno Infantil Jacinto Mañón, con una inversión de 489,083,053.17 pesos de los cuales 323,698,091.77 pesos se destinaron a infraestructura y 165,384,962.00 pesos a equipamiento. Los trabajos incluyen la rehabilitación de las áreas clínicas y administrativas, reparación de techos, pintura general y adecuación de las redes eléctricas y sanitarias.
El hospital contará con 15 consultorios, área odontológica, vacunación, hemodiálisis con acceso independiente, sonografía, rayos X, laboratorio, densitometría ósea y mamografía. También dispondrá del Programa Mamá Canguro, un Banco de Leche, área de emergencia, 32 camas de internamiento, dos quirófanos, dos salas de parto y unidades de cuidados intensivos para adultos y neonatos, esta última equipada con seis incubadoras.
Peña reconoció la labor del director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio César Landrón, y del personal sanitario que tendrá a su cargo la atención en el establecimiento. Asimismo, resaltó la importancia de esta intervención para ampliar los servicios materno-infantiles y mejorar la atención de las familias de San Cristóbal.
“Cada hospital que comienza a construirse o a transformarse lleva consigo una promesa de vida. Significa ofrecer tranquilidad a una madre durante el embarazo, acompañamiento durante el nacimiento de su hijo y mayores oportunidades para que nuestros niños crezcan sanos y protegidos”, expresó la vicepresidenta.
De su lado, el director ejecutivo del SNS, doctor Julio César Landrón, explicó que el hospital fue construido en 1955 y que su remozamiento responde al crecimiento poblacional y a la necesidad de adecuar sus instalaciones a las demandas actuales de atención.
Indicó que la intervención permitirá mejorar la capacidad de respuesta del establecimiento y contribuirá a descongestionar la maternidad del Hospital Regional Juan Pablo Pina, al acercar los servicios especializados a las comunidades de la provincia.
En relación con el servicio de hemodiálisis, el titular del SNS instruyó adoptar las medidas necesarias para mantenerlo en funcionamiento durante los trabajos. Para ello, dispuso aislar el área a fin de evitar que el polvo y otras partículas afecten a los pacientes, además de coordinar la protección de los usuarios y el traslado de los equipos a un espacio adecuado cuando las condiciones lo permitan.
De su lado, la gobernadora de San Cristóbal, Pura Casilla, agradeció al presidente Luis Abinader, a la vicepresidenta Raquel Peña y al director ejecutivo del SNS por las intervenciones dirigidas a mejorar los servicios públicos de salud en la provincia, y exhortó a los comunitarios a cuidar las instalaciones.
Mientras que el senador por San Cristóbal, Gustavo Lara Salazar, destacó que las inversiones destinadas a la construcción, ampliación y remozamiento de establecimientos de salud en la provincia superan los 2,500 millones de pesos, según indicó. Señaló que la ubicación del Hospital Materno Infantil Jacinto Mañón favorece a más de 100 mil habitantes de sectores como Lavapiés, Pueblo Nuevo, Ingenio Nuevo, Conani, Nueva Esperanza y Canastica.
El director ejecutivo del SNS informó, además, sobre otras intervenciones en la provincia, entre ellas trabajos en los hospitales de Los Cacaos, Cambita Garabito, Nigua y Villa Altagracia, así como en el leprocomio Nuestra Señora de las Mercedes, en San Gregorio de Nigua.
Landrón también mencionó los avances del Hospital Regional Traumatológico de Yaguate, la intervención del hospital de Básima y los trabajos del Centro Diagnóstico de El Gringo, en Haina, que contará con laboratorio, rayos X, sonografía y servicios de ginecología y pediatría. A estas obras se suman el remozamiento del Centro de Primer Nivel de Atención de Quitasueño y la construcción de un centro de rehabilitación para personas con problemas de adicción, con capacidad para más de 30 camas.
CPN La Pared
Como parte de la misma jornada, Peña encabezó la entrega del Centro de Primer Nivel de Atención La Pared, ubicado en el distrito municipal El Carril, en Bajos de Haina, luego de concluir su remozamiento, ejecutado con una inversión de 18,140,653.43 pesos, de la cual 16,361,418.68 pesos correspondieron a infraestructura y 1,779,234.75 pesos a equipamiento.
El establecimiento cuenta con tres consultorios polivalentes, áreas de vacunación y urgencias, farmacia y residencia médica. Allí se ofrecen servicios preventivos y atención a pacientes con hipertensión y diabetes, quienes pueden recibir gratuitamente sus medicamentos.
El doctor Landrón explicó que los centros de primer nivel permiten detectar enfermedades de manera temprana, dar seguimiento a pacientes con condiciones crónicas y prevenir complicaciones, al acercar los servicios de salud a las comunidades.
En las actividades estuvieron presentes la vicealcaldesa de Bajos de Haina, Alma Taveras; el administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), Rafael Salazar; el director regional de Salud Valdesia, doctor José Luis López; la encargada del Centro de Primer Nivel La Pared, doctora Sonia Soto; la presidenta del Consejo Directivo de Egehid, Rosy Ruiz; y la directora de Cuidados de Enfermería del SNS, Dayanira Galán, además de autoridades locales, personal de salud y representantes comunitarios.
Madrid.Bernardo Mateo Ramíreztiene 71 años y sirvió mesas por más de 35 en grandes hoteles de Santo Domingo. El Estado le reconoce 11 años y siete meses: 604 semanas cotizadas. El resto de su vida laboral no consta. En 2021 pidió en laSeguridad Socialde Madrid sumar esas semanas a las cotizadas en España, como permite el convenio bilateral, vigente desde 2006. Le faltaba un papel: la certificación de sus períodos de trabajo en empresas dominicanas, que gestiona elConsejo Nacional de Seguridad Social(CNSS).
Esperó cinco años. Con la salud afectada y viviendo del salario de su mujer, contó entre lágrimas que la institución era indiferente a su reclamo. La certificación llegó en septiembre, dos semanas después de que Panorama acudiera a la Oficina de Acceso a la Información y preguntara por su expediente, con nombre y apellidos, en el departamento que lo tramitaba en Santo Domingo.
Su caso no es aislado. Gracias a un funcionario consular que pidió el anonimato, este periódico ha reunido unos quince expedientes detenidos en la misma fase, algunos desde hace más de cuatro años. Uno lo tramita la hija de una afiliada que murió esperando su pensión.
Pero Bernardo pertenece al problema viejo: el de los años cotizados antes de 2003, cuando la memoria laboral del país se guardaba en papel. Detrás hay otro más grande y más silencioso: el de los que cotizaron después.
Bernardo Mateo Ramírez, dominicano que emigró a España.
Desde junio de 2003, el trabajador dominicano no aporta a un fondo común, sino a una cuenta de capitalización individual que administra una AFP privada. Cuando emigra, esa cuenta no se cierra ni se congela: sigue invertida, sigue generando rentabilidad y sigue pagando comisión.
Panorama siguió el caso de un afiliado —lo llamaremos Juan— que cotizó nueve años en la República Dominicana, hoy tiene nacionalidad española y piensa jubilarse en España. Preguntó a la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) qué hacer con su cuenta, y su oficina de atención al usuario respondió en un correo electrónico:
“Aunque usted se vaya a residir al extranjero su cuenta de capitalización individual sigue generando rendimientos gracias a las inversiones realizadas por su AFP. Cuando cumpla con los requisitos necesarios, podrá solicitar y acceder a los beneficios correspondientes”.
La respuesta no enumera esos requisitos. La ley sí: solo permite devolver el saldo antes del retiro al afiliado de ingreso tardío que cumple sesenta años y lleva 30 días sin empleo, y al enfermo terminal. Emigrar no figura dentro de las opciones.
El doctor Arismendi Díaz Santana redactó la Ley 87-01, fue el primer gerente general del CNSS y hoy preside la Fundación Seguridad Social para Todos, con propuesta propia de reforma. Entrevistado por esta corresponsalía, no deja dudas sobre la propiedad de ese dinero:
“La cuenta de capitalización individual es propiedad exclusiva del trabajador. Nadie puede disponer de ella que no sea él mismo y en las condiciones que establece la propia ley 87-01”.
Sobre cómo acceder a ese ahorro, admitió el vacío sin rodeos: “Esa vía no está bien definida porque cuando se elaboró la ley ese tipo de problema no se contempló”. Refiriéndose específicamente al caso del trabajador que emigra y cotiza en otro país.
¿Y si el titular nunca reclama? “No existen plazos de prescripción. Si su propietario no aparece, esos fondos pasan a ser propiedad de sus herederos legítimos, ahora no como una pensión, sino como una herencia”. Leído junto a los dos únicos supuestos de devolución, el resultado es claro: para el dominicano que emigra y no regresa, la salida que prevé la ley es la sucesión. Lo que supone un reto para el legislador ante una diáspora de casi tres millones de personas, en buena parte activa en el exterior, de los que muchos sueñan en retirarse en la República Dominicana.
Mientras la cuenta espera, el saldo trabaja. En su columna del 17 de septiembre, Díaz Santana desglosó el patrimonio acumulado desde 2003: el 20 % lo pusieron los trabajadores; el 42,1 %, los empleadores, y el resto son utilidades de las inversiones. Un peso que crece: “Ya en el 2025 los aportes fueron solo el 38 % y las utilidades el 62 %”, escribió. El fondo engorda más por rentabilidad que por cotización; de ella se beneficia también la cuenta sin aportes nuevos, por la que las AFP cobran la misma comisión.
Sobre esa comisión fue crítico: procede, dijo, “pero siempre que sea reducida sustancialmente porque en el país es muy elevada, sin incurrir en ningún riesgo e independientemente de la rentabilidad y del desempeño”. Y señaló su origen: “Es una distorsión […] introducida por la Ley 13-20”.
Entonces, ¿cuánto dinero hay en esas cuentas de los trabajadores que emigraron?
No existe un dato público. Al amparo de la Ley 200-04 de acceso a la información, Panorama pidió a la SIPEN estadísticas de los fondos acumulados, su distribución, su rendimiento y el peso de más de 2,4 millones de afiliados inactivos, entre los que figurarían los migrantes que cotizan en otros países. La SIPEN se negó, alegando protección de datos personales. El Grupo de Medios Panorama —parte interesada, y así debe constar— interpuso un amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, que rechazó la inadmisibilidad pedida por la SIPEN y ordenó entregar la información de las cuentas inactivas.
La entrega sigue pendiente. Después se fijó un pago de 380, 000 pesos y un plazo de 180 días hábiles: unos nueve meses. Pese a la sentencia y al pago de Panorama, falta parte de los datos. Díaz Santana lo considera desproporcionado: “Si tú estás hablando de que tienes una tecnología informática adelantada, no es para ahora decir que se necesita tanto tiempo para una información de esa naturaleza”. Lo dice uno de los mayores conocedores del sistema, redactor de la ley que le dio origen.
¿Podría obtenerse el dato cruzando el registro de dominicanos en el exterior con la lista de afiliados que dejaron de cotizar? No lo dudó: “Se puede identificar perfectamente quiénes son cada uno, cuánto tienen acumulado, y después hacer un cuadro resumen”. El sistema, recordó, nació automatizado.
El convenio con España: sumar años cotizados para lograr una pensión
El Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República Dominicana se firmó en 2004, pero no entró en vigor hasta el 1 de julio de 2006.
Su balance está en el Primer Informe General Semestral disponible, remitido por el CNSS a este periódico, que consigna de entrada que el tratado “fue puesto en ejecución en el año 2009”: tres años entre la vigencia jurídica y el arranque real.
Según el referido informe, entre 2009 y el 30 de junio de 2021 se tramitaron 3815 solicitudes. Trescientas cincuenta y una terminaron en resolución desde España: 227 aprobadas y 124 denegadas, un 35,3 % de rechazo. El informe no detalla por qué, y sería clave conocer qué vicios o limitaciones impiden más concesiones.
El desglose por prestación, calculado por este periódico sobre el citado informe, dice más que el total. De 764 solicitudes de jubilación o vejez, 104 acabaron en pensión aprobada: el 13,6 %. De 375 de supervivencia, 115: el 30,7 %. De 295 por incapacidad o discapacidad se aprobaron ocho. Ocho de 295: el 2,7 %.
Un dato revela a qué se dedica realmente el convenio. De las 3815 solicitudes, 1591 eran peticiones de certificación de períodos cotizados y 790 correspondían a trabajadores desplazados por sus empresas. El 62,4 % no eran reclamaciones de prestación, sino trámite administrativo. Solo 1434 pedían una pensión.
La serie anual añade una anomalía. Las resoluciones desde España crecieron despacio hasta 2017, saltaron a 104 en 2018 y cayeron a 19 en 2019: un descenso del 82 %. En 2020 fueron otras 19. Ni el informe ni la respuesta institucional explican el pico ni el derrumbe. Los ciudadanos sí denuncian la lentitud del CNSS y la falta de información, una de las debilidades detectadas: ni los consulados en España ni las instituciones dominicanas representadas en ellos ofrecen datos unificados sobre el convenio. No hay guía, folleto ni material que oriente a los dominicanos en España.
El esfuerzo administrativo sí consta. Entre 2018 y junio de 2021, la sección de convenios del CNSS registró 3398 actuaciones de seguimiento —actualizaciones a España, requerimientos a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), reiteraciones a entidades dominicanas para que certificaran— frente a 163 resoluciones desde España: 21 gestiones por expediente resuelto y 9640 consultas atendidas: 27 por resolución.
227 pensiones en 12 años y medio son 18 al año. El Instituto de Dominicanas en el Exterior (INDEX) cifra la comunidad en España en 101 689 registrados, y en unas 169 000 personas con los nacidos allí de padres dominicanos. No todos pueden totalizar, ni todos los que pueden tienen edad para hacerlo. Pero ninguna hipótesis razonable convierte dieciocho pensiones anuales en una cifra suficiente.
En 2017 se abrió una vía para que el emigrante no tuviera que viajar: solicitar ante la DGJP“sin la presencia física del usuario residente en España”. En cuatro años produjo 125 trámites. Aun así, a varios afectados consultados en Madrid se les exigió un apoderado en Santo Domingo; unos pudieron, otros no, y alguno viajó para tramitarlo en persona. Díaz Santana fue tajante: “Una cosa es la ley y otra cosa es la aplicación. ¿Y para qué se necesita tener una persona apoderada aquí?”.
Al 30 de junio de 2021 quedaban 218 certificaciones por recibir. Ochenta y cuatro procedían del antiguo Instituto Dominicano de Seguros Sociales, disuelto por la Ley 397-19 en septiembre de 2019.
Díaz Santana describió cómo se guardaba el archivo del IDSS y sin proponérselo defendió el sistema actual: “Actualmente no hay registros manuales ni nada de eso, como lo hubo en el Seguro Social, en donde eran tarjetas metidas en folders, y esos folders en una habitación —eso lo vi yo— oscura y húmeda, y se iban dañando las informaciones”. De esa memoria depende más de un tercio de las certificaciones pendientes. A esa época pertenece la vida laboral que a Bernardo Mateo no le reconocieron hasta el 19 de septiembre, cinco años después de iniciar su trámite.
El 29 de septiembre, el CNSS respondió formalmente. Su comunicación, dirigida a la directora de Panorama, Kirsis Díaz, y firmada por la gerente general, Aura Celeste Fernández R., aporta una precisión inédita: el convenio con España “actualmente se ejecuta para las disposiciones favorables de acuerdo al Art. 8 del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS)” y “las demás atribuciones se manejan por intermedio del CMISS”, vigente para la República Dominicana desde 2020.
Ese artículo 8, publicado en el Boletín Oficial del Estado, establece que el multilateral “tendrá plena aplicación en todos aquellos casos en que no existan convenios bilaterales o multilaterales de seguridad social vigentes” y que, donde existan, “se aplicarán las disposiciones que resulten más favorables al beneficiario”. Obliga además a cada Estado a comunicar sus convenios bilaterales a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, para inscribirlos en el anexo IV, y a fijar sus disposiciones más favorables.
El propio Estado admite por escrito el fondo del asunto. Preguntado por la pensión mínima del artículo 16 para los migrantes a España, el CNSS responde que se les aplican las leyes antiguas y que, cuando el caso cae bajo la Ley 87-01, “ha correspondido devolución por ingreso tardío”. Confirma oficialmente lo que cuenta este reportaje: para la generación emigrante en tiempos de la AFP, el sistema no previó más salida que la de los 60 años o la enfermedad terminal.
El origen lo aportó Díaz Santana. Fue él quien impulsó la idea de un convenio, pero pensando en Estados Unidos, “porque es el país donde hay muchos más dominicanos trabajando”. Dejó la gerencia a finales de 2006 con el trabajo encaminado. “Pero […] en la República Dominicana las cosas que comienza alguien […] los que llegan no necesariamente le dan continuidad. Y en ese sentido no hubo continuidad”.
Una cifra de la memoria 2025 del CNSS resume mejor que ninguna para qué sirve hoy el convenio. Ese año concluyeron 1539 expedientes, y 1266 fueron certificaciones de legislación aplicable: el papel que acredita bajo qué país cotiza un trabajador que su empresa envía temporalmente al otro lado del Atlántico. Solicitudes de pensión de jubilación se tramitaron a penas 30.
Un convenio que certifica más de mil veces y tramita treinta pensiones no está desbordado. Hace, sobre todo, algo distinto de lo que promete al emigrante: certifica el tránsito de los que una empresa mueve y apenas alcanza a quienes se fueron solos y quieren, algún día, sumar lo que dejaron aquí.
La propuesta sobre mesa: devolver al emigrante “la totalidad de los fondos acumulados en su AFP”
|Foto de Arismendi Díaz Santana|
La Fundación Seguridad Social para Todos, que preside Díaz Santana, propone que la reforma reconozca al emigrante el “derecho al reembolso de la totalidad de los fondos acumulados” si acredita residencia o ciudadanía, trabajo estable, cotización donde vive y cinco años fuera. Por su diseño, la propuesta excluye a quien no cotiza en destino: precisamente a quienes él llama “víctimas de una doble desprotección”.
Para ellos —la empleada de hogar sin alta, el trabajador informal o independiente, el que no tiene papeles—, la Ley 87-01 ya preveía una salida: el régimen contributivo subsidiado del artículo 7, con aporte del interesado y subsidio estatal. Lleva veinticinco años sin aplicarse, y no por falta de estudios: Díaz Santana reveló que en 2013 se hicieron tres a la vez: encargados por la SIPEN, por el CNSS a la OIT y por la OPS a técnicos chilenos. “Y esos también dieron un veredicto positivo”, dijo. Ninguno se aplicó.
Lo que todavía no sabemos:
No sabemos cuántos afiliados con saldo residen fuera del país ni cuánto suma ese saldo: justo lo que un tribunal ordenó entregar y aún no se ha entregado.
No sabemos cuánto se ha cobrado en comisiones sobre esas cuentas desde 2003. Ni la SIPEN, ni las memorias disponibles, ni las AFP publican ese dato desagregado.
Nos quedamos con una frase de Díaz Santana, que resume la realidad del emigrante: “Aquí la diáspora se mide nada más que por los dólares o los euros que envía”. Y nos regala una definición que describe la situación actual del Sistema Dominicano de Seguridad Social: “El Estado dominicano tradicionalmente ha sido muy mezquino. Pretende tener una ley de seguridad social universal, con el 100 % de la población, aportando menos del 3 % del PIB […]. El problema ha sido básicamente la falta de voluntad de las autoridades”.
La respuesta más inquietante llegó al preguntarle qué pasará con el sistema si la ley no se adapta a tiempo: “Colapsaría. Va a haber un caos aquí político, y posiblemente un compromiso de la gobernanza del país”. Cientos de miles de jubilados recibirán “migajas”, y el Estado “tendrá que salir huyendo por ahí a buscar unos cheles para completarles una pensión y tratar de sofocar ese incendio social”.
El experto nos alerta de que 1,3 millones de afiliados, solo el 38 % cotiza hoy: “Esa gente va a recibir miserias”. No serán unos pocos: “Aquí van a ser cientos de miles de gente al mismo tiempo protestando, moviéndose en todo el país, reclamando, exigiendo”.
República Dominicana reiteró este domingo su postura de impedir a la selección de fútbol y a clubes de Haití jugar en su territorio, luego de los incidentes suscitados el 1 de octubre cuando, previo al choque entre ambos combinados, se produjeron desórdenes atribuidos a aficionados haitianos en una de las puertas del Estadio Olímpico Félix Sánchez, en Santo Domingo.
El ministro de Deportes dominicano, Kelvin Cruz, dijo en un breve comunicado que la decisión tomada por las autoridades de su país se mantenía vigente.
Lo dicho por Cruz se produce después de que se anunciara en redes sociales que el equipo Violette haitiano enfrentará al Portmore United de Jamaica en el Cibao Fútbol Club, en Santiago (norte, la segunda ciudad del país), como parte de las semifinales de la Copa Caribeña de Fútbol (CFU) de la Concacaf.
El funcionario afirmó que enviará comunicaciones oficiales a la FIFA y a la Concacaf en las que dará a conocer la posición del país, con objetivo de que estas entidades rectores del fútbol mundial y regional reprogramen eventos en República Dominicana en los que participen representaciones haitianas.
Antes del partido del 1 de octubre, en el que Haití goleó por 4-1 a la selección dominicana, se produjeron incidentes que las autoridades dominicanas atribuyeron a aficionados haitianos que entraron por la fuerza a las instalaciones del Félix Sánchez, siendo repelidos varios de ellos por fuerzas de seguridad.
El encuentro, correspondiente a la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf, se jugó ante una afición mayoritariamente haitiana. En República Dominicana residen centenares de miles de ciudadanos del país fronterizo.
Polémica más allá de la cancha
Haití, que viene de participar en el Mundial de fútbol que se celebró en Estados Unidos, México y Canadá, impuso su mayor experiencia en el terreno, pero su delantero Wilson Isidor, autor de dos de los cuatro goles y delantero del Sunderland de la Premier League de Inglaterra, emitió unas breves declaraciones que causaron un revuelo más allá de la cancha.
Tras anotar el segundo de sus goles, Isidor dijo frente a las cámaras "La Hispaniola es Haití. Aquí es Haití", lo que provocó el rechazo inmediato de las autoridades dominicanas.
La Española es la isla caribeña que acoge a los dos países y República Dominicana obtuvo su independencia de Haití en 1844, pero las guerras posteriores se mantuvieron por 17 años.
Las relaciones entre ambos países han sido ríspidas a través de los años y en estos momentos el Gobierno dominicano ejecuta operativo de deportación masiva de haitianos que residen en el país en condición migratoria irregular.
La embajada de Haití en Santo Domingo se desmarcó de las declaraciones de Isidor, al emitir un documento el 2 de octubre en el que expresaba que los pronunciamientos del jugador "no reflejan de ninguna manera" la posición del Gobierno haitiano.
La representación diplomática reafirmó el compromiso de Haití de respetar plenamente la soberanía y la integridad territorial de República Dominicana, así como sus instituciones.
Lo dicho por Isidor generó una respuesta de condena prácticamente unánime en República Dominicana, cuyo gobierno ha advertido en múltiples ocasiones que la crisis institucional que afecta a su vecino es un "peligro latente" para su país y para toda la región.
La iniciativa promueve la conciencia ambiental, la participación comunitaria y el compromiso con la preservación de los espacios naturales
Santiago de los Caballeros, R.D. – Con el propósito de contribuir a la protección del medioambiente y fomentar una cultura de responsabilidad social, la Sociedad de la Palabra Multimedia realizó con éxito una jornada medioambiental de siembra de árboles en el área verde de la Junta de Vecinos de la Urbanización La Real.
La institución fungió como entidad gestora de la actividad, que contó con el acompañamiento de la Dirección de Recursos Medioambientales del Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros.
El director general de la Sociedad de la Palabra Multimedia, Lennys Tejada Betancourt, al pronunciar las palabras centrales, destacó que esta jornada forma parte del compromiso social y ecológico que caracteriza a la institución.
"Esta jornada es parte de la responsabilidad social de nuestra institución. En años anteriores hemos realizado jornadas como la limpieza en el río Yaque del Norte, siembras de árboles en el Jardín Botánico y otros lugares. Reafirmamos hoy nuestro compromiso con Santiago y con el medio ambiente", expresó Tejada Betancourt.
Tejada agradeció el respaldo del ingeniero Julio César Pérez, Director de Recursos Medioambientales del Ayuntamiento de Santiago, que encabeza el alcalde Ulises Rodríguez, por el apoyo brindado junto a su equipo de colaboradores, con la facilitación del espacio para la siembra, los árboles y las herramientas necesarias para la ejecución de la jornada.
La organización y ejecución de la actividad estuvo a cargo del Consejo Social de la Palabra Multimedia, coordinado por Wolfan Fabián, y conformado por Anaida Polanco, encargada de Relaciones Públicas; Mario Bolaños, auxiliar de tecnología; Yokatty Reyes, encargada de prensa; Yudelkis Santos, responsable de redes sociales y Víctor Hiciano, soporte técnico.
A la jornada se sumaron Héctor Torres, Director Nacional de Medio Ambiente de la organización "Somos una Comunidad que Avanza"; también Elizabeth Lahoz, Jenniffer Pérez Ediana Zorr
Las terminales turísticas de Puerto Plata y Pedernales recibieron 11 cruceros con un total de 45,627 pasajeros entre el 12 y el 15 de octubre, según datos de la Autoridad Portuaria Dominicana, elaborados a partir de reportes suministrados por las terminales.
Amber Cove registró seis embarcaciones con 27,707 pasajeros, mientras que Taíno Bay recibió cuatro cruceros con 13,628. En conjunto, ambas terminales de Puerto Plata concentraron 41,335 visitantes, equivalentes al 90.6 % del total reportado.
Por su parte, la terminal de Cabo Rojo, en Pedernales, recibió el crucero Freedom of the Seas, con 4,292 pasajeros.
El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, Alejandro Campos, destacó que la llegada de cruceros representa una oportunidad para generar ingresos a favor de pequeños y medianos negocios y extender los beneficios del turismo a las comunidades receptoras.
La institución estima que estas llegadas podrían generar US$4,562,700 para la economía de los destinos receptores, tomando como referencia un gasto promedio de US$100 por pasajero.
En Amber Cove atracaron los cruceros Carnival Celebration, con 5,980 pasajeros; Mardi Gras, con 6,161; Carnival Vista, con 4,667; Carnival Magic, con 4,152; Caribbean Princess, con 3,152; y Regal Princess, con 3,595.
En tanto, Taíno Bay recibió al Norwegian Luna, con 3,997 pasajeros; Adventure of the Seas, con 3,902; Celebrity Beyond, con 3,212; y Resilient Lady, con 2,517.
Con estas operaciones, las terminales de Puerto Plata y Pedernales continúan recibiendo visitantes internacionales, en un movimiento que representa oportunidades económicas para los negocios y las comunidades vinculadas a la actividad turística.
Santo Domingo, RD. –El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, reiteró este domingo que la selección nacional de fútbol de Haití y los clubes de ese país tienenprohibido disputar partidos en instalaciones deportivas de la República Dominicana. Esto tras los incidentes registrados el pasado primero de octubre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.
La decisión vuelve a cobrar relevancia ante la programación de un encuentro entre el Violette AC de Haití y el Portmore United de Jamaica en suelo dominicano.Dicho juego esta previsto para este martes 20 de octubre en el estadio Cibao Fútbol Club, en Santiago, como parte de las semifinales de la Copa Caribeña de la Concacaf.
Kelvin Cruz mantiene su posición sobre equipos haitianos
El funcionario recordó que el Ministerio de Deportes había establecido formalmente su postura luego de los incidentes ocurridos durante el enfrentamiento entre las selecciones nacionales de República Dominicana y Haití.
“Nosotros, como Ministerio de Deportes, dimos a conocer nuestra posición formal con relación a este tipo de eventos que involucren a Haití, debido a los incidentes registrados el pasado primero de octubre en el Estadio Félix Sánchez”, expresó Cruz.
Ministerio de Deportes notificará a FIFA y Concacaf
Kelvin Cruz informó que enviará una comunicación oficial a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y a la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) para explicar la decisión adoptada por las autoridades dominicanas.
El objetivo es evitar que futuros encuentros internacionales con participación de equipos haitianos sean programados en territorio dominicano y facilitar su reubicación en otras sedes.
La postura del Ministerio de Deportes cuenta con el respaldo del presidente Luis Abinader, quien apoyó públicamente la medida anunciada por Cruz.
Partido entre Violette AC y Portmore United genera expectativas
La ratificación de la prohibición se produce a pocos días del encuentro previsto entre Violette AC y Portmore United en Santiago.
La programación del partido ha generado interrogantes sobre su celebración en territorio dominicano, considerando la posición oficial del Gobierno.
Hasta el momento, la información suministrada no confirma una suspensión ni un cambio de sede del encuentro del próximo martes
La Vega.– El sector arrocero nacional expresó su respaldo unánime al Gobierno tras la derogación del decreto 693-24, relacionado con el tratamiento arancelario del arroz en el marco del DR-CAFTA, y manifestó su confianza en que la renegociación planteada por el presidente Luis Abinader permitirá alcanzar mejores condiciones para proteger la producción nacional y fortalecer su competitividad.
El respaldo se acordó tras tres horas de trabajo durante un encuentro encabezado por el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, en el Club Cerro Alto, en La Vega. En la reunión participaron representantes de distintas zonas del país, incluidos parceleros, molineros, productores de la reforma agraria y empresas de fertilizantes.
Al presentar las conclusiones, Espaillat aseguró que los controles para la entrada de arroz al país se mantendrán sin cambios. Esto, conforme al marco legal vigente, mientras se define el curso de la renegociación propuesta por el mandatario. También afirmó que el proceso contará con un diálogo permanente con los distintos actores de la cadena arrocera.
Productores de arroz apoyan derogación de decreto
Las autoridades y los representantes del sector se declararon en sesión permanente de trabajo para dar continuidad a las conversaciones.
“Al sector arrocero le transmitimos un mensaje de tranquilidad y confianza. El presidente Luis Abinader ha expresado su compromiso con la producción nacional, y desde el Ministerio de Agricultura asumimos la responsabilidad de traducir ese respaldo en diálogo, seguimiento y acciones concretas”, expresó Espaillat.
Marcos Rodríguez, presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (FENARROZ); Juan Pablo Pérez, presidente de la Asociación de Productores de Arroz del Nordeste (APRANO); Mandy Pimentel, presidente de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (ADOFA); Santos Paulino, presidente de la Reforma Agraria, y Manuel Núñez, presidente de la Asociación de Fabricantes, Representantes e Importadores de Productos para la Protección de Cultivos (AFIPA), coincidieron en que el momento actual exige unidad y consenso. Asimismo, destacaron que el presidente ha situado la renegociación como un punto central, lo que abre oportunidades para alcanzar mejores resultados para el sector.
“Tenemos desafíos, pero también oportunidades. El presidente Luis Abinader lo ha planteado y confiamos en sus palabras. Los productores lo que necesitamos es garantía, y eso es justamente lo que nos está dando el ministro por instrucciones del presidente”, aseguró Rodríguez.
Esperan mejores condiciones
En tanto, Mandy Pimentel afirmó que en ADOFA se sienten optimistas, al considerar que la derogación del decreto representa una oportunidad para impulsar una renegociación en mejores condiciones para la producción y la industria arrocera nacional.
Por su parte, el exministro de Agricultura Amílcar Romero, valoró la disposición del sector arrocero para mantener el diálogo y la concertación. Destacó la conciencia sobre los desafíos que enfrenta esta actividad y reconoció la claridad del presidente Luis Abinader en la conducción política del proceso. Los representantes de Fersan y Adobom expresaron opiniones similares.
El ministro de Agricultura estuvo acompañado por Luis Madera, viceministro de Seguimiento de la Presidencia. También Herminia Reyes, viceministra administrativa del Ministerio de Agricultura, Sandra Lara, del área de Planificación, Rafael Ortiz y Mirian Guzmán.
En el encuentro también participaron Santos Paulino, en representación de los productores de la reforma agraria; Agustín Báez, presidente de la Asociación de Productores de San Juan; Manuel Matos; Iván Tió, de la Línea Noroeste; Marcelo Reyes y Mauricio María, de San Francisco de Macorís; Wascar Sigoyen, por Dajabón, y Manito Despradel. También asistieron los presidentes de las cooperativas Coopearroz, Coopagro y Coopava. Por ADOFA, además de Pimentel, estuvieron Manolo Tavárez, Juan Manuel Portela y Heraldo Suero.
