La Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT) comenzó a aplicar aumentos en rutas urbanas, interurbanas y provinciales de Santiago y la región Norte, mientras el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) insiste en que no ha autorizado ningún reajuste, pero sin detallar todavía cómo impedirá que el cobro se mantenga en las calles.
El conflicto coloca al órgano rector del transporte ante una prueba directa de autoridad. La Ley 63-17 le otorga al INTRANT la competencia sobre el régimen tarifario del transporte público de pasajeros, pero la CNTT ya empezó a cobrar el aumento en varias rutas, según informó su presidente, Juan Marte.
En las rutas urbanas de Santiago, el pasaje pasó de RD$35 a RD$40, un incremento de RD$5. La organización no ha especificado públicamente el monto del reajuste aplicado en las rutas interurbanas y provinciales.
Marte informó que el reajuste alcanza entre 36 y 42 rutas de transporte. Según dijo, unas 22 o 23 comenzaron a cobrar desde el viernes, mientras otras se integrarían progresivamente. También afirmó que 22 rutas urbanas de Santiago ya forman parte del proceso y que espera que las siete restantes se sumen en los próximos días.
Respuesta del Intrant
El INTRANT, dirigido por Milton Morrison, respondió que no ha autorizado aumentos y recordó que ningún chofer, sindicato, federación, empresa o prestador del servicio puede modificar unilateralmente el precio del pasaje. La institución advirtió que cualquier incremento no aprobado constituye una violación a la Ley 63-17 y puede conllevar sanciones administrativas, incluyendo multas.
Sin embargo, la advertencia deja sin respuesta la parte más urgente del problema: qué hará el Intrant ahora que el aumento no es solo un anuncio gremial, sino una tarifa que ya se está cobrando a los usuarios.
Hasta el momento, la entidad no ha informado cuántos inspectores serán enviados a las rutas afectadas, cuáles paradas serán intervenidas, qué empresas o sindicatos serán fiscalizados, qué multas concretas se aplicarán ni dónde puede el ciudadano consultar la tarifa oficial vigente por ruta.
La exhortación del Intrant a que la ciudadanía no pague aumentos no autorizados también tiene un límite práctico. En un sistema donde el cobro se produce dentro de carros, guaguas y minibuses, pedirle al pasajero que se niegue a pagar más puede trasladarle una responsabilidad que corresponde al regulador.
Marte justificó el reajuste alegando que los costos operativos "se han tragado totalmente al transporte". Citó el encarecimiento de combustibles, repuestos, lubricantes, neumáticos y otros insumos necesarios para mantener las unidades en operación.
El dirigente también negó que la CNTT o sus afiliados reciban subsidios de combustible del Gobierno. "Yo en lo personal ni la institución nuestra recibe subsidios del Gobierno dominicano ni tiene ningún privilegio del Gobierno", expresó.
En sus declaraciones, Marte acusó además a sectores del Gobierno de enviar representantes de otras organizaciones del transporte para confrontar a la CNTT. No presentó pruebas de esa acusación, por lo que debe ser tratada como un señalamiento político del dirigente gremial.
Marte pidió que las autoridades envíen técnicos de tránsito y transporte para discutir una tarifa basada en costos. Según su planteamiento, el pasaje urbano debería costar RD$90 en Santiago y RD$112 en la capital. Esos montos, sin embargo, no fueron acompañados de una matriz pública de costos que permita verificar el cálculo.
Rutas impactadas
Entre las rutas interurbanas y provinciales mencionadas por la CNTT figuran Santiago–Puerto Plata, San José de las Matas–Santiago, Navarrete–Puerto Plata, La Sierra–Santiago, Maimón–Puerto Plata, Guananico–Puerto Plata, Imbert–Puerto Plata, Sabana Iglesia–Santiago, Hato del Yaque–Santiago y Pedro García–Santiago.
También aparecen rutas urbanas y empresas como Negrito Camaján, Ruta NC, Ruta L, Ruta P, Ruta PC, La Gallera, la Asociación de Choferes de Puñal Adentro, Ruta PA, Transporte Ortega de Moca, Ruta SP, Ruta F de Cienfuegos, Ruta HV, Ruta H, Ruta HB, Ruta G, Ruta E, Ruta CA y Canca–Tamboril.
El aumento tiene un impacto directo sobre los usuarios. Un alza de RD$5 puede parecer baja en un solo trayecto, pero para una persona que tome dos rutas de ida y dos de regreso representa RD$20 adicionales al día. En 20 días laborables, el gasto extra sería de unos RD$400 mensuales.
Para trabajadores, estudiantes y hogares donde varias personas dependen del transporte público, el reajuste de hecho puede convertirse en una presión relevante sobre el presupuesto familiar.
Otras organizaciones del transporte, como Conatra, han informado que mantendrán sin variación las tarifas del servicio, lo que deja a la CNTT en una posición de desafío frente al regulador y frente a otros gremios del sector.
El caso expone una debilidad recurrente del sistema de transporte público: la diferencia entre tener competencia legal y ejercer control efectivo. El Intrant puede recordar que solo esa entidad autoriza tarifas, pero si los pasajeros terminan pagando más sin que haya fiscalización visible, la autoridad reguladora queda debilitada.
La controversia también obliga a transparentar los costos del transporte. Si los gremios afirman que la tarifa actual es insostenible, deben presentar datos verificables sobre combustible, piezas, mantenimiento, seguros, financiamiento, cantidad de pasajeros por ruta y margen operativo. Pero si deciden aumentar sin autorización, corresponde al Intrant demostrar que su rol no se limita a emitir advertencias.
