La Policía Nacional informó que intervino un punto de venta de sustancias controladas en el sector Capotillo, en el Distrito Nacional, durante un operativo focalizado que dejó como resultado la detención de un hombre presuntamente vinculado a esta actividad ilícita
La acción fue efectuada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), adscritos al Departamento Operativo II de Investigaciones de Crímenes y Delitos contra la Propiedad (Robo), quienes se trasladaron a la calle 42, próximo al establecimiento conocido como “Drink 42”, donde, según informes, operaba el punto de distribución.
Durante la intervención, las autoridades ocuparon 12 porciones de un vegetal, presumiblemente marihuana; tres balanzas; tres máquinas tragamonedas y dos celulares, considerados como evidencias vinculadas al presunto negocio ilícito.
En el operativo fueron depuradas 15 personas. Como resultado, fue detenido Danny Feliz Vásquez, alias “Cataca”, de 23 años, quien no portaba cédula de identidad al momento de su arresto y a quien se le habría ocupado la sustancia controlada.
El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
Dentro de las nuevas estrategias de interdicción, encabezadas por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), para sacar de circulación los estupefacientes y armas de fuego, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), bajo la coordinación del Ministerio Público, han consolidado un enfoque estratégico integral para desmantelar los puntos de venta de narcóticos y atrapar a los individuos dedicados al delito del tráfico de sustancias controladas.
Durante el mes de abril, las autoridades ejecutaron 242 allanamientos estratégicos y múltiples intervenciones en zonas priorizadas, logrando la detención de 3,919 personas vinculadas a redes de microtráfico, lo que evidencia la efectividad de las operaciones dirigidas a desarticular estructuras criminales en todo el territorio nacional.
Como resultado de estas acciones, fueron retirados de circulación 783,082 gramos de distintas sustancias narcóticas, incluyendo 502,319 gramos de presunta cocaína, 266,736 gramos de marihuana, 13,192 dosis de crack, 817 gramos de hachís, 15.50 de tusi y 596 pastillas de éxtasis, representando un golpe directo a las redes de microtráfico que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana.
Las evidencias de los decomisos. (Fuente externa).
Las intervenciones también permitieron la incautación de 31 armas de fuego ilegales, así como 83 armas blancas, además de 24 vehículos y 145 motocicletas, utilizadas para actividades delictivas. A esto se suman 1,152 teléfonos celulares, 140 radios de comunicación, tres chalecos antibalas y 535 balanzas, junto a dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera.
“Estas cifras responden a una estrategia integral basada en inteligencia, planificación operativa y coordinación interinstitucional, que permite identificar y atacar de manera focalizada los puntos de distribución y almacenamiento de drogas en barrios y sectores vulnerables” señala el comunicado de prensa.
Kiev, Ucrania.– Ataques rusos con drones mataron a tres personas en Ucrania, que de su lado golpearon petroleros y mataron a dos personas en Rusia, afirmaron el domingo las autoridades de los dos países beligerantes.
Las negociaciones para terminar más de cuatro años de guerra están estancadas y ambas partes se lanzan a diario decenas o cientos de drones explosivos. Ataques rusos en la región de Odesa, en el sur de Ucrania, mataron a dos personas, entre ellos un camionero en un puerto, dijo el gobernador regional Oleg Kiper.
«Los drones enemigos golpearon tres edificios residenciales y otros dos resultaron dañados», aseguró en redes sociales.»Instalaciones y equipos de la infraestructura portuaria también resultaron dañados», agregó el responsable de esta región, clave en las exportaciones marítimas del país.
Por su parte, las autoridades en la región de Jersón, también en el sur, reportaron la muerte de otra persona por bombardeos rusos.
Según la fuerza aérea de Kiev, Rusia lanzó 268 drones y un misil balístico contra Ucrania durante la noche. De su lado, las fuerzas ucranianas atacaron con al menos 334 drones el territorio enemigo, dijo el Ministerio de Defensa ruso.
La región de Leningrado, en el noroeste, era el objetivo principal. Las terminales de exportación petrolera en esa zona han recibido numerosos ataques en semanas recientes. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reivindicó también un ataque. Un ataque contra dos petroleros de la flota fantasma rusa en el puerto de Novorosíisk, en el mar Negro.
Santo Domingo, República Dominicana. – Cada 3 de mayo, el mundo conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 a partir de una iniciativa de la Unesco. Esta jornada tiene como objetivo recordar la importancia de una prensa libre, independiente y pluralista como pilar esencial de toda sociedad democrática.
La efeméride también rinde homenaje a los periodistas que han perdido la vida en el ejercicio de su profesión y sirve como un llamado a los gobiernos para garantizar y respetar la libertad de expresión, reconocida como un derecho fundamental en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En términos históricos, esta celebración se inspira en la Declaración de Windhoek de 1991, un documento que subrayó la necesidad de medios libres y sin censura, especialmente en contextos donde el poder político o económico intenta controlar la información. Desde entonces, el Día Mundial de la Libertad de Prensa se ha convertido en un espacio para evaluar la situación del periodismo en el mundo y denunciar las amenazas que enfrenta.
Sin embargo, el contexto actual presenta desafíos cada vez más complejos. Informes recientes advierten que la libertad de prensa atraviesa uno de sus momentos más críticos en décadas.
La libertad de prensa en República Dominicana
En el contexto de la República Dominicana, la libertad de prensa ha experimentado avances importantes en las últimas décadas. Especialmente en términos de pluralidad mediática y acceso a la información. Sin embargo, persisten desafíos relacionados con presiones políticas. Además, concentración de medios y condiciones laborales de los periodistas, aspectos que suelen formar parte del debate público en el país.
Asimismo, la transformación digital y el auge de las redes sociales han abierto nuevos espacios de expresión. Pero también han traído retos como la desinformación y la necesidad de fortalecer la ética periodística. En este escenario, el Día Mundial de la Libertad de Prensa adquiere relevancia como recordatorio de que la defensa de este derecho requiere vigilancia constante. Además, compromiso institucional y una ciudadanía crítica e informada.
Treinta años después del asesinato que estremeció a la República Dominicana, Mario José Redondo Llenas, uno de los responsables del secuestro y homicidio del niño José Rafael Llenas Aybar, quedará en libertad el próximo 5 de mayo, tras cumplir la totalidad de su condena.
Con su salida de prisión se cierra formalmente uno de los procesos judiciales más impactantes del país. Sin embargo, el caso sigue abierto en la memoria colectiva, marcado por la traición familiar, la violencia contra la infancia y el cuestionamiento social sobre la reinserción de quienes cometieron crímenes de extrema gravedad.
Un crimen que marcó a la sociedad dominicana
El viernes 3 de mayo de 1996, Redondo Llenas y Juan Manuel Moliné Rodríguez, entonces de 19 y 18 años, sacaron al niño José Rafael Llenas Aybar de su residencia bajo el pretexto de llevarlo a una exhibición de motores en un supermercado de la capital.
La madre del menor, Ileana Aybar Nadal, autorizó la salida debido a la cercanía familiar con Redondo Llenas, primo del niño, y a la afición del menor por los motores. La única condición fue que regresara antes de las cinco de la tarde. Nunca volvió.
Horas después, la familia descubrió que la supuesta exhibición no existía. La búsqueda culminó en la madrugada del 4 de mayo, cuando la Policía Nacional halló el cuerpo del niño en el arroyo Lebrón, en el kilómetro 24 de la autopista Duarte.
El cadáver estaba envuelto en cinta adhesiva, con múltiples heridas de arma blanca y una incisión mortal en el cuello. El crimen causó conmoción nacional.
La investigación y las confesiones
Las pesquisas condujeron a Moliné Rodríguez y Redondo Llenas, quienes fueron detenidos el 5 de mayo de 1996 y confesaron su participación en el hecho.
Moliné explicó que el plan consistía en secuestrar al niño para exigir un rescate de unos diez millones de pesos. Según su relato, el menor fue atado y colocado en el baúl del vehículo, y posteriormente asesinado.
Redondo Llenas admitió su participación en el homicidio. Con el tiempo, ofreció versiones contradictorias sobre el motivo del crimen, que incluyeron conflictos familiares y supuestas influencias externas, ninguna de las cuales fue probada judicialmente.
El proceso judicial
Ambos imputados fueron condenados inicialmente a 30 años de prisión en 1998. Posteriormente, en 2002, la Corte de Apelación ratificó la condena de 30 años para Redondo Llenas y redujo a 20 años la de Moliné Rodríguez. La Suprema Corte de Justicia confirmó las sentencias. Moliné Rodríguez fue liberado en 2016 tras cumplir su condena. Redondo Llenas, quien en 2013 solicitó libertad condicional sin éxito, permanecería en prisión hasta completar los 30 años impuestos.8
El debate que permanece
La defensa de Redondo Llenas sostiene que el condenado sale de prisión “transformado”, tras estudios académicos, terapias psicológicas y un proceso de formación personal durante su reclusión. Sin embargo, la familia de la víctima y sectores de la sociedad cuestionan la posibilidad de rehabilitación plena en casos de crímenes de tal magnitud.
Para muchos dominicanos, la liberación del último condenado no representa el cierre del caso, sino la reapertura de una herida moral que nunca terminó de sanar.
El asesinato de José Rafael Llenas Aybar sigue siendo símbolo de una tragedia que trascendió lo judicial y se instaló en la conciencia colectiva: la ruptura de la confianza familiar, la violencia contra un niño y la incertidumbre sobre si la justicia puede reparar, aunque sea parcialmente, un crimen que marcó a toda una nación.
Quitarle un 50% de los recursos a los partidos políticos no solo es correcto, es necesario. En medio de una crisis internacional que amenaza con golpear la economía dominicana, reducir el financiamiento público a estructuras partidarias sobredimensionadas, opacas y poco fiscalizadas no debería siquiera ser un debate. Debería ser una obligación.
No estamos en un año electoral. No existe razón válida para que los partidos continúen recibiendo fondos como si el país estuviera en campaña permanente. Mucho menos cuando durante años han administrado miles de millones de pesos del contribuyente sin que la sociedad dominicana tenga claridad real sobre el destino de esos recursos.
Ahí está el fondo del problema.
En República Dominicana los partidos han sido financiados con dinero público bajo el argumento de fortalecer la democracia, institucionalizar la vida política y garantizar mayor equidad en la competencia electoral. En teoría suena bien. En la práctica, ha servido para sostener estructuras cerradas, poco transparentes y cada vez más alejadas de la ciudadanía.
Los partidos nunca han explicado con claridad qué hacen con ese dinero. No existe una cultura real de rendición de cuentas sobre esos fondos. No hay trazabilidad suficiente ni mecanismos eficaces para que el ciudadano sepa en qué se invierte el dinero que sale de sus impuestos para sostener estructuras políticas que, en demasiados casos, solo se activan para negociar poder, cuotas y candidaturas.
La Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación Dominicana valoró los avances de la Evaluación de Desempeño Docente y expresó su respaldo al proceso, al tiempo que exhortó a los técnicos docentes a mantener altos niveles de calidad, ética y compromiso en la fase de observación de clases.
En ese contexto, la Comisión Nacional Rectora de la Evaluación de Desempeño Docente informó que este martes 5 de mayo iniciará la sexta etapa del proceso, considerada clave para valorar la práctica pedagógica en condiciones reales de aula.
La organización destacó que el proceso se ha desarrollado conforme a lo previsto, con una amplia participación del magisterio y el cumplimiento satisfactorio de las fases anteriores.
Asimismo, subrayó que la observación de aula debe ejecutarse con rigor técnico, ética profesional y responsabilidad, garantizando la objetividad en la evaluación. Indicó que cualquier eventualidad operativa será atendida de manera oportuna para asegurar el correcto desarrollo de esta etapa.
De su lado, la Comisión Nacional Rectora reiteró que esta fase se realizará según el cronograma establecido, bajo condiciones organizativas y operativas que respaldan su adecuada implementación, al tiempo que llamó a todos los actores involucrados a mantener el enfoque, la disciplina y el compromiso necesarios.
La fase de observación de clases constituye un componente esencial del proceso de evaluación, al permitir una valoración directa del desempeño docente y contribuir al fortalecimiento de la calidad educativa en el país.
Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), arrestaron a ocho hombres de distintas nacionalidades, vinculados al decomiso de 1,670 paquetes de cocaína, con un peso total de 1,707.92 kilogramos, en costas de la provincia de Pedernales.
Los detenidos son los venezolanos Pedro Marcano Larosa, Jeorge Luis Espina Vilchez, Yoenny Yaguar Ugaz, Auderma José Salazar y/o Douglas Enmanuel Gutiérrez, Ronni Jose López, y el colombiano Erick González González. Todos apresados mediante orden judicial en el Vacacional de Haina.
Simultáneamenteen en el sector La Placeta, provincia de Azua, apresaron a los dominicanos Juan Daniel Cuevas y Wilbert Orlando Medina Medina vinculados en el mismo caso.
El cargamento de cocaína fue ocupado en las costas de la provincia Peravia, en un trabajo conjuto de los organismos de seguridad de la República Dominicana, la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Los detenidos, cinco venezolanos, un colombiano y dos dominicanos fueron trasladados bajo un amplio dispositivo de seguridad hacia la provincia de Pedernales para los fines legales correspondientes
El presidenteLuis Abinaderdesignó mediante eldecreto 298-26unaComisión de Veeduría Ciudadanapara supervisar el proceso de licitación de cara al proyecto de diseño y construcción de la carretera que conectará la circunvalación norte de Santiago y la vía Puerto Plata–Sosúa, conocida comoAutopista del Ámbar, comunicó la Presidencia este sábado.
El comité estará integrado por el obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, Jesús Castro Marte; Franklin Báez Brugal; Pedro Silverio y José Radhames García González, quienes tendrán la responsabilidad de vigilar, dar seguimiento y monitorear el desarrollo del proceso de licitación.
Además, el decreto firmado el 1 de mayo de 2026 y dado a conocer este día 2, establece que la medida tiene el objetivo de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el control social en un proceso de contratación considerado de alto impacto para la conectividad territorial y el desarrollo económico del país.
Funciones y responsabilidades de la Comisión
De acuerdo con la orden ejecutiva, este órgano podrá recibir observaciones, denuncias y sugerencias de ciudadanos, proveedores y organizaciones, así como emitir informes de seguimiento con hallazgos que podrán ser incorporados al expediente administrativo del proceso.
Asimismo, establece que las instituciones involucradas, incluyendo el Ministerio de Obras Públicas y el Fideicomiso RD Vial, deberán facilitar a la comisión el acceso a la información relacionada con el proceso, conforme a las disposiciones legales vigentes.
El documento, además, precisa que el órgano tendrá carácter estrictamente observador y no intervendrá en las competencias del Comité de Compras y Contrataciones ni en la evaluación de ofertas.
El Ministerio Público (MP) informó el arresto de Joan Fernando González Contreras, vinculado a una presunta estafa inmobiliaria relacionada al proyecto West Side Residences Punta Cana, de la constructora Paceo.
El órgano acusador, indicó que al imputado, relacionado a la referida constructora, se le depositará medida de coerción en las próximas horas ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.
EL arresto de González Contreras se realizó en cumplimiento con la orden de arresto No. 2025-AJ0007854 y con el trabajo conjunto de Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados del Ministerio (Ucaprec) y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
El MP fue apoderado de la investigación de una querella, interpuesta en fecha 3 de julio de 2024, por el señor Holger Ariosto León Rivas, en contra del Grupo Paceo LLC y del imputado González Contreras por la presunta comisión del tipo penal previsto en el artículo 405 del Código Penal Dominicano, que tipifica y sanciona la estafa.
El caso
Según el MP, el señor León Rivas hizo negociaciones con la constructora para la adquisición de una de las villas que estaban siendo construidas en el proyecto llamado West Side Residences Punta Cana.
La villa sería adquirida con un monto de ciento diez mil dólares americanos, los cuales debían ser pagados en un plazo de dos años.
El órgano acusador sostiene que la víctima comenzó a realizar los pagos en fecha 21 de octubre del 2019, realizando un primer pago por cinco mil novecientos dólares americanos (US$5.900), así como otro por cinco mil dólares americanos (US$5,000) por concepto de abono para comenzar el proyecto.
En ese sentido la acusación agrega que tiempo después León Rivas procedió a realizar otros pagos por la suma de mil ochocientos diecisiete dólares americanos (US$1,817), por concepto de otro abono, realizando dichos pagos mediante transferencias a una cuenta de una entidad bancaria.
El MP añade que tras el inicio de las negociaciones a la víctima le enviaban vídeos del proyecto, pero en octubre del 2021, la constructora Paceo, LLC, dejó de enviar los audiovisuales, así como también los recibos por concepto de pagos.
Ante la situación, la presunta víctima le solicitó a un amigo que fuera a ver el proyecto, donde le mostraron una villa que presuntamente era la que había negociado, por lo que continuó realizando los pagos. Posteriormente, cuando los abogados del afectado fueron al lugar a verificar el proyecto, pudieron establecer que este no existe, por lo que León Rivas procedió a interponer la querella.
