Hoy, el ahorro previsional —que en pocos años deberá sostener la vida de millones de afiliados— entra de forma creciente en estructuras privadas diseñadas para captar capital. El resultado es un nuevo mapa: el dinero de los trabajadores financia empresas, plazas comerciales, proyectos industriales, estructuras fiduciarias y emisiones corporativas. El afiliado sigue viendo una cifra final, mientras sus recursos se mueven dentro de un sistema cada vez más sofisticado.
Par entender lo que ocurre, hay que reconstruir esa ruta. No desde el discurso institucional, sino desde las estructuras concretas que han permitido a distintos grupos empresariales acceder al ahorro previsional. Esa reconstrucción exige detenerse en cada modelo, explicar su lógica interna y traducir su impacto al lenguaje del ciudadano que, sin intervenir en las decisiones, financia esta transformación.
EL PUNTO DE PARTIDA: MÁS ALLÁ DE LO TRADICIONAL
El cambio no ocurrió de un día para otro. Partió de una premisa técnica: los fondos de pensiones crecieron hasta necesitar nuevas alternativas capaces de absorber sus recursos.
En ese contexto aparecieron los vehículos estructurados: fideicomisos, fondos de inversión y emisiones corporativas. No representaron una ruptura, sino una transición hacia instrumentos que, dentro de los límites regulatorios, buscan equilibrar riesgo y rendimiento.
Pero lo que comenzó como diversificación se convirtió también en una puerta de entrada al financiamiento del sector privado. Esa puerta del ahorro previsional ha adoptado distintas formas. Cada una ofrece una vía para generar rendimiento, pero también impone condiciones y riesgos diferentes al momento de recuperar el capital. Los casos siguientes muestran cómo funcionan esas estructuras con el dinero de los trabajadores.
EL MODELO DE DEUDA: EL ACCESO SILENCIOSO
El primer modelo de acceso es también el más discreto. No suele generar titulares ni debates públicos, pero conserva una estructura conocida por el sistema: la deuda corporativa.
Aquí se ubica el ecosistema vinculado a Ingeniería Estrella, Acero Estrella y Consorcio Minero Dominicano.
El mecanismo es directo: las empresas emiten bonos, el mercado los autoriza y las AFP los adquieren con recursos de los fondos. El afiliado, sin decidirlo, se convierte en acreedor indirecto.
Aquí no existe participación en el negocio ni acceso directo a sus utilidades. Lo que hay es una promesa de pago: intereses periódicos y devolución del capital al vencimiento. Es una lógica cercana a la inversión tradicional del sistema, pero trasladada al sector privado.
En el caso de Grupo Estrella, la cartera oficial de los fondos de pensiones al 30 de junio de 2026 muestra una exposición de RD$7,118.2 millones, distribuida entre Acero Estrella (RD$1,737.9 millones), Ingeniería Estrella (RD$2,376.8 millones) y Consorcio Minero Dominicano (RD$3,003.5 millones).
El dato más revelador no es solo el monto, sino la diversidad del acceso. El grupo participa mediante empresas de construcción, industria y minería: sectores distintos, instrumentos similares y una misma fuente de financiamiento. No parece una operación aislada, sino una estrategia de acceso al mercado de valores.
Para el trabajador, esto significa algo concreto: una parte de su dinero está prestada a empresas que operan en sectores clave de la economía. Si cumplen, el fondo recibe los intereses pactados; si enfrentan dificultades, el riesgo recae sobre el ahorro invertido.
Hay un detalle técnico que cambia la forma de entender ese riesgo: estos bonos no tienen una garantía específica. En el lenguaje del mercado se denominan quirografarios.
Esto significa que detrás de esos RD$7,118.2 millones no existe un activo determinado puesto como respaldo. El pago depende de que cada empresa genere dinero suficiente para cubrir los intereses y devolver el capital.
Los prospectos de emisión de Acero Estrella, Ingeniería Estrella y Consorcio Minero Dominicano lo indican expresamente: ninguna emisión cuenta con una garantía específica y todas constituyen una acreencia quirografaria frente al emisor. El fondo solo dispone de la prenda común sobre los bienes de la empresa reconocida por el artículo 2093 del Código Civil dominicano; es decir, no posee una prioridad especial de cobro.
En términos sencillos:
- si la empresa cumple, el fondo recibe los intereses y recupera el capital;
- si la empresa enfrenta problemas, no existe un bien específico que el fondo pueda ejecutar;
Esto no significa que la inversión sea mala. La deuda sin garantía específica es común y legítima en el mercado, y las tres empresas mantienen calificaciones en el rango A, sustentadas en una trayectoria sólida. El punto es otro: la protección depende de la solvencia del emisor, no de un activo reservado para responder por la deuda.
CUANDO EL AHORRO TE CONVIERTE EN ACCIONISTA
El sistema da un giro cuando entra en la renta variable directa. El caso emblemático es César Iglesias.
Aquí ya no se trata de prestar dinero, sino de participar en el capital de una empresa. Las AFP adquieren acciones con recursos de los fondos y convierten a los afiliados en accionistas indirectos. Esto abre la posibilidad de mayores rendimientos, pero también introduce la volatilidad del mercado y el riesgo de no encontrar compradores cuando se quiera vender.
En agosto de 2023, las AFP compraron 27,104,859 acciones de César Iglesias por RD$3,492 millones, a RD$128.84 por acción. Después de alcanzar cerca de RD$170 en la etapa inicial, el precio riñó hacia la zona de RD$100 a RD$105 durante 2024 y 2025. En febrero de 2026 tocó un mínimo de RD$74 —una caída de más del 26% en menos de 48 horas— y luego se recuperó hasta RD$107 al cierre de abril. Entre el 1.º de mayo y el 16 de junio se negoció en un rango de RD$104 a RD$110, con un promedio ponderado por volumen de RD$106.27.
Pero hay un dato que cambia la lectura. Mientras la acción se negociaba entre RD$104 y RD$110, la cartera oficial mantuvo la posición previsional en RD$3,742.1 millones entre enero y junio de 2026, equivalente a unos RD$138 por acción. El valor registrado permaneció por encima del precio observable en las operaciones del mercado secundario.
Esto no significa, por sí solo, que el afiliado haya ganado esa diferencia. Lo que existe es una distancia entre el valor con que la posición aparece registrada y el precio en un mercado de poca negociación. La ganancia o la pérdida definitiva solo se conocería al vender, y una posición de ese tamaño parecería no poder liquidarse rápidamente.
Ahí aparece un problema más profundo que una caída puntual del precio: el mercado secundario no tiene suficiente movimiento para absorber con rapidez la posición previsional.
En términos sencillos:
- el dinero de los afiliados está colocado en una acción cuyo precio de mercado ha variado;
- el valor registrado en la cartera no coincide necesariamente con el precio al que se realizan las pocas operaciones disponibles;
- y vender una cantidad tan grande podría tomar tiempo o exigir aceptar un valor más bajo.
Ese es el principal riesgo: las acciones pueden tener un valor registrado, pero convertirlas en dinero no es fácil. Si el fondo necesitara venderlas, podría no encontrar compradores rápidamente o tendría que aceptar un precio menor.
EL MODELO INMOBILIARIO: SOSTENIDO POR ALQUILERES
El modelo inmobiliario introduce una estructura más compleja. En lugar de prestar dinero a una empresa o comprar sus acciones, los fondos adquieren una participación en un fideicomiso respaldado por inmuebles.
Así funciona el Fideicomiso de Oferta Pública Multiplaza FR No. 02. Grupo Ramos transfirió a esa estructura activos como Multiplaza Higüey y Multiplaza La Romana. El fideicomiso emitió valores cuyo rendimiento depende de los alquileres generados por esas plazas.
En abril de 2026 se realizó una colocación de RD$5,231.02 millones, dentro de un programa aprobado de hasta RD$6,220 millones y con una calificación A+fo(N) de Feller Rate. Al 30 de junio, los fondos de pensiones mantenían RD$999.99 millones, alrededor del 19% de la colocación.
Pero aquí aparece una paradoja del sistema: ningún peso de los RD$999.99 millones invertidos en Multiplaza salió de los fondos de capitalización individual de los trabajadores. Toda la inversión fue realizada con recursos del Fondo de Solidaridad Social.
Ese fondo fue creado para completar la pensión mínima de los afiliados de bajos ingresos que llegan a los 65 años con al menos 300 cotizaciones, pero cuyo ahorro individual resulta insuficiente. Es el respaldo colectivo de quienes menos han podido acumular. Y una parte de ese respaldo está invertida en dos centros comerciales.
Esto significa que recursos destinados a completar pensiones mínimas quedaron vinculados al desempeño de las plazas. Una vez colocados en el fideicomiso, su rendimiento depende de los alquileres y su recuperación, del valor que mantenga la inversión.
El fideicomiso recibe los alquileres y descuenta los gastos de operación y administración. Para generar rendimiento, los locales deben permanecer ocupados, los inquilinos pagar y renovar sus contratos, y los inmuebles conservar su valor.
El riesgo aparece al momento de recuperar el capital. Si el Fondo de Solidaridad Social necesita el dinero antes de la liquidación del fideicomiso, tendría que vender su participación. La recuperación dependerá de que encuentre un comprador y del precio que este ofrezca. Una caída de los alquileres, la ocupación o el valor de los inmuebles podría retrasar la venta o reducir el monto recuperado.
La fortaleza de la empresa vinculada no elimina ese riesgo. La pregunta no es solo cuánto puede ganar el fondo, sino cómo, cuándo y en qué condiciones podrá recuperar los recursos invertidos.
RICA: LAS ACCIONES DETRÁS DEL FIDEICOMISO
El caso de Pasteurizadora Rica introduce otro tipo de inversión: el fideicomiso accionario.
El dinero de los trabajadores no se entrega como préstamo ni se invierte directamente en productos o instalaciones. Se utiliza para adquirir una participación en un fideicomiso que posee acciones de Pasteurizadora Rica. Al 30 de junio de 2026, los fondos de pensiones mantenían RD$11,305.1 millones en esta estructura.
El rendimiento depende de los dividendos que distribuya la empresa y del valor que alcancen sus acciones. Pero Rica no está obligada a devolver ese capital en una fecha determinada, porque no recibió un préstamo.
Si las AFP quieren recuperar el dinero antes del vencimiento del fideicomiso, deben vender su participación a otro inversionista. La recuperación dependerá de que exista un comprador y del precio que esté dispuesto a pagar. Si la demanda es baja, podrían tener que esperar o vender por menos de lo esperado.
La otra alternativa es conservar la inversión hasta su liquidación, prevista para culminar en 2049. En ese momento, las acciones deberán venderse y el resultado se distribuirá entre los inversionistas.
El riesgo es claro: la inversión puede aumentar de valor en los registros, pero el dinero solo se recupera cuando alguien compra la participación o las acciones son finalmente vendidas.
| Estructura / Emisor | Ene | Mar | Jun | Instrumento |
| Grupo Estrella (Acero + Ingeniería + CMD) | 7,166.0 | 7,130.3 | 7,118.2 | Bonos (A) |
| César Iglesias, S.A. | 3,742.1 | 3,742.1 | 3,742.1 | Acciones (AA) |
| Valores Accionarios Rica 03-FU | 9,596.0 | 10,914.3 | 11,305.1 | Fideic. (AA) |
| Fideicomiso Multiplaza FR No. 02 | — | — | 1,000.0 | Fideic. (A) |
| TOTAL exposición previsional | 20,504.1 | 21,786.7 | 23,165.4 | |
¿CHILE, UN EJEMPLO?
Chile implantó la capitalización individual en 1981 y convirtió el ahorro obligatorio de los trabajadores en una fuente de capital para su mercado financiero. Durante décadas, las AFP colocaron esos recursos en bonos bancarios y corporativos, acciones y otros instrumentos. Según el tipo de operación, las grandes empresas obtuvieron financiamiento, liquidez o respaldo de capital proveniente de los fondos de pensiones.
El modelo logró acumular e invertir enormes recursos, pero esa capacidad no se tradujo automáticamente en pensiones suficientes. Ahí se concentra la crítica de Luis Mesina, referente del movimiento No + AFP: “el dinero pertenece a los trabajadores, pero las decisiones sobre su destino quedan en manos de las administradoras. Las empresas reciben recursos para financiarse y crecer; el trabajador asume el riesgo de la inversión y solo conoce el resultado cuando se refleja en su cuenta o en la pensión que finalmente recibe”.
La comparación con República Dominicana surge de esa misma distancia. Aquí, el ahorro previsional también financia bonos empresariales, acciones, fideicomisos y fondos de inversión. Las corporaciones pueden obtener capital, desarrollar proyectos o convertir activos en instrumentos negociables, mientras el afiliado no decide dónde se colocan sus recursos ni recibe una explicación sencilla de los riesgos asumidos en su nombre.
El riesgo no está en que los fondos se inviertan: invertir es necesario para generar rendimiento. La advertencia aparece cuando el sistema demuestra mayor capacidad para movilizar el ahorro hacia las empresas que para garantizar pensiones suficientes. Chile terminó reforzando la protección estatal y solidaria. República Dominicana todavía enfrenta la pregunta que marcó aquel debate: ¿el sistema está diseñado principalmente para asegurar buenas inversiones o para asegurar buenas pensiones?
Al final queda una contradicción difícil de ignorar: el ahorro sale obligatoriamente del salario de los trabajadores y puede financiar durante años a grandes empresas, pero permanece cerrado para quien lo aportó. El afiliado no puede retirarlo libremente, usarlo como garantía, pedir prestado con cargo a su cuenta ni decidir que financie su vivienda, su pequeño negocio o una urgencia. Si necesita dinero, debe buscarlo fuera del sistema y aceptar las tasas y condiciones del mercado. Proteger las pensiones exige controles y límites, pero esa necesidad no borra el desequilibrio: las empresas que califican acceden al capital de los trabajadores, mientras sus verdaderos propietarios solo pueden observar cómo se invierte y esperar décadas para recibirlo. El dinero lleva su nombre, pero la puerta permanece cerrada para ellos.
LA PREGUNTA FINAL
El sistema avanza a dos velocidades.
Las grandes empresas aprendieron a diseñar estructuras, entrar al mercado y captar miles de millones del ahorro previsional. Se mueven con ingeniería financiera, acceso y velocidad.
El afiliado, en cambio, permanece lejos de las decisiones tomadas con su dinero.
La experiencia chilena deja una advertencia: la capacidad de movilizar grandes volúmenes de ahorro hacia el mercado no garantiza, por sí sola, pensiones suficientes. La sofisticación necesita transparencia, liquidez y protección efectiva para el afiliado.
En República Dominicana, el sistema avanzó en la complejidad de las inversiones, pero todavía muestra brechas en esas otras dimensiones. El problema aparece cuando ese avance no cierra tres brechas críticas:
- liquidez real: capacidad de convertir una inversión en dinero sin destruir su valor;
- trazabilidad: posibilidad de saber dónde está y cómo rinde cada peso;
- alineación con el afiliado: que el trabajador entienda el sistema y pueda confiar en él. i
Cuando esas tres piezas no están completas, el riesgo deja de ser únicamente financiero. Porque, al final, un fondo de pensiones no se mide solo por cuánto invierte, sino por el rendimiento neto que genera y la pensión que puede financiar.
Y ahí la pregunta deja de ser teórica: ¿estas decisiones están construyendo pensiones suficientes o están comprometiendo la capacidad real de los afiliados para recibir un ingreso digno cuando llegue el retiro?
