El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) presentó una propuesta para sustituir el actual marco legal del sector, vigente desde 1998, por una Ley General de Telecomunicaciones, Infraestructura Digital y Conectividad, que incorpora nuevas reglas para redes, infraestructura, espectro radioeléctrico, competencia y protección de los usuarios.
La propuesta parte de una realidad que ya no es la misma de hace casi tres décadas. La infraestructura de telecomunicaciones ahora incluye fibra óptica, redes móviles de nuevas generaciones, comunicaciones satelitales, cables submarinos y centros de datos, elementos que no formaban parte del escenario tecnológico cuando fue promulgada la Ley 153-98.
La presentación estuvo a cargo de Fausto Rosario Adames, miembro del Consejo Directivo del Indotel, quien explicó que uno de los puntos que el nuevo proyecto busca delimitar es el ámbito de actuación del regulador.
De acuerdo con la propuesta, la regulación se concentraría en redes, servicios, infraestructuras y recursos vinculados funcionalmente a las telecomunicaciones, dejando fuera los contenidos, el comercio electrónico y las plataformas digitales que no tengan una vinculación funcional con el sector.
El proyecto también plantea modificar la forma en que se autorizan las operaciones de telecomunicaciones mediante una concesión única, además de crear una ventanilla electrónica para facilitar los procesos relacionados con el despliegue de infraestructura.
Otro de los cambios planteados es promover la compartición de redes y fortalecer las reglas de competencia, mientras se establece una gestión del espectro radioeléctrico orientada a un uso más eficiente de este recurso.
Más obligaciones frente a los usuarios
La propuesta también amplía las disposiciones relacionadas con los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.
Entre los aspectos incluidos figuran reglas sobre calidad y continuidad del servicio, información al usuario, facturación transparente, portabilidad numérica, accesibilidad para personas con discapacidad y mecanismos de reclamación.
El proyecto incorpora además un régimen sectorial de ciberseguridad dirigido a proteger la integridad y continuidad de las redes y de la infraestructura digital necesaria para su funcionamiento.
El documento todavía no ha llegado al Congreso Nacional.
Rosario Adames informó que la propuesta fue remitida a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y que el Indotel desarrollará un proceso de consultas antes de enviarla al Poder Legislativo. En esas discusiones participarían empresas operadoras, usuarios, académicos, expertos, emprendedores y organizaciones de la sociedad civil.
La intención, según explicó el funcionario, es que el texto que eventualmente llegue al Congreso sea el resultado de ese proceso de discusión.
En la presentación participaron representantes de empresas y organizaciones del sector, entre ellas Claro, Altice, Trilogy, OneMax, Wind Telecom, Columbus, ADORA y COMTEC, además de funcionarios y miembros del Consejo Directivo del Indotel.
