La Cámara de Diputados aprobó este sábado en primera discusión las modificaciones propuestas al nuevo Código Penal, con un total de 32 cambios realizados a 24 artículos de la Ley 74-25, previo a su entrada en vigencia prevista para agosto.
La decisión fue tomada luego de que los legisladores acogieran el informe presentado por la comisión bicameral que estudió la pieza legislativa. La bancada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados respaldaron las modificaciones, mientras que la Fuerza del Pueblo (FP) votó en contra.
Entre los artículos modificados figuran disposiciones relacionadas con el hostigamiento, difusión de contenido sin consentimiento, difamación, perjurio, proxenetismo, malversación de fondos públicos y responsabilidad penal de personas jurídicas.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, convocó una nueva sesión para este lunes a las 2:00 de la tarde, cuando el proyecto será conocido en segunda discusión. De ser aprobado nuevamente, deberá regresar al Senado de la República para completar el trámite legislativo antes de ser remitido al Poder Ejecutivo.
Durante el debate, la Fuerza del Pueblo planteó posponer la aplicación del Código Penal y abrir un diálogo con diversos sectores sociales, propuesta que no fue acogida por la mayoría oficialista.
Por su parte, legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) decidieron abstenerse de votar, debido a que el proyecto mantiene fuera la despenalización del aborto bajo las tres causales.
Entre los cambios aprobados se encuentra la modificación del artículo 192 sobre difusión de audios o imágenes sin consentimiento, con ajustes relacionados con el ámbito privado y la expectativa de confidencialidad. También se reducen algunas sanciones por delitos como perjurio y difamación, mientras se establecen nuevas disposiciones para proteger expresiones relacionadas con denuncias de corrupción y asuntos de interés público.
Además, el artículo sobre bullying pasa a denominarse hostigamiento, mientras que el hostigamiento cibernético requerirá una conducta reiterada y sistemática para ser considerado delito.
Otros ajustes contemplan aumentos de penas para delitos como acoso agravado, proxenetismo y malversación de fondos públicos, esta última con una sanción que podría elevarse hasta diez años de prisión.
En total fueron modificados 32 artículos, 24 en la Comisión y 8 en el pleno.
Previo a la aprobación, fue leído íntegramente el informe que presentó la Comisión Bicameral, presidida por el diputado Wandy Batista y se llevó a cabo un amplio debate con la participación de decenas de diputados de diferentes bancadas políticas.
Un informe disidente presentado por la bancada de diputados de la Fuerza del Pueblo fue rechazado con una votación de 104 diputados en contra y 18 a favor.
Luego de la aprobación en primera discusión, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que la segunda discusión se dará el próximo lunes.
El líder de los diputados valoró el arduo trabajo de la Comisión Bicameral. “Hoy estamos en un momento histórico, porque estamos ante la posibilidad de mejorar y solucionar una gran cantidad de inquietudes que ha tenido la sociedad dominicana y que con mucho esfuerzo hemos llegado hasta aquí y tendremos la oportunidad de colocarlas en el nuevo Código Penal que deberá entrar en vigor a principios del mes de agosto”.
En las motivaciones, el informe expresa que tras la promulgación de la Ley Orgánica que instituye el Código Penal de la República Dominicana, diversos sectores de la sociedad dominicana, incluyendo operadores del sistema de justicia, gremios profesionales, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en general, han expresado inquietudes y preocupaciones respecto de determinadas disposiciones contenidas en dicho texto legal.
En ese sentido, se consideró conveniente que el Congreso Nacional realice una revisión de aquellos aspectos que han generado dudas interpretativas, debates jurídicos o cuestionamientos sobre sus posibles efectos en la aplicación de la norma.
Además, el informe manifiesta que la función legislativa no concluye con la aprobación de una ley, sino que comprende igualmente la responsabilidad de evaluar sus resultados, identificar las oportunidades de mejora que surjan durante su implementación y adoptar las modificaciones que resulten necesarias para fortalecer su contenido, corregir posibles imprecisiones, armonizar sus disposiciones con el resto del ordenamiento jurídico y garantizar una aplicación uniforme, eficaz y acorde con los principios constitucionales que rigen el sistema jurídico nacional
