La contabilidad pública permite a las instituciones manejar cientos de miles de tickets y galones de combustible con escasos controles, lo que deriva en el uso discrecional de cuantiosos recursos que escapan al escrutinio público.
Este beneficio se entrega directamente desde tanques ubicados dentro de la institución, por medio de tarjetas recargables, como un aporte adicional al salario o a través de tickets. Estos últimos son pequeños volantes que permiten al portador abastecerse en las estaciones y los montos indicados.
Los auditores de la Cámara de Cuentas y de la Contraloría General de la República encontraron entidades que gastan este subsidio sin dejar constancia de quién lo recibe, lo asignan a empleados a quienes no les corresponde o lo entregan en cantidades que exceden el límite legal y que incluso pueden triplicar el salario del beneficiario.
Investigaciones publicadas por la Contraloría en el 2022 dimensionan cuán extendidas están estas prácticas, con irregularidades detectadas por más de 108 millones de pesos en nueve instituciones auditadas: ministerios de la Juventud, de Relaciones Exteriores (Mirex) y de Deportes (Miderec); la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd); el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep); el Ayuntamiento de Pedro Brand; el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie); la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia) y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
La Contraloría asegura haber remitido sus hallazgos al Ministerio Público, pero no especifica cuáles casos. Lo que sí se sabe es que ninguno ha derivado en acciones penales hasta la fecha.
Los tanques
Muchas instituciones optan por despachar combustible desde tanques propios, un mecanismo que se vulnera con frecuencia, según revelan las auditorías.
Un ejemplo fue el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), donde se encontraron 464.53 galones de gasoil en el depósito que no figuraban en el sistema contable, para una diferencia estimada en 111,998.18 pesos.
Tras el levantamiento, realizado a principios del actual gobierno hasta mayo del 2022, la institución prometió que sustituiría al personal encargado de los inventarios por uno más calificado, pero no explicó la causa del descuadre. Ese volumen marginal podía ser utilizado libremente sin dejar registros.
Las irregularidades en los tickets del CEA eran mayores e involucraban decenas de millones de pesos, según lo que describe a Diario Libre Rafael Burgos Gómez, su actual director.
Asegura que, actualmente, logra abastecer a una flotilla de 340 vehículos con la misma asignación con que se suplía sólo a 45 cuando llegó a la institución, en el 2022, y aun así consiguió que en noviembre del 2025 le quedara un excedente de 2.5 millones de pesos.
"El parque vehicular del CEA, de Bienes Nacionales, y del ingenio Porvenir aumentó con recursos propios a 340 y tenemos el mismo presupuesto y todavía nos sobra un poquito", señala.
Burgos hace la observación, pero evita hacer acusaciones a su antecesor, César Cedeño, y dice desconocer el destino del carburante. Su gestión utiliza el sobrante de la sede para las operaciones del ingenio, cuyas operaciones están revitalizando.
Un exfuncionario que estuvo a cargo del despacho de combustible en un ministerio durante la gestión de gobierno pasada —quien pidió reservar su identidad— explicó que las ganancias obtenidas por quienes despachan en los dispensadores institucionales son tan elevadas que muchos prefieren ese puesto a otros de mayor jerarquía.
Explicó que uno de los métodos usados por los bomberos para obtener dinero consiste en reportar que echaron todo el combustible asignado a un funcionario, aunque el tanque de su vehículo se haya llenado con menos. El excedente se vende a 100 pesos por galón, generando una ganancia de 124 pesos por unidad.
Paradero desconocido
En un levantamiento realizado entre septiembre del 2020 y agosto del 2021, al Ministerio de la Juventud se le detectaron anomalías en la distribución de tickets de combustible por un valor de 19,676,250 pesos, cuyos destinatarios no pudieron ser identificados.
Entre octubre del 2020 y julio del 2021, la Caasd adquirió combustible por 52,418,570 pesos mediante compras fraccionadas, evitando así un proceso de contratación pública. La identidad de los receptores se desconoce.
El Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) recibió 30 cheques por un valor de 10,677,796.13 pesos, entre septiembre del 2020 y abril del 2021, para el pago de dietas y combustible a miembros de la avanzada presidencial, sin contar con las firmas de los beneficiarios.
Adicionalmente, se adquirió un millón de pesos en tickets que excedían el monto de la licitación y que fueron recibidos, aunque se desconoce su destino final. "El proveedor suple los montos contratados; lo pendiente es identificar cómo fue distribuido el 1,000,000 de pesos restante, puesto que no se evidencian registros de entrega", señalaron los auditores.
Además, se asignó a empleados una cantidad de combustible que superaba el 10 % permitido por ley, lo que ocasionó un perjuicio al Estado de 517,000 pesos.
