Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), habría recibido más de dos mil millones de pesos como parte del presunto esquema fraudulento que el Ministerio Público atribuye a la Operación Cobra.
La solicitud de medida de coerción de la Dirección Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa identifica a Hazim como beneficiario final de sobornos. La Fiscalía sostiene que esos pagos los transportaba y movilizaba el imputado José Pablo Ortiz. Ambos forman parte del esquema que actualmente se investiga
“Al menos dos mil ochocientos ochenta y un mil millones de pesos habría recibido el exdirector del Senasa”, indica el documento presentado por la persecución penal.
El expediente vincula los presuntos fondos con facturaciones ficticias. También los relaciona con contrataciones públicas que habrían facilitado la estafa. Todo esto, según las autoridades, afectó al sistema de salud dominicano.
La Fiscalía apunta indicios de enriquecimiento ilícito por parte de Hazim, con adquisiciones inmobiliarias y de vehículos incompatibles con su patrimonio declarado.
El 18 de septiembre de 2024, mientras se desempeñaba como director ejecutivo del Senasa, habría adquirido dos apartamentos en Los Cacicazgos mediante hipoteca. La compra ascendió a 53,730,000 pesos. Así lo establece la acusación presentada por las autoridades.
El escrito también detalla la compra de una jeepeta Lincoln Navigator 2020, que la Fiscalía sostiene fue adquirida mediante pagos realizados por terceras personas para ocultar la naturaleza de la transacción.
La Fiscalía sostiene que el vehículo fue incluido en la declaración jurada de Hazim para darle apariencia de legalidad.
Otras imputaciones y bienes vinculados
Entre las imputaciones figura la no declaración de acciones en empresas y la presunta falsedad en información sobre participación societaria.
El documento menciona a la empresa offshore Koffman Overseas y señala que Hazim aportó solo uno de tres títulos de propiedad de inmuebles ubicados en el complejo Casa de Campo, en La Romana.
La solicitud de coerción integra el expediente relacionado con el desfalco denunciado en el Senasa. Según el Ministerio Público, el monto supera los quince mil millones de pesos. Esta acusación forma parte del proceso que las autoridades llevan adelante.
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