El Poder Ejecutivo, a través de un decreto firmado por el presidente Luis Abinader, autorizó por octava vez consecutiva los procedimientos de excepción para comprar o licitar armas, vehículos y municiones de combate que se utilizarían para resguardar la seguridad nacional.
La orden para los procesos de excepción está contenida en el decreto 25-25 que fue firmado el 17 de enero de este año. La decisión del presidente permite que ocho instituciones estatales y castrenses se acojan a los procesos de excepción para hacer contrataciones extraordinarias.
En específico, las ocho instituciones están autorizadas para comprar y contratar armas letales, municiones, bombas de gas, chalecos antibalas, vehículos de combate, radares terrestres y aéreos, sistemas informáticos y servicios de consultoría vinculados exclusivamente a la seguridad ciudadana y la defensa nacional.
De acuerdo con el decreto, estos artículos y vehículos podrán comprarse bajo el procedimiento de excepción que, según la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, son modalidades que se usan para causas especiales y que permiten agilizar los trámites ante "escenarios y sucesos atípicos".
Las instituciones autorizadas para contratar bienes de seguridad nacional son el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Defensa, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD
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