La apacible ciudad de Santiago de los Caballeros se ha convertido en el escenario de una alarmante trama de fraude inmobiliario. Una supuesta red criminal, compuesta por abogados, funcionarios judiciales, empresarios de renombre e incluso médicos, que utilizan el sistema legal para despojar a los legítimos dueños de propiedades de alto valor económico.
El modus operandi de esta alegada banda mafiosa es audaz y sofisticado,
valiéndose de la letra de la ley para cometer sus fechorías, a través de la creación de deudas ficticias y la manipulación de procesos judiciales, logran adjudicarse propiedades y desalojar a sus verdaderos dueños.
De acuerdo con las denuncias presentadas por los abogados de las víctimas, la estructura se asocia con accionistas minoritarios de empresas para generar deudas simuladas. Estas deudas, que en la mayoría de los casos son insignificantes en comparación con el valor real de la propiedad, son luego utilizadas como pretexto para iniciar un proceso de embargo inmobiliario.
El siguiente paso es una notificación ficticia. Utilizando notarios y alguaciles presuntamente cómplices; la banda crea la ilusión de que los accionistas mayoritarios fueron advertidos de la deuda, a pesar de que la notificación nunca llega a sus manos. Al no recibir respuesta, se procede a ejecutar el embargo inmobiliario y, finalmente, la adjudicación de la propiedad.
Una vez que el tribunal les otorga el patrimonio, los nuevos dueños proceden al desalojo de los propietarios originales.
Los denunciantes aseguran que la clave de este engranado mecanismo de despojo radica en las conexiones y el tráfico de influencias.
Indican que los abogados de la red, muchos de ellos con relaciones familiares con jueces y fiscales del distrito judicial de Santiago, aprovechan sus contactos para influir en los tribunales y agilizar los procesos a su favor.
En al menos cuatro casos identificados en la referida demarcación, se ha utilizado esta modalidad, con los mismos abogados y operadores.
Casos emblemáticos en Santiago
El abogado Arnaldo Gómez ha sido una de las voces más fuertes en la denuncia de la supuesta red.
El jurista representa a un empresario que fue despojado de una propiedad valorada en unos 200 millones de pesos por una deuda de apenas 77 mil dólares.
El empresario, que poseía el 80% de las acciones de la compañía, habría sido víctima de su socio minoritario, quien alegadamente se alió con un reconocido bufete de abogados encabezado por el asesinado Basilio Guzmán, en la ciudad para montar el fraude.
Gómez relata que, en el primer intento, lograron suspender el proceso en un tribunal. Sin embargo, los abogados de la red simularon una cesión de crédito a nombre de otra persona y reiniciaron el embargo en otra sala civil, logrando adjudicarse la propiedad sin notificar al accionista mayoritario.
Este abogado que realizó el embargo es, según Gómez, el padre de dos hijos de una influyente jueza, quien supuestamente ejerce presión para que las autoridades colaboren en los desalojos utilizando la fuerza pública.
El jurista advierte que interpondrán querellas penales contra los miembros identificados, y exigirán la nulidad de las sentencias obtenidas fraudulentamente, además de demandas por daños y perjuicios.
Por ahora, Gómez señala que los nombres de los profesionales del derecho y funcionarios judiciales involucrados se mantienen bajo reserva.
Además, en la Ciudad Corazón se han registrado otros casos con el mismo patrón. Uno de los que más ha trascendido es el de la plaza comercial Isabel Emilia, ubicada en La Fuente, al sur de la ciudad, frente a una reconocida universidad. Fue ejecutada con un procedimiento similar al denunciado por Gómez, lo que evidencia la consistencia del modus operandi de la supuesta banda.
Terrenos en Jacagua
Los tentáculos de la red también se apropiaron de unos terrenos valorados a la fecha en más de 1,000 millones de pesos por una supuesta deuda de 36,000 pesos de servicio de agua con la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) que tenía la señora María Luz de León Díaz, quien falleció en el 2007. En este caso, los abogados de la estructura notificaban la deuda a una casa deshabitada donde la propietaria había vivido. El inmueble estaba marcado con el número 118 de la calle Sabana Larga, entre la Independencia y la avenida Las Carreras, en el casco urbano de esa ciudad
“Lo que hacían era que la notificaban en una casa en la calle Sabana Larga, donde ella vivía y estaba cerrada”, expresó una persona ligada a la familia de la dama, quien pide no revelar su identidad para no verse involucrada a través de los medios de comunicación en el proceso.
Según explica el informante, un abogado contratado por Coraasan en el 2011, durante la gestión del ingeniero Hámlet Otáñez, usó subterfugios legales para que un tercero se apropiara de los predios, que tienen una extensión de 548 mil 428 metros cuadrados, localizados en el distrito catastral número 6 del distrito municipal de Jacagua.
A través de una subasta pública, Moisés Daniel Céspedes Sosa se adjudicó los terrenos en cuestión, que originalmente pertenecían a los descendientes de la señora.
Céspedes Sosa había “comprado” los predios, que en ese entonces valían 439 millones de pesos, por un millón y medio de pesos.
Los familiares de doña María Luz, entre ellos el exsenador Víctor Méndez, se percataron de que legalmente no eran los herederos, cuando preparaban el proceso de repartición y se les informó que esos predios ya no les pertenecían.
Exdirector de Coraasan califica de “excesivo” despojo de propiedad por deuda de RD$36 mil
El exdirector de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Hamlet Otáñez, consideró como “desproporcionado” el despojo de una propiedad valorada en cientos de millones de pesos para saldar una deuda de apenas RD$36 mil por servicio de agua potable.
Otáñez explicó que la acción fue tomada como legalmente válida, pero que desde su óptica resultó un exceso.
“En su momento yo consideré que era excesivo el procedimiento que se llevó a cabo, porque la deuda era de una casa ubicada, creo que en la calle Sabana Larga, y extrapolar eso a todas las propiedades de la señora”, cuestionó el ingeniero.
Aclaró que la medida se ejecutó sin su consentimiento. “Incluso, nosotros interpusimos, en nombre de Coraasan, una oposición al procedimiento que se había llevado a cabo, pero eso se fue a los tribunales y no sé realmente en qué paró”, sostuvo.
El exfuncionario detalló que al asumir el cargo encontró que Coraasan tenía contratada una firma de abogados encargada de gestionar cobros a los usuarios morosos, logrando recuperar sumas significativas en favor de la institución. Sin embargo, afirmó que, hasta donde tiene conocimiento, solo se dio este caso de despojo de una propiedad.
Además de Santiago, los tentáculos siguen extendiéndose, dejando un rastro de víctimas y denuncias en otras demarcaciones.
La lucha de una heredera española en Puerto Plata
La ciudadana española Ainhoa Simón Estrada, hija de un médico dominicano fallecido en el año 2018 en Barcelona, España, denuncia haber sido víctima de acoso e intimidación en Puerto Plata por parte de una presunta red mafiosa que tiene orígenes en Santiago y busca despojarla de una herencia de más de mil tareas de tierra.
Simón Estrada relata que un supuesto abogado de la empresa de su padre creó una deuda ficticia de tres millones de pesos “por servicios que nunca prestó”. Este documento, firmado por otro accionista que, según dice, no tenía la calidad legal para hacerlo, fue la base para una serie de embargos y pretensiones de cobros compulsivos.
La víctima menciona la participación de la oficina, del mismo abogado Guzmán, que está vinculado a otros embargos inmobiliarios en Santiago, en la notificación de estas deudas, lo que sugiere la conexión entre las tramas de ambas demarcaciones.
«Actúan como si fueran entes independientes, pero en realidad es toda la misma trama con los mismos personajes», afirma Simón Estrada.
Tras una larga batalla legal, la Cámara Civil y Comercial del distrito judicial de Puerto Plata le dio ganancia de causa en primera instancia, anulando el documento fraudulento y ordenando el levantamiento de los gravámenes sobre los títulos. No obstante, los involucrados han apelado la decisión, prolongando la pesadilla de la heredera.
Simón Estrada confía en que se hará justicia y que esta estructura criminal será desmantelada tarde o temprano.
«A pesar de que existen estas tramas, sé que hay una legislación, sé que hay figuras y autoridades, y que se va a hacer justicia», establece.
Vínculo entre muertes de abogados y la mafia de propiedades
Desde 2014 hasta enero de 2024, cinco profesionales del derecho han sido asesinados en circunstancias violentas sin que dos de esos casos hayan sido resueltos por las autoridades del Ministerio Público ni la Policía Nacional.
Los fallecidos son Amancio Herrera Turbí (25 abril 2014), quien fue acribillado a tiros en el centro histórico de Santiago, próximo al Monumento a los Héroes de la Restauración mientras salía de su oficina.
Otro jurista malogrado es José Delfín Díaz Díaz (octubre 2016), cuyo cuerpo fue hallado calcinado con heridas de arma blanca.
Uno de los casos que más ha trascendido entre juristas es el crimen de Basilio Guzmán (21 junio 2022), muerto a tiros frente a su vivienda en el exclusivo sector Los Cerros de Gurabo.
Mientras que el cuerpo de Freddy Zarzuela (febrero 2023) fue encontrado con signos de tortura y quemaduras luego de una semana de desaparecido.
Santiago Reyes, conocido como “Chaguito”, (23 enero 2024) también fue acribillado a tiros mientras viajaba en su vehículo por la carretera La Ciénaga, en la zona norte de la provincia Santiago.
Las muertes de Basilio Guzmán y Amancio Herrera Turbí no han sido aclaradas por las autoridades.
Abogados consultados en los pasillos del Palacio de Justicia Federico C. Álvarez de Santiago de los Caballeros, plantean que los cinco abogados fallecidos de manera violenta podrían haber estado involucrados en litigios relacionados con la expropiación de inmuebles y otras acciones, las cuales consideran irregulares.
No obstante, la presidenta del Colegio de Abogados en Santiago, Miledys López, dice desconocer oficialmente la existencia de “mafias” en el ejercicio del derecho, pero admite que algunos pocos juristas pueden actuar mal.
«El 90 por ciento de los abogados que están colegiados en Santiago son serios», asegura la líder gremial. Asimismo, destaca que no se han presentado querellas formales de estas denuncias ante la institución.
De su lado, Sagrario Pérez, jueza del Tribunal Disciplinario de la entidad que agrupa a los togados, señala que las denuncias que reciben suelen resolverse con «soluciones amigables» y que los usuarios no buscan sanciones definitivas contra los profesionales del derecho.
La presidenta del Colegio de Abogados de Santiago dice que ha solicitado en múltiples ocasiones a la Fiscalía que investigue si estos crímenes están relacionados con el ejercicio de la profesión, sin importar las supuestas faltas de los fallecidos.
La PGR investiga
Según relataron los abogados que llevan los casos descritos por Panorama, la Procuraduría General de la República ha iniciado una investigación sobre esta presunta red. Esperan que, en las próximas semanas, si avanzan las querellas formales, se inicien acciones penales en contra de los integrantes de la estructura.
Aunque muchos casos se concentran en Santiago y Puerto Plata, los denunciantes aseguran que la red opera a nivel nacional, usando abogados, notarios y alguaciles distribuidos en distintos puntos del país.
“El mismo esquema se ha detectado en Santo Domingo, y hay otros casos en San Cristóbal y La Vega”, señalan fuentes con conocimiento de la investigación.
Además del órgano acusador, la supuesta estructura es investigada por el Poder Judicial. Ambos organismos que componen el sistema de justicia manejan el caso con gran hermetismo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario