La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, enfatizó la necesidad de que el país, al igual que el resto de América Latina y el Caribe, fortalezca su sistema de justicia para proteger a las víctimas de crímenes.
Reynoso sostuvo que gran parte de la doctrina jurídica se ha enfocado en los derechos fundamentales de los imputados y acusados, prestando poca atención a los derechos de las víctimas.
Afirmó que, si bien los imputados tienen garantizado el debido proceso, las víctimas también deben ser protegidas en su rol dentro del proceso judicial, resguardando sus derechos y asegurando una reparación oportuna de los daños.
La procuradora participó como invitada en un panel de la Conferencia Internacional de Justicia Abierta, un evento organizado por el Poder Judicial y moderado por Berenice Barinas, directora ejecutiva de Ética e Integridad Gubernamental.
Una “deuda histórica” con las víctimas
Según Reynoso, la justicia dominicana se fortalece cuando considera el debido proceso para todos los involucrados.
En este sentido, explicó que América Latina tiene una “deuda histórica” con las víctimas, ya que la figura de la reparación es casi nula en la jurisprudencia y la doctrina regional.
Considera que, al no garantizar la reparación, se les está negando a las víctimas un derecho que les corresponde.
Reynoso precisó que su gestión en la Procuraduría General de la República se enfoca en diseñar un servicio que responda a las necesidades de la ciudadanía, basándose en el mapa de la criminalidad y en las dificultades de acceso al sistema de justicia.
“En función de esta realidad fue que diseñamos, y el Consejo Superior del Ministerio Público ya aprobó, 24 fiscalías comunitarias”, indicó.
Señaló que estas fiscalías se ubicarán en lugares donde el análisis de indicadores muestre la mayor necesidad.
“La justicia tiene que tener ese nivel de accesibilidad”, sostuvo, explicando que busca un modelo en el que la población, “en chancletas”, pueda llegar a pie a estas fiscalías.
En el panel también participaron Juan Carlos Astúa Jaime, director para Costa Rica del National Center for State Courts, y Gerardo Andrés Hernández Montes, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.
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