Enclavado en el suroeste dominicano, el municipio de Las Salinas, en la provincia Barahona, vive una contradicción alarmante: tener en su territorio una de las minas de yeso más importantes del Caribe y, al mismo tiempo, estar sumido en la pobreza extrema.
Sus habitantes y autoridades denuncian un despojo institucionalizado, maquillado bajo la firma de un contrato que redujo a migajas lo que debía ser una fuente de prosperidad.
Mientras tanto, la explotación minera al parecer solo deja cicatrices profundas en el municipio por el severo daño ambiental: el río Lemba, antes caudaloso, está devastado y las tierras de cultivo que alimentaban a cientos de familias hoy son polvo y abandono.
La mina de yeso de Las Salinas fue entregada originalmente por el Estado dominicano a Cementos Nacionales y esta la transfirió a CEMEX Dominicana que actualmente es propiedad de Cementos Progreso, con los argumentos de que la empresa explotaría recursos minerales y generaría beneficios compartidos para la comunidad. Sin embargo, la realidad ha sido otra: la compañía se ha enriquecido con la extracción, mientras Las Salinas sigue marginada, sin recibir el 5% de los beneficios netos que la legislación ordena.
Todo esto es resultado de un cuestionado contrato firmado el 9 de junio de 2017 por la entonces alcaldesa Yeni Terrero con la cementera y otros con alcaldes anteriores. En lugar de garantizar al ayuntamiento el 5% de las ganancias netas como manda la ley, con ese acuerdo la alcaldesa y la empresa redujeron todo a una tarifa fija irrisoria de apenas $2.30 pesos por tonelada de yeso. Una cifra ínfima si se compara con el precio internacional del yeso, que ronda entre los 12 y 18 dólares por tonelada métrica, es decir, entre $751 y $1,126 pesos dominicanos.
Daño ambiental y social
La explotación del yeso no ha ocurrido sin consecuencias ecológicas y ambientales. El actual alcalde de Las Salinas, Pedro Asunción Echavarría Moscoso, describe cómo el yeso acumulado en la mina ha terminado por contaminar el río Lemba y arruinar los conucos de los agricultores: “Ellos tienen montañas del yeso, del polvo que se acumula, que cuando llueve entonces va directo al río. Eso ha afectado la producción agrícola de nuestro pueblo. O sea, lo que nosotros le llamamos conuco o parcela, ya no son los mismos o ya el río no le llega porque el río está vuelto yeso”, sostuvo.
El polvo también se ha convertido en un enemigo silencioso. La mina deja un residuo blanco visible sobre los techos y el polvo se convierte en una carga para los pulmones de los habitantes. Una residente del lugar, identificada como la señora Carrasco lo resume así: “Eso es lo único que a nosotros nos queda, el polvo. Se enferman mucho de los pulmones. Siempre los niños de aquí tienen gripe y las mismas gentes mayores también, porque yo no salgo de una gripe”, dijo.
La cuasi desaparición del río Lemba no solo ha arrasado con los cultivos, también golpea de lleno la vida de cientos de familias que dependían de él. Fausto Pérez lo relata con crudeza al recordar la magnitud de las pérdidas y el abandono oficial: “De ese río se beneficiaban más de 200 familias con la agricultura. Y no existe. Han tenido que abandonar sus conucos porque que no hay agua”.
Igualmente, los agricultores describen pérdidas devastadoras: “Propiedades que valían mucho dinero, que estaban sembradas de plátano, se sembraban maíz, todo ese tipo de productos se han ido a pique porque el río se ha secado. Yo era productor de bananos, de guineo, era productor de plátano, de maíz, porque tengo una propiedad bien grande y podía sembrar todo eso, pero ahora no puedo sembrar nada. Está vuelto monte porque nada más el polvillo que baja de los yesos, que coge al río, que lo lleva a todas las propiedades, cuando el río baja, nos ha dañado toda la propiedad”, relató el agricultor Luis Batista.
¿Qué recibe el pueblo a cambio?
Pese a que la mina produce toneladas de yeso para exportación, los salineros sienten que no hay retorno.
“El pueblo de Las Salinas ha sido un pueblo que esta empresa lleva más de 20 años y nunca, por lo menos hasta las gestiones anteriores, es que esta empresa ha podido darle algo, pero no muy significativo a este pueblo. Entonces lo que buscamos es que lo que es de Salinas vaya a Salinas”, expresó el regidor Sandy Yazmer.
José Cuevas, del Comité Gestor Salinas Avanza, enumera necesidades básicas de la comunidad: “El pueblo tiene muchas cosas que necesita. Este es un pueblo que, si te fijas, sufre la falta de un centro tecnológico, de dos bombas sumergibles en el río y necesita la construcción de una oficina que tenga que ver con las demandas del pueblo. Yo creo que el pueblo está necesitando de muchas cosas”, expuso.
En el área laboral, incluso los camioneros se sienten desplazados: “De cada diez viajes que salen de aquí, que debería aprovecharlo cualquier dueño de camión de Salinas, nosotros tenemos que dar cinco porque eso lo implementó Cemex Dominicana. Se lo tenemos que dar a otros transportistas de otros lugares que no son de Salinas”, señaló Genny Feliz Batista, del sindicato de camioneros.
La regidora Genara Ferrera resume el sentir popular con una metáfora amarga: “El himno municipal tiene una estrofa que dice Salinas de penas y gloria. Yo creo que es más de pena que de gloria porque allá entonces hace un negocio bastante grande y nosotros aquí como los comunitarios no tocan nada”.
El contrato que despojó al pueblo de su riqueza
El nodo central del conflicto está en el pacto suscrito por las pasadas autoridades municipales, siendo el ultimo el firmado por la entonces alcaldesa Yeni Terrero y el director de operaciones de Cemex Dominicana, Benjamín Cabrera. En dicho acuerdo se reemplazó la obligación legal (el pago del 5% de los beneficios netos) por un 5% calculado sobre una tarifa fija de $2.30 pesos por tonelada métrica de yeso. Con esta fórmula simbólica, las autoridades locales cedieron su derecho a la parte real de los beneficios que la Ley 64-00 obliga.
El abogado Nelson Pimentel ha criticado esa fórmula: “Tú haces una búsqueda simple en redes o busca los datos oficiales y en ningún caso, por lo menos del 2018, 2019 hacia acá y mucho menos en las condiciones anteriores, el precio de la tonelada métrica de yeso ha bajado de 18 dólares”.
Esa cifra contrasta brutalmente con los $2.30 pesos pactados. “La ley es clara: el 5% debe calcularse sobre los beneficios netos, no sobre una tarifa simbólica impuesta por convenios firmados fuera del marco legal”, sostuvo Pimentel.
Literalmente, la Ley 64-00, en su artículo 117 párrafo II reza lo siguiente: “Cuando se trate de recursos naturales no renovables, el o los municipios donde esté ubicada dicha explotación, recibirán el cinco por ciento (5%) de los beneficios netos generados”.
Para dimensionar el desbalance, basta revisar lo que se paga en transporte del yeso. “A nosotros nos pagan $1,396.21 pesos por cada tonelada por transportarla”, reveló Jenny Félix Batista, del sindicato de camioneros.
El contraste es evidente: mientras a un camionero se le reconocen casi $1,400 pesos por mover una tonelada, la alcaldía recibe apenas un pago calculado sobre la base de $2.30 pesos.
“Yo no quiero decir que hubo colusión, que hay prevaricación, pero hay obviamente una profunda defraudación al fisco municipal de Las Salinas”, advirtió Pimentel.
Cemex ante la justicia: el pueblo versus la cementera
La alcaldía de Las Salinas ha decidido llevar a Cemex Dominicana (Cemento Progreso) ante los tribunales, atendiendo las violaciones en el manejo de los recursos minerales, los pagos indebidos al municipio y los daños ambientales ocasionados. Es decir, la alcaldía acusa a la empresa de enriquecerse a costa de los recursos de la comunidad, pagando migajas al municipio y dejando tras de sí un paisaje devastado.
En el ámbito civil y patrimonial, la alcaldía procesa acciones por enriquecimiento sin causa y daños y perjuicios, reclamando pago retroactivo del 5% sobre los beneficios netos que ordena la Ley 64-00, así como la reparación económica por los montos dejados de percibir a causa del cálculo fraudulento sobre RD$2.30 por tonelada métrica en los últimos 20 años.
Según la querella, durante dos décadas, la cementera redujo ilegalmente esa obligación a un cálculo “fraudulento” de apenas RD$2.30 por tonelada métrica, cuando el mercado internacional cotiza la misma cantidad de yeso en más de 1,100 pesos. La diferencia, según las autoridades, equivale a una fortuna perdida para un municipio condenado a la pobreza.
En materia ambiental, conjuntamente con las comunidades de Las Salinas, la alcaldía, también presentó una formal querella ante la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente, responsabilizando a la cementera de la contaminación y sedimentación del río Lemba. El afluente, que durante generaciones fue el sustento agrícola de cientos de familias, hoy yace casi muerto. La acusación invoca los artículos 14, 15, 66, 67 y 75 numeral 11 de la Constitución Dominicana y los artículos 7, 16, 11, 16, 35, 95, 174 y 175 numerales 1 y 2, 183, 186 y 187 de Ley 64-00 y los artículos 1382 y1384 del Código Civil, para exigir reparación ambiental, compensaciones a las comunidades afectadas y la implementación urgente de planes de restauración y remediación del río y las zonas afectadas.
Y lo más delicado se mueve en el terreno penal. El abogado de la alcaldía, Nelson Pimentel, adelantó que se valoran acciones por posible estafa, abuso de confianza, colusión y fraude en perjuicio del municipio. Estos cargos podrían comprometer no solo a los ejecutivos de la cementera, sino también a pasadas autoridades municipales que habrían participado en la firma del cuestionado contrato. La acusación incluso apunta a una “omisión dolosa” en el cumplimiento de la ley y al encubrimiento sistemático de los beneficios reales de la explotación minera.
Cansancio y riesgo de estallido
El desgaste de la comunidad se siente en cada testimonio y en cada reclamo ignorado. Ni la empresa ni el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales han entregado los informes ambientales que han sido solicitados por la alcaldía. Ante ese silencio, la comunidad ha elevado el tono de sus advertencias.
“Nosotros estamos haciendo un llamado para que este pueblo y sus autoridades sean escuchados antes de que nosotros, además de la parte legal, pasemos a una lucha social en la que nosotros nos veremos incluso obligados a tomar posesión de la mina y hasta que no se resuelva el impase, nosotros no salir de allí”, declaró el abogado y comunitario Nidio Terrero.
El alcalde Pedro Asunción Echavarría Moscoso fue más categórico al resumir el sentir colectivo: “Porque aquí los salineros y salineras en realidad ya estamos cansados de que nos cojan de relajo con la explotación de nuestra mina y que no recibamos ningún beneficio”.
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