Santo Domingo. — La Junta Central Electoral (JCE) implementó un marco de seguridad legal y técnica sin precedentes para evitar cualquier filtración o transferencia indebida de datos del registro civil dominicano, tras adjudicar al consorcio EMDOC, integrado por varias empresas, incluida la alemana Veridos GmbH, la impresión de la nueva cédula de identidad y electoral.
El contrato, valorado en RD$3,361 millones, abarca la emisión de 8 millones de tarjetas en policarbonato. Además, la infraestructura de seguridad PKI-CA, 800 mil cédulas digitales (Mobile ID) y 24 meses de mantenimiento y capacitación.
Sin embargo, el programa Reporte Especial reveló la coincidencia de que Veridos también maneja el sistema de identidad en Haití. Situación que enciende preocupaciones sobre posibles vulnerabilidades.
Frente a ello, en una revisión del contrato entre la Junta y EMDOC, se verifica que la JCE colocó cláusulas estrictas. Las mismas limitan y supervisan cada acceso del consorcio a la base de datos nacional.
Blindaje legal y control total del registro civil
El artículo 20 del contrato dispone que EMDOC no podrá transferir, copiar ni ceder a terceros información alguna a la que tenga acceso durante el desarrollo del proyecto.
Además, la propiedad, control, administración y custodia exclusiva de todos los datos personales, biométricos y demográficos permanece en manos de la JCE, que ejercerá supervisión constante y autorización previa por escrito ante cualquier flujo de información.
El documento también prohíbe la existencia de accesos ocultos o “backdoors” en los sistemas. Y establece que cualquier violación de estas restricciones será considerada falta grave y causal inmediata de rescisión del contrato, con las acciones legales correspondientes.
Incluso, en caso de terminación del contrato, EMDOC está obligado a eliminar todo acceso temporal y garantizar que no retiene copias físicas o digitales de los datos tratados.
Supervisión técnica y soberanía digital
El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, ha insistido en que el organismo electoral mantendrá un monitoreo permanente del sistema y de los flujos de información. Esto, para asegurar que ningún proveedor externo acceda sin control al registro civil dominicano.
“El contrato fue estructurado con controles que garantizan la soberanía tecnológica. Y la integridad de los datos ciudadanos”, sostuvo Jáquez durante el anuncio oficial del acuerdo.
Un precedente de seguridad nacional
Si bien el vínculo de Veridos con el sistema haitiano despertó inquietudes, las medidas adoptadas por la JCE reflejan una estrategia de prevención y transparencia. Y con un enfoque en la seguridad de la información y la defensa de la soberanía nacional.
En un contexto regional marcado por la crisis migratoria y la vulnerabilidad institucional, el blindaje del registro civil dominicano se convierte en un asunto de seguridad nacional.
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