Desde que asumió el poder en agosto del 2020, el presidente Luis Abinader ha devuelto al Congreso Nacional ocho proyectos de ley por inconsistencias en la redacción, cambios propuestos por el Poder Ejecutivo o sugerencias de eliminación de artículos.
La devolución más reciente ocurrió con la reforma a la Ley de Residuos Sólidos, pero la tendencia de observar iniciativas legislativas viene desde el año 2022 e incluye leyes como la de Aviación Civil, la de la Cámara de Cuentas, la de Fiscalización y Control del Congreso y la del Tribunal Superior Electoral (TSE).
Según la Constitución, el Poder Ejecutivo está facultado para devolverle proyectos al Congreso antes de promulgarlos sugiriendo cambios en algunos artículos o mejorías.
El primer proyecto devuelto durante las gestiones de Abinader fue la pieza sobre incentivos a la aviación civil.
En octubre del 2023, El Poder Ejecutivo devolvió la ley que creaba un régimen de incentivos fiscales para la aviación civil comercial, alegando que el Congreso incluyó un artículo "extraño" y modificó la esencia de la pieza.
Según la carta enviada al Senado, la versión aprobada extendía exenciones a más actores de lo previsto, lo que, de acuerdo con el Ejecutivo, podía afectar las proyecciones de recaudación.
También consideró excesivo el plazo de 15 años establecido para los incentivos, proponiendo reducirlo a cinco y, en esencia, la observación buscó limitar el impacto fiscal y preservar el enfoque original del proyecto que era fomentar nuevas rutas aéreas.
Cámara de Cuentas, Gaceta y TSE
En octubre del 2024, Abinader devolvió al Congreso la reforma a la ley de la Cámara de Cuentas y, dentro de sus observaciones, propuso ajustes para evitar enfrentamientos internos en el pleno del órgano fiscalizador y endurecer las sanciones contra la corrupción administrativa.
Las modificaciones planteadas incluían eliminar un párrafo que permitía a los miembros convocar sesiones sin el presidente del organismo y cambiar el quórum requerido para sesionar.
El Ejecutivo también sugirió multas de hasta mil salarios mínimos y procesos penales para funcionarios que cometieran abuso de autoridad, sobornos o mal manejo de fondos públicos.
Posteriormente, en enero del 2025, el mandatario observó la ley de boletines oficiales y propuso que, en lugar de crear un nuevo Boletín Oficial del Estado, se modernice la actual Gaceta Oficial con herramientas digitales que faciliten la actualización y consulta de las normas, además de incluir en los registros modificaciones derivadas de sentencias del Tribunal Constitucional.
Mientras que, en junio del 2025, El Poder Ejecutivo devolvió la ley del Tribunal Superior Electoral (TSE) y objetó que los jueces de ese órgano recibieran el mismo salario que los del Tribunal Constitucional, al considerar que generaría un "desnivel salarial" con los titulares de la Junta Central Electoral.
También pidió eliminar el artículo que facultaba al TSE a resolver conflictos internos de colegios gremiales, como el de Abogados o el Colegio Médico Dominicano.
Ministerio de Justicia y otras
La creación del nuevo Ministerio de Justicia se estableció por una ley aprobada en el Congreso, pero observada en julio del 2025 por el presidente, que se concentró en mejorar el diseño de la política criminal y el alcance funcional del nuevo ministerio.
El objetivo de las observaciones, según la carta enviada por Abinader, fue garantizar que las funciones del nuevo ministerio no interfieran con la independencia de otros entes del sistema de justicia, y consolidarlo como un instrumento moderno y respetuoso del orden constitucional.
Ese mismo mes el mandatario devolvió a los congresistas la Ley de Bien de Familia proponiendo cambios al artículo 15, que regula los bienes inmuebles transferidos por el Estado dentro de planes de mejoramiento social. Solicitó que los expedientes incluyan una indicación expresa sobre si la vivienda fue construida por el Estado o por el adquiriente, y que dicha información conste en el contrato de transferencia o en una certificación oficial.
- Un mes después, en agosto del 2025, el Ejecutivo observó varios artículos de la Ley de Fiscalización y Control del Congreso Nacional que, a su entender, contradecían disposiciones constitucionales sobre la interpelación y el control político.
Abinader recomendó eliminar el artículo 41, que incluía a funcionarios electos en el ámbito de las invitaciones congresuales, por no estar contemplado en la Constitución y en cuanto al artículo 42, aclaró que ciertos funcionarios designados, como el gobernador del Banco Central y los directores de organismos autónomos, solo pueden ser interpelados bajo las condiciones que fija el artículo 95 de la Carta Magna.
La más reciente pieza devuelta a los senadores fue la normativa que modifica la ley sobre gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos, en la que se propusieron plazos específicos para el desmonte de plásticos de un solo uso y productos de foam: 12 meses en general y 24 meses para ciertos envases sin sustitutos económicos.
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