El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, se reservó para este domingo, a las 6:00 de la tarde, el fallo sobre la solicitud de medidas de coerción contra los imputados en el caso Senasa.
Durante la audiencia, el procurador adjunto y director general de Persecución de la Procuraduría General de la República, Wilson Camacho, informó que el Ministerio Público varió la solicitud de prisión preventiva contra tres de los imputados. Esto, luego de que estos admitieran su participación en los hechos que se les imputan.
Como consecuencia de esa admisión y al considerar que presentan menor riesgo de fuga, el órgano acusador solicitó para ellos arresto domiciliario. También impedimento de salida del país y una garantía económica ascendente a un millón de pesos.
El Ministerio Público explicó que esta variación en la medida responde a criterios de colaboración con la investigación. Asimismo, al bajo riesgo procesal que, a su juicio, representan los imputados beneficiados con la modificación de la coerción.
Ministerio Público dice entramado de corrupción en Senasa captó miles de millones en sobornos para enriquecerse
El entramado de corrupción administrativa enfrentado con la Operación Cobra captó miles de millones de pesos para enriquecerse en detrimento de los servicios sanitarios que ofrece a la población el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Las evidencias arrojan que, con la excusa de que estaban haciendo recaudaciones con fines políticos, algunos de los imputados captaban recursos de sobornos para provecho personal que destinaban a adquirir propiedades. Además, crear empresas de carpeta para comprar y administrar bienes y realizar diversas inversiones que son objeto de investigación.
El Ministerio Público ha solicitado la imposición de 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa; Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones. Asimismo para Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Mientras, que para Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda se varió esa solicitud.
El miércoles la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, explicó a los periodistas que cubren la fuente judicial, que el Ministerio Público con los imputados se empiezan a aplicar las normas establecidas en la recién promulgada Ley núm. 97-25 que crea el nuevo Código Procesal Penal de la República Dominicana.
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