El Instituto Oncológico Regional del Cibao enfrenta una crisis financiera superior a los 800 millones de pesos y riesgo de clausura por múltiples irregularidades detectadas por la nueva directiva y el Ministerio de Salud Pública.
Una auditoría forense identificó presuntas prácticas de sobrevaluación de medicamentos, desvío de fondos, falsificación de indicaciones médicas y colusión en la compra-venta de insumos, según documentos y registros de facturación citados en la transcripción.
"La visión es servir indiscutiblemente a los pacientes necesitados" y "recuperar el aspecto económico", expresan miembros del nuevo consejo, quienes detallaron que no está ni el dinero ni la mercancía y que no hay registro de ventas.
Se señala que el esquema incluía la importación de papel glossy y cartuchos de tinta exonerados de impuestos que resultaban vendidos a la empresa Gestión Integral Tecnológica (GAC) y luego revendidos al propio Oncológico a precios elevados.
Facturas documentadas muestran compras repetidas de papel y tinta entre 2022 y 2023 por montos que suman millones de pesos, y el uso de "conduce" sin precios estipulados para registrar ventas de mercancía.
Un listado encontrado en poder del expresidente del Patronato detalla distribución de papel y tinta a centros como Cedisa, IMARef, Cimen Dominicana, Centro Médico Carolina de Jesús y otros, así como una "lista pendiente" que incluye al HOMS y varias clínicas.
Principales deudas
Entre los proveedores con deudas figura Sean Dominican SRL por RD$92,320,900; Pharmatech por RD$19,615,498; y un vendedor identificado como Juan Inoa Cuba por RD$21,214,500, además de una obligación con Global Medica superior a US$42,000.
El Patronato Cibaeño contra el Cáncer presentó una querella ante la Pepca el 5 de noviembre contra Héctor Lora, su exesposa Dilcia Vargas, su esposa Luisa Guzmán y la Fundación Tócate RD, por presuntas violaciones penales y de lavado de activos, según los documentos citados.
La querella acusa que desde 2018 Lora habría aprovechado ingresos del Patronato para beneficio propio, creando una red que incluyó la empresa Vargas Lora y Asociados, luego Vargas Guzmán Accounting Center SRL, para cobrar facturas a las ARS y desviar porcentajes.
Acciones judiciales y administrativas
Recursos judiciales interpuestos por allegados al expresidente provocaron embargos temporales a las cuentas del instituto, que terminaron luego levantados por orden judicial; las investigaciones del Ministerio Público están en curso, según declaraciones de Wilson Camacho, director general de Persecución.
La nueva dirección ejecutiva anunció cambios estatutarios para garantizar que los cargos del consejo sean honoríficos y que no existan pagos por "gastos de representación", en referencia al salario autoasignado de RD$600,000 que percibía el expresidente del Patronato.
La directiva busca transparentar acciones, recuperar la confianza pública y restaurar la reputación del organismo para priorizar la atención a los pacientes con cáncer y asegurar la continuidad del servicio.
Se le asignó un 3% a su exesposa y se menciona además cobros del 0.25% a médicos y otras tarifas fijas por supuestos servicios de auditoría, por los cuales Dilcia Vargas recibió más de RD$28,661,186 entre julio de 2024 y octubre de 2025.
Hallazgos en infraestructura y seguridad sanitaria
La Dirección de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud del MSP detectó alteraciones en recetarios médicos, incorporación de diagnósticos sin evaluación, borrado de informes y desconexión de computadoras, así como deficiencias críticas en infraestructura, climatización, seguridad eléctrica, esterilización y equipos esenciales.
Se documentaron baños sin accesibilidad, con humedad y falta de higiene; ausencias de estaciones de enfermería en quimioterapia; carros de paro incompletos; equipos mal almacenados en gastroenterología; y deficiencias en radioterapia y unidad de cuidados intensivos.
En internamiento y urgencias se verificaron estaciones improvisadas, ausencia de climatización, deficiencias en custodia de medicamentos y pacientes aglomerados; en mamografía y otros servicios hubo equipos y espacios inadecuados para atención segura.
Ante estas fallas, la nueva directiva alcanzó un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública para tomar medidas correctivas y evitar la clausura que pondría en riesgo la atención de pacientes de bajos recursos de la región del Cibao.
La dirección médica denunció además destituciones arbitrarias de coordinadores y supervisores de la residencia médica tras denunciar las condiciones del centro, lo que afectó la continuidad formativa y la operativa quirúrgica.
Frente a la crisis, se llevaron a cabo jornadas quirúrgicas en otros centros para no dejar desatendidos a pacientes oncológicos y evitar retrasos en procedimientos necesarios.
También se detectó acopio deliberado y posible comercialización de medicamentos de Alto Costo donados, valuados en más de RD$3 millones, quese habían almacenado por la antigua administración en lugar de entregarse a los pacientes.
Se detalla que el Oncológico habría financiado a la Fundación Tócate RD, dirigida por Luisa Guzmán, pagando nóminas, actividades de recaudación y presentaciones artísticas, así como un salario de RD$50,000 a Guzmán y la compra de un vehículo para otra empleada de la fundación.
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