“Siempre habrá casos de corrupción; lo que no puede prevalecer es la impunidad”. Con esa premisa, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, defendió la entrada en vigencia de la nueva Ley de Compras y Contrataciones como una herramienta clave para cerrar espacios a la discrecionalidad, fortalecer los controles y garantizar sanciones efectivas a quienes violen las normas.
El funcionario sostuvo que ningún país logra corrupción cero, pero sí puede impedir que los actos ilícitos queden sin consecuencias. A su juicio, el gran cambio del nuevo régimen es precisamente un sistema de consecuencias robusto que prevé inhabilitaciones, sanciones económicas y penas de prisión de hasta 10 años para funcionarios y proveedores involucrados en prácticas corruptas.
Explicó que esta reforma sustituye una legislación que durante dos décadas dejó amplios márgenes a la intención individual y carecía de un régimen sancionador efectivo, lo que facilitaba la opacidad y prácticas indebidas.
Estas declaraciones se ofrecieron durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes. El programa se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 de la noche.
Nueva ley no solo castiga, sino que previene
Pimentel señaló que la nueva ley no solo castiga, sino que previene. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) podrá suspender procesos cuando detecte riesgos de irregularidades y está obligada a remitir al Ministerio Público cualquier indicio de delito.
Además, se establece la profesionalización de las unidades de compras mediante una carrera especializada para servidores públicos. También se incorporan mayores exigencias de debida diligencia para conocer a los proveedores y reducir riesgos de colusión o fraude.
El director de Compras y Contrataciones reveló que, como medida preventiva para proteger el erario, han sido suspendidos provisionalmente más de 50 proveedores en los últimos meses a solicitud del Ministerio Público, incluidos decenas vinculados al caso Senasa. Estas suspensiones evitan que empresas bajo investigación sigan contratando con el Estado mientras se decide su situación judicial.
«La corrupción no es solo un problema público, sino también privado»
También informó que la institución detectó indicios de un “cartel” de empresas que participaban coordinadamente en licitaciones, principalmente en compras de alimentos. Tras casi dos años de monitoreo de patrones repetitivos, estructuras accionarias similares y posibles acuerdos para fijar precios y desplazar competidores, el expediente fue remitido al Ministerio Público por contener elementos de naturaleza penal.
Pimentel enfatizó que la corrupción no es solo un problema público, sino también privado. “Para que haya corrupción, siempre hay una participación público-privada”, indicó, al advertir que empresas proveedoras pueden organizarse para depredar el erario si no existen controles firmes.
La nueva normativa transforma además la lógica de las compras estatales. Las adjudicaciones ya no se basarán únicamente en el menor precio, sino en el “valor por dinero”, incorporando criterios de calidad, impacto social y sostenibilidad ambiental. Se crean modalidades modernas como acuerdos marco, compras por resultado y asociaciones para la innovación.
El objetivo, dijo, es que las contrataciones públicas generen desarrollo. Esto incluye una mayor participación de mipymes, mipymes lideradas por mujeres y jóvenes emprendedores. También busca integrar a pequeños productores, crear empleos y dinamizar la economía.
Contrataciones entre entidades del Estado
Sobre las contrataciones entre entidades del propio Estado, explicó qué pueden hacerse de forma directa porque están excluidas de licitación. En el caso de los seguros, aclaró que los corredores no son contratados por la institución pública, sino por la aseguradora, por lo que no existe conflicto de interés siempre que el intermediario no sea pagado por la entidad contratante.
Pimentel identificó como áreas de mayor riesgo las compras de alimentos, medicamentos, tecnología y construcción, sectores donde la DGCP mantiene un monitoreo reforzado.
Finalmente, hizo un llamado a estudiar la nueva ley. Informó que la institución dispone de un campus virtual con cursos especializados y que universidades del país ya imparten diplomados y maestrías en contrataciones públicas.
A su entender, el avance real no es eliminar totalmente la corrupción, sino asegurar que cada irregularidad detectada tenga investigación, sanción y consecuencias ejemplares. Sin impunidad, concluyó, el sistema puede proteger mejor los recursos públicos.
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