Viajar no siempre fue un derecho. Durante siglos, moverse de un territorio a otro dependía de un permiso escrito, y ahí nace lo que hoy llamamos pasaporte.
Los primeros antecedentes aparecen hace más de 2.000 años. En el Imperio Persa, los gobernantes entregaban cartas oficiales que garantizaban paso seguro por sus dominios. Sin ese documento, nadie cruzaba fronteras, ciudades amuralladas o caminos vigilados.
En la Edad Media, esta práctica se volvió común en Europa.
Reyes y autoridades emitían salvoconductos que indicaban quién eras, de dónde venías y a dónde podías ir. No servían para viajar libremente, sino para controlar.
Comerciantes, mensajeros y diplomáticos dependían de estos papeles para no ser detenidos, encarcelados o incluso ejecutados.
La movilidad era un privilegio, no una norma.
Con el tiempo, los Estados entendieron que identificar a las personas era clave para cobrar impuestos, reclutar ejércitos y mantener el orden.
Así, estos documentos comenzaron a estandarizarse. En el siglo XIX aparecen los primeros pasaportes con datos personales más claros, y tras la Primera Guerra Mundial se vuelven obligatorios en casi todo el mundo.
El pasaporte no nació para facilitar viajes, sino para regular quién podía moverse y quién no. Cada sello, firma y control fronterizo es herencia directa de ese origen: un mundo donde cruzar una puerta requería permiso del poder.
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