El abogado y padre de una niña con trastorno del espectro autista (TEA), Félix Portes, alertó sobre una práctica que considera preocupante en la República Dominicana: la prescripción de medicamentos para niños con autismo por parte de médicos que no cuentan con la especialidad correspondiente en el área.
De acuerdo con su planteamiento, el trastorno del espectro autista requiere una evaluación clínica especializada y un abordaje multidisciplinario. En ese sentido, subraya que el manejo farmacológico debe estar a cargo de especialistas como neurólogos, psiquiatras infantiles o profesionales del neurodesarrollo.
El jurista señala que cuando médicos generales o internistas indican tratamientos farmacológicos sin una valoración especializada, se corre el riesgo de incurrir en diagnósticos incorrectos, uso innecesario de psicofármacos y la aparición de efectos adversos que pueden agravar la condición clínica del menor.
Asimismo, advierte que este tipo de prácticas puede retrasar la intervención temprana, considerada fundamental en el desarrollo de los niños con TEA. Entre esas intervenciones menciona las terapias del lenguaje, las terapias conductuales y los programas de estimulación, cuyo inicio oportuno puede incidir de manera significativa en el progreso del paciente.
Portes también plantea que estas actuaciones podrían generar consecuencias legales para los profesionales de la salud involucrados. En el ámbito civil, podrían derivar en reclamaciones por negligencia o mala práctica, mientras que en determinadas circunstancias podrían implicar responsabilidades penales si se produce daño al paciente.
En el plano ético y disciplinario, sostiene que estas conductas podrían ser objeto de procesos ante el Colegio Médico Dominicano, además de cuestionamientos dentro de la comunidad científica representada por la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía.
El abogado argumenta que en estos casos se produce una triple afectación: se engaña a los padres que depositan su confianza en la orientación médica con la esperanza de mejorar la condición de sus hijos; se vulnera a los niños, quienes por su situación son especialmente indefensos; y se comprometen los principios del juramento hipocrático que establecen actuar con prudencia y evitar causar daño.
Ante esta situación, Portes plantea una interrogante sobre la conducta profesional de quienes, a su juicio, se aprovechan de la vulnerabilidad, la esperanza y, en ocasiones, del desconocimiento de los padres de niños con autismo.
Finalmente, recalca que el rol del médico general consiste en detectar posibles señales, orientar a la familia y referir al especialista correspondiente. A su entender, medicar el autismo sin la formación necesaria no solo constituye una imprudencia, sino que también puede ocasionar daños al menor y derivar en responsabilidades legales y éticas.
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