El Estado dominicano pondrá en subasta bienes decomisados al narcotráfico, lavado de activos y corrupción por un valor que supera los 1,095 millones de pesos, en lo que constituye la primera convocatoria pública bajo la Ley 60-23 y un intento por recuperar recursos retenidos durante décadas en procesos judiciales.
El Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados (Incabide) informó que en esta primera subasta se incluirán apartamentos, casas, solares, vehículos, aeronaves, embarcaciones, joyas y lotes de chatarra.
El valor total de los bienes asciende a 1,095,350,000 pesos. De ese monto, 917.6 millones corresponden a bienes inmuebles; 172.6 millones a bienes muebles y poco más de 5 millones a joyas y relojes. En total, se trata de 147 bienes o lotes acumulados a lo largo de años de operativos y procesos judiciales.
El anuncio marca un punto de partida, pero también abre una discusión que no está resuelta: qué ocurrió con estos bienes durante el tiempo que permanecieron bajo control del Estado.
Muchos de estos activos estuvieron retenidos más de 20 años sin ser monetizados. Durante ese periodo, no queda claro quién tuvo la custodia efectiva de propiedades, vehículos o embarcaciones. Tampoco se ha detallado qué instituciones asumieron su administración directa ni bajo qué protocolos operaron. La pregunta es inevitable: ¿se mantuvieron intactos o algunos fueron utilizados?
El volumen y la diversidad de los bienes refuerzan esa duda. No se trata solo de objetos de bajo valor, sino de aeronaves, embarcaciones, apartamentos en zonas urbanas y hasta un hotel. Activos de ese tipo requieren mantenimiento constante. Eso plantea otra interrogante: ¿quién asumió esos costos durante años y cuánto representaron para el Estado?
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