José Bono Martínez (Salobre, 1950) posee el don de la ubicuidad política y una narrativa personal que parece fundirse con la historia misma de la España democrática. El hombre que presidió Castilla-La Mancha durante dos décadas, que dirigió los ejércitos como ministro de Defensa y que sostuvo el mazo del Congreso de los Diputados, ha encontrado en el crepúsculo de su carrera una nueva geografía para desplegar su poder: República Dominicana. Sin embargo, en las calles de Santo Domingo su nombre ya no evoca únicamente la solemnidad de un exministro del PSOE; hoy se sitúa en el centro de un debate donde los límites entre la asesoría técnica de Estado y el desembarco empresarial privado se han vuelto peligrosamente porosos. Bajo el sol del Caribe, el “Efecto Bono” se describe a grandes rasgos en la prensa española y dominicana, como una trayectoria de privilegios documentados y nexos mercantiles que hoy, bajo el escrutinio de la investigación periodística, proyectan una sombra de duda sobre la ética del servicio público internacional.
La relación de Bono con el poder político en nuestro país, no es producto del azar, sino de una arquitectura de reciprocidades que se extiende por más de dos décadas. Ya en 2005, el entonces presidente Leonel Fernández lo distinguió con la Orden Heráldica de Cristóbal Colón en el grado de Gran Cruz de Plata (Decreto 519-05). Aquel reconocimiento fue el primer sello de una alianza que alcanzaría su cénit con la llegada al poder de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
El 29 de septiembre de 2020, apenas unas semanas después del cambio de mando, el Ejecutivo emitió el Decreto 517-20, mediante el cual le otorgó la nacionalidad dominicana por la vía de la “naturalización privilegiada”. Esta facultad, reservada por ley para personalidades con aportes excepcionales a la ciencia, la cultura o la economía, se le concedió a Bono sin que hasta la fecha el Gobierno haya despejado la incógnita central: ¿cuáles han sido esos aportes concretos?
Mientras Bono se convertía en uno más de “los privilegiados” con la nacionalidad dominicana en la era Abinader —integrándose a lo que medios locales califican como el “anillo de poder” presidencial—, sus actividades oficiales permanecían bajo un absoluto misterio documental. Su rol se anunció el 7 de noviembre de 2021 como “asesor” para la transformación de la Policía Nacional; sin embargo, la investigación revela un vacío administrativo asombroso: en los portales de libre acceso consultados no existe decreto de designación, contrato de consultoría, partida presupuestaria ni registro en la nómina del Gobierno que formalice su estatus. Bono es, a efectos del Estado dominicano, un asesor fantasma en lo administrativo, pero una figura omnipresente en lo simbólico.
Si en los archivos públicos la huella de Bono es tenue, en los registros de la ONAPI es frenética. Entre el 14 de septiembre y el 19 de octubre de 2020 —un periodo de apenas 35 días tras la concesión de su nacionalidad—, el exministro registró cuatro denominaciones ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial: Teivelpir RD, S.R.L., Vetapir, Tiseck Group y Sociedad Veleta.
Todas comparten un patrón de diseño: domicilio único (la suite 201 del edificio Centre One, en el ensanche Naco de Santo Domingo) y un objeto social omnipotente: “Asesoramiento técnico, económico, laboral, fiscal, financiero y de gestión específica a empresas; prestación de servicios de consultoría integral en materia de posicionamiento estratégico y desarrollo de negocio ante los mercados nacionales e internacionales; asesoramiento en técnicas comerciales publicitarias; prestación de servicios administrativos en materia de gestión pública; colaboración con radio, televisión y prensa en todas sus modalidades; adquisición, disposición, enajenación y gravamen de bienes inmuebles”.
Teivelpir RD es propiedad en un 99,9 % de Tojsama 14, S.L., la sociedad patrimonial de Bono en España, cuya participación en la filial dominicana se valoró en 532.385 euros en 2024. Esto evidencia un crecimiento patrimonial acelerado desde los modestos 1.487 euros registrados en 2023.
Este esquema parece guardar similitudes con el modelo utilizado en España, donde sociedades como Hípica Almenara —cuyas cuentas no presentan actualizaciones registradas desde 2018, de acuerdo con una publicación del medio español THE OBJECTIVE (según sus propias fuentes citadas)— habrían formado parte de una estructura patrimonial superior a los 7,3 millones de euros. En República Dominicana, estas “empresas de carpeta” presentan una operatividad que plantea interrogantes: si bien figuran en los registros oficiales, no se observa constancia de su actividad en portales de libre acceso ni en el Registro de Proveedores del Estado (RPE), como tampoco se registran licitaciones públicas directas. Lo anterior abre una cuestión sobre su naturaleza: ¿se trata de vehículos destinados a la inversión privada o responden a dinámicas de gestión de otra índole? La ausencia de datos públicos deja la pregunta abierta.
Este esquema parece guardar similitudes con el modelo utilizado en España, donde sociedades como Hípica Almenara —cuyas cuentas no presentan actualizaciones registradas desde 2018, de acuerdo con una publicación del medio español THE OBJECTIVE (según sus propias fuentes citadas)— habrían formado parte de una estructura patrimonial superior a los 7,3 millones de euros. En República Dominicana, estas “empresas de carpeta” presentan una operatividad que plantea interrogantes: si bien figuran en los registros oficiales, no se observa constancia de su actividad en portales de libre acceso ni en el Registro de Proveedores del Estado (RPE), como tampoco se registran licitaciones públicas directas. Lo anterior abre una cuestión sobre su naturaleza: ¿se trata de vehículos destinados a la inversión privada o responden a dinámicas de gestión de otra índole? La ausencia de datos públicos deja la pregunta abierta.
El edificio Centre One no solo alberga las sociedades de Bono; es también la base de operaciones de MedCap Energy Caribe. Aquí es donde la “asesoría desinteresada” se cruza con el negocio de alto calado. MedCap, que comparte equipo jurídico con las empresas de Bono —específicamente la abogada española Esther Patricia Fernández Bernard—, es una sociedad beneficiaria de concesiones energéticas bajo la actual administración.
Destacan las concesiones de los proyectos Pimentel Energy y Las Parras Energy, con una capacidad instalada de 151,8 MWp y 317,9 MWp respectivamente, cuya inversión conjunta superaría los 400 millones de dólares. Aunque José Bono no consta directamente en el capital social, las coincidencias de personas vinculadas a su círculo de confianza resultan llamativas: el exparlamentario del PSOE Juan Segovia Noriega posee el 20 %, mientras que el empresario valenciano Dimas de Andrés Puyol es socio fundador de MedCap.
La conexión se vuelve más intrincada con la aparición de Telkes Solar y Telkes Desarrollos Energéticos, S.L. Según el informe técnico-legal de la Superintendencia de Electricidad (de fecha 26-5-2023), que hace referencia a un movimiento de venta de acciones, los socios de la entidad Medcap Energy Caribe, S.R.L. reconocieron una operación entre los señores Dimas de Andrés Puyol, Rafael González-Cabos Bautista y Telkes Solar —esta última representada por Antonio Bueno Córdoba—, de acuerdo con el Acta de Asamblea General Extraordinaria del 4 de febrero de 2022.
La sociedad albaceteña Telker Solar, S.L.U. , administrada por Vicente Chinchilla Nuño de la Rosa, cuenta con el Registro Nacional de Contribuyente extranjero núm. 132-53665-7; mientras tanto, su entidad hermana, Telkes Desarrollos Energéticos, S.L., es administrada por Antonio Bueno Córdoba. De esta última no se tiene constancia de ningún registro público en República Dominicana, más allá de su acompañamiento técnico en los proyectos solares de Dimas de Andrés y Juan Segovia.
Fue precisamente a Telkes Desarrollos Energéticos, S.L. a la que, en 2021, la Comisión Nacional de Energía (CNE) autorizó realizar los estudios y la prospección del proyecto “Pimentel Energy”. Ambas entidades, además de la similitud en sus denominaciones, comparten domicilio social en la calle Marqués de Molins, 13, 1.º D, 02001, Albacete (tierra natal de Bono).
En la foto: se aprecian a Juan Segovia y Alberto Muiñoz Carbonell, en un acto oficial en Sto. Dgo.
Bono no ha desembarcado solo en la isla; lo acompaña una estructura de lealtades forjada en la política madrileña y el empresariado valenciano. Juan Segovia Noriega, descrito por la prensa española como uno de los “hombres del momento”, dejó la política en 2018 para establecerse permanentemente en Santo Domingo tras los pasos de su mentor. Segovia no solo es socio en los proyectos energéticos, sino que también registró, junto al abogado Williams Alberto Jiménez Villafaña, su propia sociedad, Atitlán SRL, en el mismo edificio Centre One.
Por otro lado, Dimas de Andrés Puyol, identificado por la revista Forbes como uno de los mayores patrimonios de la Comunidad Valenciana, aportaría el músculo financiero a la operación. La presencia de estos aliados plantea la posibilidad de que la figura de Bono haya servido de “llave maestra” para facilitar el acceso de intereses privados a esferas estatales. En este sentido, diversas publicaciones españolas situaron al exjefe de gabinete de la Comunidad Valenciana, Alberto Muiños Carbonell, como uno de los asesores encargados de la redacción de discursos para el presidente Abinader. Tras la difusión de estas informaciones, Muiños habría eliminado de sus redes sociales las imágenes en las que —según reportes de prensa— presumía de su nueva etapa profesional en el Caribe. Esta noticia circuló ampliamente en España sin que, hasta la fecha, haya sido objeto de una validación oficial por parte de la administración pública.
Bono: «el desinteresado»
La génesis de esta cercanía con Abinader es de larga data. Poco antes de la fundación del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en 2013, el actual presidente presentó a Bono como orador principal para la inauguración del Centro de Estudios de Políticas Públicas. En el marco de una visita de cortesía al presidente Danilo Medina en el Palacio Nacional, escoltado por Abinader, Bono expresó que era su tercera vez en la casa de Gobierno y la quinta que visitaba la República Dominicana; en su breve discurso, pronunció palabras que resuenan hoy con una ironía punzante:
“Me encuentro con la satisfacción de poder mostrarles, por la política, un gran interés, pero un interés desinteresado; no me postulo para cargo público alguno y lo único que deseo y quiero, como persona interesada en la política, es que las cosas vayan bien…”.
Aquel discurso de “desinterés” se enfrenta hoy a una realidad distinta. Bono ya no es un visitante; es un residente que pasa gran parte del año en Santo Domingo y que, según reportes, fue captado participando en las elecciones municipales de 2024. A su actividad societaria se suma la adquisición, en diciembre de 2023 y a través de Teivelpir RD, de un apartamento de 212 m² en un exclusivo residencial de la capital; en dicha operación, se habría identificado con su pasaporte español a pesar de poseer la nacionalidad dominicana privilegiada.
En su discurso, recordando sus años mozos en la política durante el franquismo, agregó:
“…En aquella época, en España, lo único que se tenía cerca, por ser político y socialista, era la cárcel”.
“Cuando el río suena, agua lleva”: El refrán cobra relevancia ante la dimensión internacional que adquiere el asunto, especialmente cuando los ecos de Madrid cruzan el Atlántico. El nombre de José Bono se ha mencionado en las investigaciones del “Caso Koldo” en España, por presuntas filtraciones de mensajes que apuntan a gestiones de supuestos favores.
Más inquietantes resultan las denuncias del polémico eurodiputado Alvise Pérez, quien presentó en 2025 un dossier ante la Fiscalía española y la PEPCA en República Dominicana. Las alegaciones, pendientes de verificación judicial, señalan:
- Sobrecostes del 250 % en la venta de material policial (cámaras térmicas, escáneres y vehículos) al Gobierno dominicano.
- Supuesta mediación de Francisco Pardo Piqueras (director general de la Policía en España y hombre de confianza de Bono) para eludir controles aduaneros en la entrada de dicho material.
- Una presunta red de corrupción transnacional con pagos en divisas hacia España.
Si bien estas acusaciones se mantienen en la categoría de “pendientes de comprobación” y no existe una imputación formal a la fecha, la coincidencia de nombres, fechas y el modus operandi del clúster Centre One genera interrogantes legítimos sobre la posible influencia de Bono ante el Gobierno dominicano.
El “Efecto Bono” en República Dominicana representa un caso de estudio sobre la evolución del poder político en la era global. Es la crónica de cómo un capital simbólico, acumulado en las instituciones europeas, se traduce potencialmente en capital financiero dentro de las economías emergentes del Caribe. Para la sociedad dominicana, el impacto es directo: se trata de la transparencia en sus procesos de reforma y de la integridad en la gestión de sus contratos energéticos. Para España, el asunto trasciende lo personal para convertirse en una cuestión de higiene democrática: ¿hasta dónde pueden los ex altos cargos utilizar sus conexiones estatales para consolidar patrimonios privados en el extranjero?
Al parecer, Bono ha pasado de ser el político que recordaba el miedo a la cárcel en su juventud, al estratega que operaría desde denominaciones societarias de “escasa evidencia operativa”.
¿Casualidad o causalidad? La firma del tratado bilateral en abril de 2026 entre España y República Dominicana para el rastreo de bienes ilícitos sitúa este escenario como uno de los primeros desafíos para la cooperación jurídica de ambas naciones. La respuesta, que permanece oculta en la suite 201 del edificio Centre One, determinará si la nacionalidad privilegiada es un reconocimiento al mérito o un instrumento para fines aún por esclarecer.
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