Quitarle un 50% de los recursos a los partidos políticos no solo es correcto, es necesario. En medio de una crisis internacional que amenaza con golpear la economía dominicana, reducir el financiamiento público a estructuras partidarias sobredimensionadas, opacas y poco fiscalizadas no debería siquiera ser un debate. Debería ser una obligación.
No estamos en un año electoral. No existe razón válida para que los partidos continúen recibiendo fondos como si el país estuviera en campaña permanente. Mucho menos cuando durante años han administrado miles de millones de pesos del contribuyente sin que la sociedad dominicana tenga claridad real sobre el destino de esos recursos.
Ahí está el fondo del problema.
En República Dominicana los partidos han sido financiados con dinero público bajo el argumento de fortalecer la democracia, institucionalizar la vida política y garantizar mayor equidad en la competencia electoral. En teoría suena bien. En la práctica, ha servido para sostener estructuras cerradas, poco transparentes y cada vez más alejadas de la ciudadanía.
Los partidos nunca han explicado con claridad qué hacen con ese dinero. No existe una cultura real de rendición de cuentas sobre esos fondos. No hay trazabilidad suficiente ni mecanismos eficaces para que el ciudadano sepa en qué se invierte el dinero que sale de sus impuestos para sostener estructuras políticas que, en demasiados casos, solo se activan para negociar poder, cuotas y candidaturas.
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