El diputado Charlie Mariotti Jr. depositó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que modifica los artículos 208, 310 y 315 de la Ley núm. 74-25 del nuevo Código Penal de la República Dominicana, que busca fortalecer las garantías constitucionales de la libertad de expresión, prensa y crítica ciudadana.
Libertad de expresión
En cuanto a la libertad de expresión, uno de los puntos más controvertidos de la pieza, Mariotti Jr. plantea la modificación de los artículos 208, 310 y 315, propuesta que adiciona un principio de interpretación restrictiva en favor de la libertad de expresión, con el objetivo de adecuar estas figuras a los principios de legalidad, taxatividad, proporcionalidad e intervención mínima.
El proyecto busca reformar los tipos penales de difamación, donde se exige que el hecho imputado sea falso; se incorpora la protección a la crítica y al periodismo de interés público (estándar similar a la “real malicia”); y se elimina la prisión, dejando únicamente la sanción de multa. Asimismo, propone reformar el ultraje a la autoridad para circunscribir el tipo a amenazas graves o actos de intimidación contra funcionarios, excluyendo expresamente la crítica, la protesta pacífica y el periodismo.
Asimismo, se pretende que el artículo 315 sobre desacato sea modificado, limitándolo a amenazas, violencia o incumplimiento deliberado de mandatos judiciales o legislativos, excluyendo de forma expresa la sátira, la opinión política y la denuncia ciudadana.
Vacatio legis
La propuesta del legislador contempla, además, una iniciativa de respaldo para la ampliación de seis meses del vacatio legis, período que transcurrirá desde la publicación oficial de la norma hasta su entrada en vigor.
«De no prosperar en tiempo oportuno el proyecto anterior, se ha preparado como medida de contingencia un segundo anteproyecto que modifica el artículo 393 de la Ley núm. 74-25 para ampliar su vacatio legis por seis meses adicionales. Esta extensión busca garantizar el tiempo necesario para introducir los ajustes constitucionales pendientes en defensa de los derechos de los ciudadanos, así como una adecuada preparación institucional del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública y demás actores del sistema de justicia, antes de la entrada en vigor del nuevo Código Penal», sostuvo Mariotti Jr.
El diputado indicó que ambas iniciativas responden a un mismo propósito: asegurar que la reforma penal entre en aplicación de forma compatible con la Constitución, la seguridad jurídica y la protección efectiva de los derechos ciudadanos.
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