La contabilidad continúa. Como si cada mujer muerta a manos de un hombre que la considera objeto, cosa, propiedad, no fuera un testimonio de las falencias del sistema de protección y, sobre todo, de la inacción estatal frente a una cultura que propicia el feminicidio.
Desde luego, atribuir toda la responsabilidad al Estado es socialmente evasivo. Pese a la frecuencia de estas muertes —once solo en mayo— y a la mayor asiduidad con la que los medios de comunicación se hacen eco de ellas y las llaman por su nombre, la sociedad y sus líderes son circunstancialmente reactivos.
Las fallas ostensibles del sistema se han convertido, a lo sumo, en oportunidad de crítica política. Partidos y sociedad se quedan en la periferia del problema. No hay indicios de que estén convencidos de las causas, ni de proponer estrategias y participar en su puesta en práctica.
Cuando un caso particular se mediatiza, salen a flote otros problemas que tampoco queremos ver y que hacen todo más complejo. Entre ellos, el subyacente clasismo que convierte unas tragedias en más dignas de atención que otras. Marianny Michel Cuevas Román también fue asesinada cuando se dirigía a la fiscalía de Neiba a poner una querella. Su caso y el de Esmeralda Montero tienen el mismo peso simbólico, pero no provocaron la misma reacción.
Mientras Estado y sociedad no encaren de manera responsable la adopción de políticas que vayan a la raíz, que no es otra que la ideología patriarcal; y mientras los creadores de opinión pública no otorguen la misma relevancia a cada feminicidio como dato de la cultura machista que desvaloriza a las mujeres, la violencia de género continuará cobrando vidas.

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