El fenómeno que InSight Crime bautizó como el “efecto Bukele” ya no es una curiosidad centroamericana: es una fuerza que recorre toda América Latina y empieza a asomarse en el debate político del Caribe. Más de quince propuestas de megacárceles inspiradas en el CECOT y una treintena de estados de emergencia declarados en la región en apenas tres años confirman que la fórmula salvadoreña —control absoluto, suspensión temporal de garantías y encarcelamiento masivo— se volvió un molde electoral.
Pero el propio análisis lo advierte con claridad: nadie ha logrado replicar los resultados de El Salvador, porque nadie cuenta con su combinación irrepetible de correlación de poderes, tamaño territorial reducido y respaldo popular casi unánime.
La República Dominicana observa este ciclo con una ventaja que muchos vecinos no tienen: no partimos de un colapso institucional como el salvadoreño de 2019, sino de un proceso de reforma policial que ya está en marcha. El proyecto que sustituirá la Ley 590-16 avanzó en primera lectura en el Senado, con controles más estrictos al uso de la fuerza, separación entre investigación y decisión disciplinaria, y límites a la asignación de agentes a labores privadas.
El Gobierno resalta además la graduación de más de 12 mil nuevos agentes y una tasa de homicidios que hoy nos ubica como el segundo país más seguro de la región, solo detrás de El Salvador. Son cifras que cualquier candidato querrá capitalizar en 2028.
Ahí está precisamente el riesgo. La tentación de “bukelizar” el discurso —ofrecer mano dura, cárceles de máxima capacidad y resultados inmediatos— es políticamente rentable, pero jurídicamente peligrosa si se hace sin anclaje institucional. Nuestra reforma tiene méritos que El Salvador nunca tuvo: se está discutiendo en el Congreso, no por decreto; incorpora garantías procesales y sanciones disciplinarias reales para los agentes; y coexiste con un Ministerio de Justicia (Ley 80-25) llamado a armonizar el régimen penitenciario de la Ley 113-21 con los estándares del nuevo Código Penal.
Esa arquitectura, si se completa, puede dar a la República Dominicana algo que ningún imitador de Bukele ha alcanzado: seguridad con debido proceso.
El peligro para 2028 no es que un candidato prometa firmeza frente al crimen —eso es legítimo y hasta necesario—, sino que la campaña convierta la reforma en curso en un simple eslogan de mano dura, sacrificando lo que la distingue del modelo salvadoreño: la rendición de cuentas. Ya hemos visto los costos de saltarse ese equilibrio.
Las denuncias recientes de muertes bajo custodia policial y los señalamientos sobre uso desproporcionado de la fuerza —aun en pleno proceso de modernización— muestran que la profesionalización no se decreta, se construye con supervisión sostenida, salarios dignos, formación técnica en el IPES y consecuencias reales para el abuso, venga de donde venga.
El Caribe insular, además, enfrenta un desafío que Centroamérica no tiene en la misma escala: la porosidad marítima y aérea que alimenta el narcotráfico de tránsito. Copiar el modelo de encarcelamiento masivo sin atender esa dimensión regional sería repetir el error de creer que la seguridad ciudadana se resuelve solo puertas adentro.
La cooperación con el BID en financiamiento de seguridad para la región, mencionada por InSight Crime, debería orientarse en nuestro caso a fortalecer inteligencia, control fronterizo y capacidades forenses, no únicamente a construir más celdas.
De cara a 2028, el mejor activo dominicano no será imitar a Bukele, sino demostrar que se puede reducir el delito sin desmontar el Estado de derecho. Si la reforma policial que hoy se discute en el Senado logra consolidarse antes de que arranque la contienda electoral, República Dominicana tendrá algo más valioso que una cárcel de máxima seguridad: una institución policial creíble, profesional y sujeta a control.
Ese, y no el eslogan de mano dura, debería ser el verdadero “efecto” que dejemos como legado regional
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