El Senado aprobó en segunda discusión la creación del Instituto Nacional de Semillas (INASE), una nueva entidad pública que tendría bajo su responsabilidad controlar la calidad de las semillas que se producen, comercializan e importan en República Dominicana.
Debemos ver no es solo qué hará el nuevo instituto, sino qué cambiará con su creación si el país ya cuenta desde hace 55 años con una estructura dedicada a regular las semillas.
La Ley 231, promulgada en 1971, estableció un sistema para la producción, procesamiento y comercio de semillas y creó dentro del Ministerio de Agricultura un Departamento de Semillas encargado, entre otras funciones, de controlar su calidad, producción y comercialización.
De hecho, una resolución de Agricultura establece actualmente registros para variedades comerciales, productores de semillas, campos de producción, plantas procesadoras, viveros y otros operadores vinculados al sector. Es decir, registro, certificación y control no son terrenos nuevos para el Estado dominicano.
A esto se suma OREVADO, la Oficina de Registro de Variedades y Protección de los Derechos de Obtentor, creada bajo la Ley 450-06 para administrar el sistema de protección de las variedades vegetales.
Entonces, ¿qué viene a hacer el INASE?
El proyecto, presentado por los senadores Félix Bautista y Héctor Acosta, plantea convertir esa regulación en una estructura institucional propia: el Instituto Nacional de Semillas estaría adscrito al Ministerio de Agricultura y tendría recursos asignados desde el Presupuesto General del Estado.
Entre sus atribuciones estaría determinar la calidad de las semillas sembradas y comercializadas en el país, crear un registro de productores y comercializadores, inspeccionar terrenos y establecimientos, tomar muestras e incluso incautar semillas para someterlas a evaluación.
También podría sancionar a quienes falseen la calidad del producto. El proyecto contempla multas de hasta 100 salarios mínimos del sector público, alrededor de un millón de pesos, según la iniciativa, además de suspensión o cancelación de licencias.
Para los compradores, la propuesta establece que si alguien es engañado con una semilla cuya calidad fue falseada, el vendedor tendría que devolver el dinero y podría enfrentar una demanda.
Sobre el papel, el INASE concentraría y ampliaría competencias que hoy aparecen distribuidas dentro de Agricultura.
Ahí está precisamente el punto que amerita mirar con lupa: si el problema es que las funciones están dispersas, la nueva institución podría significar una reorganización del sistema. Pero si ya existen controles, registros y personal dedicado al área, la discusión también pasa por saber cuánto costará crear otra estructura, qué funciones dejarán las dependencias actuales y cuáles desaparecerán para evitar duplicidades.
El propio proyecto contempla que el personal y los activos de las estructuras actuales vinculadas al tema pasen al nuevo instituto si la ley es aprobada por la Cámara de Diputados y promulgada.
No es la primera vez que se intenta
La creación del INASE tampoco nace con este proyecto. Una iniciativa de Ley Nacional de Semillas presentada en 2020 ya planteaba crear el instituto como órgano rector del sistema nacional de semillas. El Senado la aprobó en segunda lectura en mayo de 2023, pero aquella propuesta no llegó a convertirse en ley y posteriormente fue reintroducida. Es decir, el Congreso lleva años intentando sacar del papel esta transformación institucional.
También habrá dinero nuevo
La iniciativa contempla además crear el Fondo de Incentivo y Contingencia Semillera (Fonicose), destinado a financiar la producción, multiplicación y promoción de semillas certificadas, además de responder a lo que el proyecto denomina “emergencias semilleras”.
El fondo se alimentaría anualmente con el 10 % del presupuesto total del propio INASE.
Por eso, más que una simple oficina para certificar semillas, lo que se propone es una nueva estructura estatal con presupuesto, registros, capacidad de inspección, potestad sancionadora y un fondo financiero propio.
La pregunta concreta: ¿el país necesita una nueva entidad para ordenar un sistema que ya está regulado y que Agricultura viene manejando desde 1971, o lo que necesita es fortalecer y reorganizar las estructuras que ya existen?.
La respuesta tendrá que aparecer en el tránsito del proyecto por la Cámara de Diputados y, sobre todo, en cómo quede finalmente repartida la responsabilidad entre el nuevo instituto y las dependencias actuales.
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