El productor arrocero Iván Tió lanza un puñado de arroz al agua del canal que irriga su finca, en el Cruce de Guayacanes, Mao. Alrededor del 30 % flota. Es el porcentaje de la cosecha afectado por las altas temperaturas que debilitan el grano y lo hacen vulnerable a plagas. No es el único ni el mayor daño.
El cultivador menciona eliminación de exenciones a fertilizantes, dificultades para acceder a crédito, mal estado de caminos, precio de combustibles, alta factura eléctrica, apagones y la invasión de grano extranjero, incluso cuando regía el decreto 693-24, derogado el 9 de septiembre, justo en medio de la segunda y última cosecha del año.
Esa disposición estipulaba traer 23, 300 toneladas libres de impuestos desde Estados Unidos. Llegaría, aunque el país fuese autosuficiente. Los productores tienen siete millones de quintales disponibles. Mas, ni la entrada desmedida del cereal ni la abundante producción local reducen el precio para el consumidor, que lo compra en colmados, almacenes y supermercados entre 40 y 55 pesos la libra.
Pese a la prohibición, el año pasado entraron alrededor de millón y medio de quintales provenientes de Suramérica, con los que no hay acuerdo. Hasta mayo, el país había recibido 14 mil 727. 17 toneladas exentas de impuestos, más de la mitad de las estipuladas.
El día 5, apareció en los medios de comunicación la noticia de que el Gobierno accedió a la petición de Estados Unidos de anular la regulación. Los interesados corrieron a confirmarlo a la gaceta oficial digital. Vieron que no fue emitida recién.
En esa misma fecha, en las entrevistas para este reportaje, los productores pedían al Gobierno informar qué respondería a la petición “gringa”, pero ya lo había hecho y lo supieron horas después de ser entrevistados. Estaban contentos con la regulación, porque protegía la siembra nacional, el esfuerzo sobre todo de los medianos y pequeños.
La decisión presidencial 635-26, que dejaba sin efecto la tomada el 17 de diciembre de 2024, llevaba desde el 9 de septiembre y estaba debajo de otras más recientes, oculta.
La solicitud habría sido sustentada en factores como la falta de cumplimiento al permitir la entrada masiva de arroz de otras naciones fuera del pacto.
El Gobierno aseguró que mantendrá el “respaldo de siempre” y ahora “más que nunca” frente al desmonte fijado en el acuerdo DR Cafta (Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos) y que lo harán mediante el Ministerio de Agricultura. No fue posible obtener la reacción del ministro, Oliverio Espaillat.
Que sea para negociar. Iván Tió es el presidente de la Cooperativa Agropecuaria de Valverde (Coopava) y plantea que, si la decisión del mandatario Luis Abinader no es un requisito de los estadounidenses para iniciar una negociación y / o renegociación, entonces es muy preocupante, por la falta de competitividad de República Dominicana frente al país más poderoso.
“Ya estábamos ilusionados, creídos en que podíamos seguir la siembra del único cultivo soberano de la nación. Los productores hemos hecho múltiples esfuerzos para tecnificar, para subsistir, porque estamos más que seguros que no podemos competir de tú a tú con los estadounidenses”, manifiesta apesadumbrado. Cree que están conminados “a desaparecer y la industria también”.
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Arroz entra con y sin permiso
El presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), Marcos Rodríguez, indica que después de las 23, 300 toneladas, el grano estadounidense quedaba bajo el arancel de Nación Más Favorecida, y que al margen lidian con los permisos de importación a comerciantes, que provocaban la queja de molineros no beneficiados pero que el gran perdedor es el productor.
Afirma que el desorden era tal, que, en enero, el Ministerio de Agricultura devolvió barcos del producto que llegaron sin permiso, que nadie sabe cómo entraron. Sostiene que el desorden empezó en 2024, por el afán de lucro y que siguió luego como un irrespeto al decreto.
“El ingreso del cereal desde países con los que no hay convenio, no es solo una violación, es un peligro, porque puede venir cargado de enfermedades, de alta concentración de arsénico y lo ligan con el criollo, para venderlo como dominicano, que es superior”, asevera.
De la derogación, culpa en parte a los importadores, que no recuerdan la inversión del productor y propiciaron el desastre y que esto haya concluido en que Estados Unidos pidiera la revocación por incumplimiento.
Marcos Rodríguez, presidente de Fenarroz
Asegura que esta gestión del ministerio sí trabajó para que fuera cumplido pero que ese país no estaba convencido. Cree que el problema estuvo en no comprarles el excedente de las 23, 300 toneladas.
Indica que en la Dirección General de Aduanas hay furgones con problemas y que mucho producto llega a los muelles para ser trasladado a Haití, pero gran parte queda aquí. La violencia impide que las naves atraquen en ese país.
Antes de conocerse la revocación, ya estaba prevista la entrada de un barco con 33 mil toneladas. Rodríguez llama a proteger al sector con acciones como el freno a las importaciones y prestamos fáciles de pagar. Desean que el administrador del Banco Agrícola, Femando Durán, reciba a la Comisión Nacional Arrocera.
Sin ayuda gubernamental no hay exportación
En cuanto a la producción en almacén, Juan Pérez Mota, presidente de la Asociación de Productores de Arroz del Nordeste (Aprano), la primera fundada en el país, cree que la exportación es poca porque no tienen ayuda de los gobiernos, pues en otros países los subsidios son mayores. Esto hace que local resulte caro en el extranjero.
“Con Abinader hay apoyo desde el principio, aunque en 2025 el Gobierno descontroló el mercado con las importaciones masivas, mientras las factorías estaban llenas y no nos fue bien. Solo queremos que los importadores tengan régimen de consecuencia y necesitamos respaldo con los fertilizantes”, expresa.
Insta a Aduanas a estar clara con las importaciones y antes de la derogación, pidió solo dejar que entren las 23, 300 toneladas, una realidad que cambia y que le preocupa. Pero espera que con el amparo de Fenarroz, hallarán una salida.
Exclama que ahora que Agricultura lo dirige un arrocero, están llenos de confianza y le agradece que devolviera los barcos. “Que siga con el oído en los productores, que los arroceros seguiremos por muchos años”.
Asevera que el Banco Agrícola apoya y alerta no convertirlo en una piñata. Exhorta a los deudores a saldar y recomienda a todos los funcionarios agropecuarios acercarse al campo, fortalecerlo.
Crédito va a políticos
El presidente de la Cooperativa Agropecuaria de Valverde, Iván Tió, llama al Banco Agrícola a manejar la cartera crediticia de modo más eficiente, para que llegue a los productores y no a políticos que nada tienen que ver con la agropecuaria, como en el 90 % de los casos, “que de 1,300 millones, solo 130 van a productores”.
Define el cooperativismo como una manera de aumentar el valor del producto. La que dirige tiene 21 años y 184 miembros. Dice que es la única arrocera abierta en el noroeste y la tercera del país que ha logrado sobrevivir a adversidades como la falta de apoyo estatal.
“Son pequeños productores que usan la economía de escala (reducen costo en la medida en la que aumenta el producto o venden) y la organización asume deudas de los que asfixiados por las pérdidas y sin acceso a préstamos del Estado, recurren a otras fuentes con tasas de interés insostenibles”. manifiesta.
Las exigencias para prestarles son las de una empresa grande, por lo que llama a la Junta Monetaria y al presidente Luis Abinader a reevaluar a las que caigan en categoría de mayor deudor, porque un cultivador de 800 tareas pasa a ese rango y es inequitativo. Pide la misma revisión para las personas físicas.
“Esos requisitos son un escollo para el desarrollo. 25 millones de pesos para producir es irrisorio, que llegue al millón de dólares. Hay que evaluar, incluso los combustibles y fertilizantes. No nos pueden medir con la misma vara que a los grandes. Solicitamos que vuelvan los préstamos Fide (Fondo de Inversiones para el Desarrollo Económico), que daban estabilidad al campo”, plantea.
Sugiere requerir un historial de pago de impuesto sobre la renta como agricultor para ceder créditos, otro capítulo para los nuevos y uno “si quieren beneficiar a los ajenos al sector, que son los que más aprovechan y las instituciones son las culpables”.
Merca en desastre. Exhorta al Gobierno a preservar el Merca Santo Domingo “que costó mucho esfuerzo al Estado construirlo y a los productores y comerciantes hacer un punto”. Niega que fuese reparado tras el incendio de hace un año.
“Le han mentido al presidente Luis Abinader, no es cierto que todo esté resuelto. Solo a algunos los reubicaron en lugares a los que nadie va. Esos 56 comerciantes lo perdieron todo, más de 400 millones de pesos y solo reciben promesas. Necesitan préstamos blandos”.
Critica que ese espacio pensado sobre todo para expender alimentos “sea arrabalizado” por el mercado de pulgas “que lo hace antihigiénico. Cuidemos lo poco que queda del Merca”.
Pequeños productores en apuros
En las ocho regiones agropecuarias, 21 provincias siembran arroz en un millón 500 mil tareas por ciclo. El 70 % pequeños productores que aseguran tienen una competencia feroz y legalizada desde el 9 de septiembre con la derogación del decreto 693-24, que protegía el cultivo local.
Los males son más. El presidente de la Asociación de Parceleros de la Reforma Agraria, Santos Paulino, clama a las autoridades ver la destrucción de los caminos vecinales. Necesitan rodillos y gredas.
“Desde inicios del Gobierno, pedimos al presidente Luis Abinader reparación de los interparcelarios. Hubo intentos, pero solo eso. Ahora solicitamos también al ministro, Oliverio Espaillat, arreglarlos, pasamos trabajo para sacar los cultivos, pero también la ganadería es afectada. Necesitamos esa solución. Las inundaciones nos golpean, dañan las vías”, lamenta.
Dice que la segunda de las dos cosechas del año les agarra con el fin el 30 de septiembre de los subsidios a los fertilizantes y una factura de energía eléctrica más alta, que perjudica al regadío y a las factorías.
Confía en que el Gobierno renueve la subvención e incluya pesticidas. “Aquí no fabricamos, solo sabemos hacer la tambora y hay que darle mucho pa que suene”. Pide al primer mandatario aumentar el presupuesto del Ministerio de Agricultura.
Les recuerda a las autoridades que el arroz es el plato esencial de los dominicanos, que genera 300 mil empleos, la producción llega a 14. 78 millones de quintales al año, de los que el país consume alrededor de un millón 200 mil al mes, 54 431 toneladas. Espera que la producción nacional no sea afectada por la entrada masiva de cereal.
Sobre el cambio climático y el impacto negativo del arroz, por los gases que expele al ser criado en agua, asegura que bien cultivado cada vez hace menos daño y que las autoridades deben implementar soluciones para proteger al campesino y al medioambiente, en las que apoyarán.
Sin mecanización ni jornaleros
Los arroceros piden un plan de regularización de trabajadores haitianos, mientras llega el Programa de Mecanización Agrícola, ese que el presidente Luis Abinader y el ministro de Agricultura Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, presentaron en un flamante acto el 14 de agosto, en San Juan y que aún no es realidad nacional.
El presidente de la Cooperativa Agropecuaria de Valverde, Iván Tió, sostiene la solicitud en que esos extranjeros son los únicos jornaleros con los que cuenta el sector agrícola, por lo que su ausencia amenaza incluso la seguridad alimentaria.
“El arroz es exigente, por eso necesitamos a los trabajadores dispuestos, que conocen el cultivo y los perdemos. Queremos un acercamiento con la Dirección de Migración y el Ministerio de Trabajo”.
Marcos Rodríguez está al frente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz) y esboza la situación que acarrea la falta de manos en todas las zonas arroceras. Asegura que el sector contribuyó a que la nación cumpla la meta Hambre Cero y que para mantenerla al que apoyar al productor.
Pide a las autoridades que reciban a la Comisión Nacional Arrocera para plantearle ese y otros temas neurálgicos. Es una reunión que solicitaron hace tiempo y confían en que la tendrán.
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