El Ministerio Público solicitó al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazar el incidente de extinción de la acción penal presentado por la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez. El órgano acusador sostiene que la petición carece de fundamento jurídico y busca evitar que el imputado enfrente un juicio por los cargos de corrupción que se le atribuyen.
La procuradora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, aseguró que la institución desmontó cada uno de los argumentos expuestos por la defensa. Explicó que la cronología del proceso evidencia una conducta reiterada para retrasar el avance del caso.
Ortiz ofreció las declaraciones al concluir la audiencia celebrada este miércoles, la cual fue aplazada hasta el próximo lunes por decisión del tribunal. La funcionaria afirmó que las incidencias del proceso han quedado registradas en las actas judiciales desde la etapa de instrucción.
La representante del Ministerio Público indicó que dichos documentos reflejan que los imputados promovieron múltiples acciones para dilatar el conocimiento del expediente. A su juicio, esa conducta impide que ahora puedan invocar el vencimiento del plazo máximo del proceso como argumento para solicitar la extinción.
Como ejemplo, recordó que la propia defensa de Rodríguez pidió más de cien días hábiles para depositar su escrito de defensa durante la audiencia preliminar. Consideró que ese antecedente contradice el reclamo actual sobre una supuesta violación al plazo razonable.
Ortiz sostuvo que una parte procesal que ha contribuido a prolongar el caso no puede pretender beneficiarse de esa situación. Agregó que el Ministerio Público presentó al tribunal un recuento detallado de cada incidencia ocurrida durante el proceso.
La titular de la Pepca también afirmó que la posición del órgano acusador está respaldada por la jurisprudencia nacional. Explicó que existen precedentes de tribunales de primer grado, cortes de apelación, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional sobre el tratamiento de los casos complejos.
Señaló que esas decisiones establecen que este tipo de procesos deben evaluarse con criterios distintos a los de los casos ordinarios. Añadió que ese enfoque quedó incorporado en los artículos 146 al 150 del Código Procesal Penal.
Durante la audiencia, Ortiz inició la réplica formal al incidente de extinción promovido por la defensa del exprocurador. En su exposición citó la sentencia TC1106-2024 del Tribunal Constitucional, emitida el 30 de diciembre de 2024.
Explicó que esa decisión establece que, cuando un tribunal se aparte del plazo previsto por la ley, debe justificar de manera detallada las razones de la demora. Indicó que los jueces deben valorar las particularidades de cada caso y la capacidad de respuesta del sistema judicial antes de adoptar una decisión.
En la misma audiencia, el fiscal Enmanuel Ramírez presentó una cronología del proceso para sustentar la posición del Ministerio Público. Según explicó, esa relación de hechos evidencia las tácticas dilatorias empleadas por las defensas desde el inicio del expediente.
Tras concluir la agenda prevista para la jornada, las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto aplazaron el conocimiento del incidente. La audiencia fue fijada para el próximo 3 de agosto, a las 10:00 de la mañana.
El expediente acusatorio atribuye a Jean Alain Rodríguez el presunto desfalco de más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, cuando se desempeñó como procurador general de la República. El exfuncionario y los demás imputados enfrentan cargos por corrupción administrativa, soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.
El presidente Luis Abinader convocó al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para el próximo lunes 3 de agosto, a las 5:00 de la tarde, en el Palacio Nacional, con el objetivo de iniciar el proceso de evaluación de 11 jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) cuyo período constitucional ya venció.
Entre los magistrados que serán evaluados figura el presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, así como los presidentes de las tres salas del alto tribunal: Justiniano Montero, de la Primera Sala; Francisco Antonio Jerez Mena, de la Segunda Sala, y Manuel Ramón Herrera Carbuccia, de la Tercera Sala.
El período constitucional de estos jueces concluyó en abril de este año, por lo que corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura determinar si serán ratificados en sus funciones o sustituidos, conforme a lo establecido en la Constitución.
El CNM es el órgano encargado de designar y evaluar a los jueces de las altas cortes del país, de acuerdo con la Constitución de la República y la Ley 138-11, Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura.
Además del presidente Abinader, el organismo está integrado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el senador de la segunda mayoría, Omar Fernández; el diputado de la segunda mayoría, Tobías Crespo; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; la jueza Nancy Salcedo, quien funge como secretaria del Consejo; y el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez.
El cierre de la legislatura dejó una imagen de alta productividad en el Congreso Nacional. El Senado y la Cámara de Diputados destacaron la aprobación de cientos de iniciativas, entre ellas el nuevo Código Penal, la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y la reforma a la Ley de Contrataciones Públicas.
Sin embargo, detrás de ese balance positivo quedaron varias de las reformas más esperadas por distintos sectores del país. Algunas se estancaron en medio de desacuerdos políticos y otras ni siquiera llegaron a ser conocidas. Ahora, con el fin del período legislativo, varias de esas iniciativas perimieron y, si vuelven a impulsarse, tendrán que iniciar nuevamente todo el proceso congresual.
La principal deuda sigue siendo la reforma al Código de Trabajo, una pieza que buscaba actualizar una legislación con más de tres décadas de vigencia para adaptarla a las nuevas formas de empleo, revisar prestaciones laborales, licencias y otros aspectos de las relaciones entre empleadores y trabajadores.
Aunque el proyecto logró avanzar en el Senado, nunca consiguió el consenso necesario en la Cámara de Diputados. El desacuerdo entre los distintos sectores impidió que completara su trámite legislativo y terminó perimiendo tras agotar dos legislaturas ordinarias.
Otro proyecto que quedó en el camino fue la reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional. La iniciativa formaba parte del proceso de transformación policial impulsado por el Gobierno y proponía cambios de fondo en la estructura disciplinaria de la institución.
Entre las modificaciones planteadas figuraban sanciones más severas para los abusos de autoridad, nuevas reglas sobre el uso proporcional de la fuerza, limitaciones para ascender a agentes con faltas graves, cambios en los procedimientos de registro personal y la eliminación del ingreso con el rango de raso para sustituirlo por el de agente patrullero.
Pese a haber sido aprobada por el Senado después de meses de estudio, la propuesta nunca salió de la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados y terminó perdiendo vigencia.
A esa lista se suma la reforma a la Ley 87-01 de Seguridad Social, una de las promesas más reiteradas por el Gobierno durante los últimos años.
La modificación buscaba ampliar la cobertura del sistema, mejorar las prestaciones, revisar el régimen de salud y corregir distorsiones en el sistema de pensiones. Sin embargo, el proyecto nunca fue depositado en el Congreso durante esta legislatura, por lo que el debate quedó nuevamente pospuesto.
El resultado deja un contraste evidente: mientras el Congreso exhibe como logros la aprobación de algunas de las reformas más complejas de las últimas décadas, otras iniciativas consideradas igualmente prioritarias para millones de dominicanos permanecen sin respuesta.
Con la apertura de una nueva legislatura, cualquiera de estos proyectos deberá ser reintroducido y recorrer nuevamente todo el proceso legislativo: estudio en comisión, debates, aprobación en ambas cámaras y eventual promulgación por el Poder Ejecutivo. En otras palabras, el reloj vuelve a marcar desde cero.
Los sectores de energía y minería concentraron el40.2 % de la inversión extranjera directa (IED)recibida por la República Dominicana durante el primer semestre de 2026, consolidándose como los principales destinos de capitales internacionales, informó el ministro de Energía y Minas,Joel Santos.
Según datos preliminares del Banco Central, la IED alcanzó US$3,276.7 millones entre enero y junio, un crecimiento de 7.7 % respecto al mismo período de 2025.
El sector energético lideró la captación con US$910.87 millones, equivalentes al 27.8 % del total, mientras que la minería recibió US$406.29 millones, representando el 12.4 % de la inversión.
Santos atribuyó estos resultados a la confianza de los inversionistas en la estabilidad del país, la seguridad jurídica y las políticas impulsadas por el Gobierno para fortalecer la transición energética y el desarrollo del sector minero.
El funcionario destacó que la capacidad instalada del sistema eléctrico aumentó de 4,921 megavatios en 2020 a 7,120 megavatios en 2025, mientras que la participación de las energías renovables pasó de 11 % a 29 % de la matriz eléctrica nacional.
En materia minera, resaltó que el sector registró un crecimiento interanual de 18.1 % en junio y de 11.3 % en el primer semestre de 2026, además de continuar como uno de los principales generadores de divisas y aportes fiscales.
Asimismo, informó que la producción de larimar alcanzó 188,696 libras entre enero y junio de este año, resultado que atribuyó a las iniciativas para mejorar la extracción, comercialización y agregación de valor de la piedra nacional.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó este miércoles que el Gobierno respetará y acatará la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucional el decreto que regula los horarios para el expendio de bebidas alcohólicas, al tiempo que anunció que acompañará al Congreso Nacional en la elaboración de una nueva ley sobre la materia.
"Respetamos y acatamos su decisión. Al mismo tiempo, acompañaremos al Congreso y escucharemos a la sociedad para construir una normativa moderna, efectiva y acorde con las necesidades del país", expresó la funcionaria en la red social X.
Asimismo, aseguró que el compromiso del Gobierno seguirá siendo proteger "la vida, la seguridad y la convivencia de todos los dominicanos".
El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el Decreto 308-06, emitido por el Poder Ejecutivo en 2006, al considerar que, aunque la regulación persigue un fin legítimo, su aplicación indefinida carece del respaldo legal que exige la Constitución.
No obstante, mediante la sentencia TC/0689/26, el alto tribunal dispuso que el decreto continuará vigente durante un período de dos años, mientras el Congreso Nacional aprueba una nueva legislación que regule los horarios para el expendio de bebidas alcohólicas y que podrá entrar en vigor antes de que concluya ese plazo.
La decisión responde a una acción directa de inconstitucionalidad presentada por el abogado Víctor Eddy Mateo Vásquez contra el decreto, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a partir de la medianoche de domingo a jueves y desde las 2:00 de la madrugada los viernes y sábados, además de establecer sanciones como el cierre temporal o definitivo de los establecimientos que incumplan la disposición.E
El santuario que guarda el mayor y más denso tesoro de arte rupestre del Caribe precolombino hoy suena distinto: al silencio milenario de sus galerías se superpone el rugido de la maquinaria pesada y una fina capa de polvo blanco que avanza, lenta, sobre la memoria taína.
En San Cristóbal, donde la roca kárstica guarda historias de divinidades prehispánicas, rituales chamánicos y refugios de cimarrones, cuarenta y cinco años de minería dejaron cicatrices que la ciencia considera inaceptables. Hoy, comunicados oficiales presentan un «cierre y remediación ambiental» que, según especialistas, dista de ser una restauración real.
Las Cuevas de Borbón o del Pomier no son una curiosidad geológica menor: son el mayor repositorio de arte rupestre precolombino del Caribe, con más de cuatro mil pictografías y petroglifos taínos distribuidos en decenas de cavernas interconectadas, algunas milenarias. Su sistema kárstico —fracturas, acuíferos, murciélagos, troglobios y microclimas únicos— sostiene una red de vida anterior a la propia República Dominicana.
Un cierre que pareció definitivo
El 26 de febrero de 2025, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió la Resolución núm. 013-2025, que ordenó el cese inmediato de la extracción minera, las voladuras y cualquier actividad de explotación de caliza dentro de la zona núcleo y de amortiguamiento del Monumento Natural Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier.
La medida se celebró como un punto de inflexión. El presidente Luis Abinader anunció el rescate del monumento y el Gobierno adelantó su intención de impulsarlo como Patrimonio Mundial ante la UNESCO. Tras más de cuatro décadas de minería en su entorno inmediato, parecía abrirse el camino hacia la recuperación ambiental de uno de los conjuntos arqueológicos más importantes del Caribe.
Sin embargo, la revisión de acuerdos administrativos, informes técnicos y comunicaciones institucionales revela una historia más compleja: el Acuerdo DJ-AC-1-2025-00145, firmado el 7 de noviembre de 2025 entre el Ministerio y la empresa Dominicana de Cales, S. A. (DOCALSA); el Plan de Remediación Ambiental presentado por la compañía; un Informe de Visita de Seguimiento del 6 de marzo de 2026, y una comunicación remitida el 9 de junio de 2026 por la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Academia de Ciencias muestran que el proceso ha sido objeto de cuestionamientos técnicos que trascienden lo empresarial.
La pregunta de fondo sigue abierta: ¿las actuaciones responden a una restauración ecológica integral del sistema kárstico o corresponden, esencialmente, a un cierre minero que conserva componentes de aprovechamiento industrial?
Mientras el Ministerio y DOCALSA sostienen que se trata de una recuperación ambiental supervisada por el Estado, especialistas de la UASD y la Academia de Ciencias consideran que los propios documentos del proyecto contienen elementos incompatibles con la restauración de un ecosistema tan sensible.
Luis Carvajal, coordinador de la Comisión Ambiental de la UASD y miembro de la Academia de Ciencias, resume la discusión: «Un ecosistema kárstico no se restaura únicamente estabilizando taludes o sembrando cobertura vegetal. Restaurar implica recuperar funciones ecológicas, conectividad hídrica, biodiversidad y procesos que tardaron miles de años en desarrollarse».
Domingo Abreu Collado, arqueólogo, espeleólogo y fundador del Espeleogrupo de Santo Domingo, que documenta el sistema cavernario desde hace más de cuarenta años, coincide: «No se trata únicamente de preservar cuevas, sino de conservar un sistema geológico, arqueológico y biológico cuya integridad depende de la relación entre todas sus cavidades y los acuíferos que las alimentan».
Medio siglo de protección legal
El valor del Pomier no es un descubrimiento reciente. Desde 1969, la Ley 492 declaró Monumento Nacional las Cuevas de Borbón y Cavernas del Pomier. El Decreto 295-93 lo incorporó al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y la Ley Sectorial 202-04 lo clasificó como Monumento Natural, categoría que limita severamente cualquier actividad incompatible con sus valores. El Decreto 705-21 creó, más recientemente, una comisión técnica para fortalecer su protección y avanzar hacia su postulación como Patrimonio Mundial.
A ese marco se suma el artículo 160 de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00), que declara patrimonio natural de la Nación a todas las cuevas y cavidades del territorio, protegidas exista o no un área formalmente declarada. Esa disposición es uno de los principales argumentos de la UASD y la Academia de Ciencias al examinar la remediación.
La Resolución 013-2025 fue el acto administrativo más contundente del Ministerio sobre el Pomier en décadas: paralizó la extracción y las voladuras y planteó la necesidad de emprender acciones de recuperación ambiental.
Meses después llegó el giro. El 7 de noviembre de 2025, Ministerio y DOCALSA firmaron el Acuerdo DJ-AC-1-2025-00145, por el cual la empresa asumió la ejecución del Plan de Remediación. Ese acuerdo, junto con el contenido técnico del plan, es el origen de la controversia actual.
La primera observación de la UASD y la Academia de Ciencias no apunta al contenido técnico, sino al procedimiento: en su elaboración no participaron organismos con mandato legal o competencia técnica sobre el monumento, como la Comisión Presidencial para las Cuevas del Pomier, especialistas universitarios y entidades científicas vinculadas al sistema kárstico.
El plan que abrió el debate
Dos meses antes de firmar el acuerdo, el 8 de septiembre de 2025, DOCALSA había entregado al Ministerio el Plan de Remediación Ambiental y Recuperación de Antiguos Frentes de Minado. Su objetivo declarado era devolver a las áreas degradadas «un verdor y paisaje natural similar al que originalmente prevalecían». El contenido técnico, sin embargo, es el principal punto de discrepancia con la comunidad científica.
Para Carvajal, el problema no es la necesidad de remediar, sino el enfoque: «La restauración ecológica de un sistema kárstico no puede limitarse a estabilizar taludes, mover tierra o sembrar vegetación. Implica recuperar procesos ecológicos, hidrológicos y biológicos alterados durante décadas». Un cierre minero busca estabilizar físicamente un terreno; una restauración ecológica busca recuperar las funciones del ecosistema. Esa diferencia, sostienen los especialistas, no queda reflejada con claridad en el plan de la empresa.
El documento divide las intervenciones en cuatro etapas y proyecta el movimiento de cientos de miles de metros cúbicos de material con equipos propios de la minería a cielo abierto: retroexcavadoras Caterpillar 349 con martillos hidráulicos y sistemas de fracturación, y tractores Caterpillar D8T de 325 caballos de fuerza. Contempla, además, dos escenarios: fracturación mecánica o uso de explosivos tipo ANFO y emulsión —esta última opción, con un presupuesto considerablemente menor—, pese a que tanto la Resolución 013-2025 como el acuerdo posterior restringen expresamente las voladuras dentro del área protegida.
El plan establece que la caliza aprovechable extraída durante el perfilado de taludes se incorporará a las pilas de almacenamiento de DOCALSA para uso industrial posterior, incluida la alimentación de hornos y la producción de carbonato. Para la UASD y la Academia de Ciencias, que el material removido tenga aprovechamiento industrial obliga a distinguir con claridad entre las labores propias de un cierre minero y las de una restauración ecológica, sobre todo dentro de un monumento natural protegido.
Los planos del expediente muestran que la cuarta etapa del proyecto contempla una plataforma de 26,325.36 metros cuadrados —equivalente a unos cuatro campos de fútbol profesional— que, según la memoria técnica, quedaría disponible para uso futuro de la empresa, incluida la ampliación de la planta y áreas de acopio. «Cuando el diseño incorpora plataformas para futuras operaciones empresariales, corresponde analizar si esos usos son compatibles con los objetivos de conservación de un área protegida», plantea Carvajal. El expediente incluye incluso el certificado de título de la parcela donde se proyecta esa explanada, aportado por la propia empresa.
Cuevas del Pomier
Las tres primeras etapas del plan corresponden a la concesión Procalca, pero la cuarta se ejecuta sobre las concesiones Baldosa y Miguel, bajo el argumento de que presentan pasivos ambientales cuya recuperación fue requerida a la empresa.
La documentación revisada, no obstante, no precisa el instrumento jurídico que autorizó a DOCALSA a intervenir en concesiones distintas a la principal. La pregunta —¿bajo qué decisión administrativa se autorizó esa intervención? — permanece sin respuesta.
El artículo sexto del Acuerdo DJ-AC-1-2025-00145 establece una renuncia expresa de las partes a acciones o reclamaciones relacionadas con los hechos comprendidos en el acuerdo. Para el Ministerio, este es el instrumento que regula la remediación; para sectores académicos, falta precisar cómo esa cláusula se articula con las responsabilidades por los daños ambientales acumulados durante décadas.
Un informe oficial cambia el escenario
Mientras el Ministerio defendía públicamente el proceso, un documento de sus propios técnicos introdujo nuevos elementos. Se trata del Informe de Visita de Seguimiento del 6 de marzo de 2026, levantado por personal del Viceministerio de Suelos y Aguas y del Viceministerio de Gestión Ambiental tras una inspección solicitada por DOCALSA para habilitar un nuevo centro de acopio.
Los técnicos constataron que el área propuesta formaba parte de un pasivo ambiental ya incluido en el Plan de Remediación y, además, hallaron otro centro de acopio operando sin autorización ambiental. Según el sistema oficial NEPAssist, ambos polígonos se ubicaban dentro de la zona de amortiguamiento del Monumento Natural, y el área solicitada estaba a unos 169 metros del arroyo Caña Seca. La conclusión fue categórica: el proyecto es «no viable», y el informe recomienda no autorizarlo.
El hallazgo de un centro de acopio ya operando sin permiso implica que la fiscalización estatal llegó después de que la actividad estuviera en marcha. Para Carvajal, ese punto es especialmente delicado en un ecosistema kárstico: «La alteración de un sistema de cuevas no siempre produce efectos visibles de inmediato. Un movimiento de tierra o la modificación de un patrón de drenaje pueden generar consecuencias que aparecen meses o años después. Por eso la supervisión debe ser preventiva y permanente».
Estabilizar un terreno no es restaurar un ecosistema
El hallazgo coincidió con un debate más amplio entre geólogos, arqueólogos y especialistas en restauración ecológica: ¿qué significa realmente restaurar un sistema kárstico? Para la UASD y la Academia de Ciencias, no puede limitarse a estabilizar taludes, rellenar excavaciones o sembrar cobertura vegetal, porque las cuevas forman un sistema vivo, con relaciones entre galerías, acuíferos, flujos de aire, microorganismos y fauna cavernícola desarrolladas durante milenios.
«Un paisaje puede verse verde y, sin embargo, haber perdido completamente su funcionalidad ecológica», advierte Carvajal. El desafío, señalan los especialistas, es determinar si las condiciones ecológicas originales pueden restablecerse o si las intervenciones responden, sobre todo, a criterios de ingeniería propios del cierre de una explotación minera.
La disputa por la Cueva del Tándem
A comienzos de junio de 2026, la Plataforma San Cristóbal y miembros de la Comisión Ambiental de la UASD denunciaron que las labores de DOCALSA habían afectado una cavidad conocida como Cueva del Tándem. La empresa respondió que esa cueva no existe y atribuyó la denuncia a una campaña de descrédito.
Frente a versiones opuestas, la UASD y la Academia de Ciencias propusieron algo distinto a la disputa pública: una verificación técnica independiente mediante levantamientos espeleológicos, georradar, tomografía eléctrica, fotogrametría y comparación con registros históricos.
La existencia y el estado de una cavidad, sostienen, solo puede establecerse con evidencia científica, no con comunicados. El artículo 160 de la Ley 64-00 refuerza esa exigencia: protege toda cavidad natural del país, esté o no dentro de un polígono formal. Al cierre de esta investigación no se había hecho pública una evaluación independiente sobre el Tándem.
Cuevas del Pomier
Posición de la academia
El 9 de junio de 2026, la Comisión Ambiental de la UASD y la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias remitieron una comunicación formal al ministro de Medio Ambiente, la posición institucional más completa emitida hasta ahora sobre el caso.
El documento sostiene que el plan de DOCALSA no reúne las condiciones de un verdadero programa de restauración ecológica: un ecosistema sometido durante unos cuarenta y cinco años a actividades extractivas requiere procesos de largo plazo que restablezcan estructura, funciones ecológicas, biodiversidad, conectividad hidrológica, suelos y relaciones biológicas, de los cuales la revegetación es apenas un componente.
La carta recomienda suspender preventivamente las intervenciones del plan vigente mientras se realiza una evaluación independiente; elaborar un nuevo Plan Integral de Restauración Ecológica; incorporar universidades y organismos científicos al seguimiento, y publicar toda la documentación técnica del proyecto. Fue enviada también a la Presidencia, la Comisión Presidencial para las Cuevas del Pomier, el Ministerio de Cultura, la Dirección General de Minería, la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente, el Museo del Hombre Dominicano y varios medios.
Hasta el cierre de este reportaje, el Ministerio no había respondido públicamente.
Lo que está en juego
El debate sobre el Pomier trasciende a una empresa y un plan de remediación: define el modelo con el que República Dominicana enfrentará, en adelante, la recuperación de ecosistemas degradados por actividades extractivas dentro o cerca de áreas protegidas.
El Estado dio un paso trascendental con la Resolución 013-2025. Pero el expediente documental construido después —el acuerdo, el plan de DOCALSA, el informe técnico de marzo y la comunicación académica de junio— explica por qué la remediación enfrenta hoy cuestionamientos técnicos e institucionales.
Para Abreu Collado, la discusión no puede reducirse a la recuperación paisajística de antiguos frentes de explotación: el Pomier es un sistema integrado, donde alterar una parte puede afectar el equilibrio del conjunto, y cualquier intervención debe priorizar la conservación del patrimonio arqueológico, geológico y ecológico por encima de consideraciones operativas o empresariales. Carvajal coincide en que la diferencia entre cierre minero y restauración ecológica —estabilizar frente a restablecer— es el eje que debería orientar cualquier decisión futura.
Varias preguntas siguen sin respuesta pública: ¿cuánta roca caliza fue extraída y aprovechada industrialmente durante la remediación? ¿Qué fundamento jurídico autorizó la intervención en las concesiones Baldosa y Miguel? ¿Qué medidas tomó el Ministerio tras el hallazgo del centro de acopio no autorizado? ¿Se hará una evaluación independiente sobre la Cueva del Tándem? ¿Qué responderá el Ministerio a las recomendaciones de la UASD y la Academia de Ciencias?
La historia del Pomier trasciende San Cristóbal. Durante décadas coexistieron, en el mismo territorio, un conjunto arqueológico excepcional y una intensa actividad minera. La decisión de poner fin a esa explotación abrió una oportunidad para revertir un proceso acumulado en cuarenta y cinco años. Lo que sigue abierto es si el modelo adoptado responde plenamente a los principios de una restauración ecológica o si, como sostienen la UASD y la Academia de Ciencias, conserva componentes propios de un cierre minero que aún requieren revisión.
Esa valoración corresponde a las autoridades. Lo que muestran los documentos es que el debate científico e institucional continúa abierto, y que las decisiones sobre el Pomier fijarán un precedente para la protección de otros sistemas kársticos y áreas protegidas del país.
ElMinisterio de Salud Pública informó que mantiene bajo vigilancia epidemiológica un evento de mpox (viruela símica), una enfermedad viral poco común que provocafiebre, sarpullido y malestar general, y se transmite principalmente por contacto cercano con personas, animales o materiales infectados.
Los casos fueron detectados en un destacamento policial de la provincia San Cristóbal, donde una investigación de la Dirección General de Epidemiología (DIGEPI) identificó un total de nueve casos, de los cuales dos fueron confirmados mediante pruebas de laboratorio (RT-PCR) y siete continúan en evaluación.
Además, fueron identificados en personas que se encuentran bajo detención, y no existe evidencia de circulación comunitaria. El evento permanece limitado al espacio investigado.
Salud Pública activó el Grupo de Respuesta Rápida, integrado por especialistas de la Dirección General de Epidemiología (DIGEPI), el Viceministerio de Gestión de Riesgos y Salud Ambiental y la Dirección Provincial de Salud de San Cristóbal, para realizar la investigación epidemiológica, búsqueda activa de casos, evaluación clínica de personas expuestas, toma de muestras, seguimiento de contactos e inspección de las condiciones sanitarias de la edificación.
Como parte de las acciones de control, el Ministerio también dispuso el seguimiento de todas las personas que tuvieron contacto con los casos identificados, reforzó la vigilancia epidemiológica y emitió recomendaciones para mejorar las condiciones sanitarias y fortalecer los protocolos de evaluación.
Las medidas implementadas permitieron controlar la situación y, hasta la fecha, no se han detectado nuevos contagios relacionados. El evento continúa bajo vigilancia epidemiológica hasta completar el seguimiento de los contactos y recibir los resultados de laboratorio pendientes.
El Ministerio de Salud explicó que los casos se encuentran limitados al espacio investigado, sin evidencia de transmisión al entorno comunitario. Sin embargo, mantiene la vigilancia permanente y continuará implementando todas las medidas necesarias para mantener la salud de las personas afectadas y del personal de seguridad que labora en el destacamento.
La Organización Mundial de la Salud define el mpox (viruela símica) , como una enfermedad causada por el virus de la mpox, que pertenece al género de los Orthopoxvirus. La OMS explica que: “los síntomas comunes de la mpox son erupciones cutáneas o lesiones mucosas que pueden durar de 2 a 4 semanas, acompañadas de fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, falta de energía e inflamación de los ganglios linfáticos”.
El Ministerio de Salud Pública exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales. Recordó que la detección oportuna, la notificación de casos sospechosos y el cumplimiento de las medidas de prevención constituyen las herramientas más efectivas para controlar cualquier evento de salud.
"¡Elecciones ya!", gritaron cerca de 300 opositores en una marcha este martes enCaracas, días antes del inicio de un diálogo que apunta a una transición política respaldada porEstados Unidos.
El gobierno interino de Delcy Rodríguez y un grupo de exparlamentarios opositores del período 2015-2020 anunciaron a mediados de junio un plan de trabajo para el "fortalecimiento de la democracia" que comenzará a operar el 1 de agosto.
"Si queremos una transición, tenemos que ir a una elección", afirmó Henry Alviárez, vocero de Vente Venezuela, partido de la líder opositora María Corina Machado.
"Cuando fijen la fecha de elección, allí comienza la transición", ratificó.
Esta movilización marca además el segundo aniversario de las elecciones presidenciales que acabaron en la polémica reelección de Nicolás Maduro.
La oposición reivindica la victoria de Edmundo González, candidato presidencial apadrinado por Machado, y denuncia que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no presentó las pruebas del triunfo otorgado a Maduro, encarcelado a la espera de juicio en Nueva York.
"El 28 de julio nos dimos un mandato y lo vamos a cumplir. Levántate, Venezuela. La transición viene y es con la gente, por la gente y con nuestras propias manos", dijo Machado en un video grabado.
Machado, que permanece en el exilio desde diciembre, no ha sido convocada para participar en el proceso de diálogo, pero afirmó que tampoco lo obstaculizará.
Con camisas del partido y pancartas alusivas a Machado, sus partidarios clamaron por su regreso y pidieron unas elecciones presidenciales con garantías democráticas.
"(Quiero) primeramente el regreso de nuestra líder, María Corina Machado, porque ella es venezolana y ella tiene que estar aquí en su país", dijo a la AFP durante la manifestación Yosy Peña.
"Lo que queremos los venezolanos es libertad, queremos elecciones libres", agregó esta maestra de 50 años.
Otros manifestantes mostraron su escepticismo sobre las conversaciones que encabezarán el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y la jefa del grupo de exparlamentarios opositores, Dinorah Figuera.
"Ya no creemos en diálogos, creemos en acciones", apuntó José Fuenmayor. "Este régimen lo que ha demostrado es que siempre quieren ganar tiempo", subrayó este abogado de 64 años.
Tras la captura de Maduro en un operativo estadounidense en enero, Delcy Rodríguez asumió el poder de forma interina y gobierna bajo fuertes presiones de Washington, que supervisará el diálogo.
"Pienso que hemos sido engañados, inclusive por los Estados Unidos", opinó Fuenmayor. "Primera vez que yo veo que los Estados Unidos apoyan un régimen dictatorial", sostuvo.
La República Dominicana continuó en alza al conseguir un total de 22 medallas en la IV jornada de losXXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
Con las medallas de este martes, el país llegó a un total de 48 preseas, incluidas 10 de oro, nueve de plata y 29 de bronce. Con el resultado, la República Dominicana se ubica en el quinto lugar en el medallero general.
De los 22 metales, se incluyen cuatro de oro, cuatro de plata y 14 de bronce, siendo el esquí náutico el mejor resultado con par de metales dorados, con una puntuación de 44.7, y el dominicano Paolo Pigozzi se alzó con el bronce, con 43.2.
El esquí náutico terminó su participación en la cita regional con un total de 12 medallas, incluidas tres de oro, igual cantidad de plata y seis de bronce.
De su lado, Nick Hardt retuvo luego del retiro del colombiano Juan Sebastián Gómez en la final.
Hardt se adjudicó la medalla de oro cuando dominaba 2-1 el primer set. Apenas transcurrían 11 minutos de juego cuando Gómez solicitó asistencia médica con la intención de continuar el encuentro, pero las ampollas en sus pies, producto de la intensa jornada del día anterior en la que disputó tres partidos, le impidieron seguir en competencia.
En la rama femenina Ana Zamburek protagonizó una notable remontada para conquistar bronce en sencillos femeninos al derrotar a la colombiana María Torres.
Luego de caer en el primer set, Zamburek apeló a la paciencia, el temple y el control emocional para revertir el encuentro y llevarse la victoria con parciales de 4-6, 6-4 y 6-0.
La última dominicana en subir al podio había sido Francesca Segarelli, con el bronce obtenido en Veracruz 2014.
Leoni Perthold hizo historia al ganar bronce, la primera medalla para el Surf en Juegos Centroamericanos y del Caribe, tras recibir una puntuación de 6.43 en la competencia directa en la modalidad sup surf femenino ante la venezolana Edimar Luque (5.10).
Jancarlo Tineo y Wendy Simó ocuparon el tercer lugar en la prueba doble par mixto de las competencias de remo.
El dueto quisqueyano hizo un crono de 8:00.20 para quedarse con el metal de bronce.
Asimismo, Esquivel Bocio logró, mientras que Moisés Hernández y Madelyn Rodríguez se hicieron de sendas preseas de bronce en taekwondo.
En la modalidad equipos TK3 mixto, la República Dominicana consiguió la plata al caer 0-2 ante el selectivo de Cuba (Haila Ribalda, María Sosa, Kevin González y Yunier Noa).
El cuarteto dominicano, integrado por Jesús Fabián, María Peña, Lorena Rodríguez y Saúl Taveras.
Mientras, Moisés Hernández obtuvo bronce al vencer en la repesca por 2-0 a Santos Romero, de Honduras, en la categoría +87 kilos.
En -73 kilos femeninos, Madelyn Rodríguez venció 2.1 a Franaydun Zambrana, de Nicaragua, en el combate por el bronce.
El bádminton cerró su participación con dos bronce en la última jornada.
Anderson Taveras y Yonatan Linarez ocuparon el tercer puesto en dobles masculinos.
El otro bronce correspondió a la pareja mixta, integrada por Yonatan Linarez y Nayrobi Jiménez.
La gimnasia se unió al medallero al aportar dos bronce en la modalidad de trampolín sincronizado.
La dupla femenina, conformada por Eva Luna Vásquez y Laura Polanco, totalizó 38.34 puntos de los jueces, quienes otorgaron 6.5 por dificultad, 6.5 por ejecución, 16.94 por sincronización, 8.40 por desplazamiento horizontal.
Los representantes masculinos dominicanos, Emil de la Rosa y Junior Mateo, finalizaron terceros con 42.79 producto de una valoración de 9.3 de dificultad, 6.65 de ejecución, 17.74 de sincronización y 9.10 de desplazamiento horizontal.
El país logró bronce al superar 4-0 a Panamá en las competencias por equipo mixto del torneo de judo
En general, el judo dominicano ocupó el segundo lugar al obtener tres medallas de oro, dos de plata y siete de bronce, para un total de 12.
El nadador Javier Núñez logró bronce en los 50 metros libre.
Núñez hizo un crono de 22.46 segundos, el tercer mejor tiempo de la especialidad.
El Instituto Dominicano de Meteorología pronostica que este miércoles, aunque en amplias zonas de nuestro territorio predominará un ambiente caluroso y de pocas nubes, durante la mañana, son probables algunos chubascos aislados en poblados cercanos a la costa caribeña; mientras que, después del mediodía, se prevén aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento.
Dichas precipitaciones se esperan en poblados de Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Elías Piña y Dajabón, debido a la humedad aportada por la aproximación de una onda tropical, los efectos locales y la influencia de una vaguada.
En cuanto a las temperaturas, estarán bastante elevadas en nuestra masa de aire, con unas mínimas entre 23 °C y 25 °C y máximas entre 33 °C y 35 °C.
