Más de 1,300 escuelas serán intervenidas por la Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación (Minerd) por su marcado deterioro, tanto técnico como estructural, lo que implicará la contratación de empresas constructoras y un presupuesto que supera los 4,000 millones de pesos.
Entre 35 y 50 de esos planteles están en estado crítico y algunos requerirán la demolición total. De hecho, ya está la orden para demoler una en Samaná y otra en Villa Trina, según explicó en un Diálogo Libre el ingeniero Roberto Herrera Polanco, titular de la mencionada institución.
Esos números son el resultado de un trabajo de campo que hace Infraestructura Escolar y que ha evaluado las condiciones físicas de más de 1,600 recintos de educación básica y secundaria.
Herrera informa que en dos semanas anunciarán una licitación para seleccionar a los contratistas que estarán a cargo de corregir las fallas acumuladas por el paso del tiempo, el abandono o vicios de construcción.
Presupuesto y el "nudo legal"
La entidad cuenta con un presupuesto para este año de 11,000 millones de pesos: 4,000 millones para este mantenimiento y 6,000 millones para la terminación de unas 6,000 aulas en proceso constructivo.
Unas 505 de esas escuelas forman parte del famoso "nudo legal" que encontró el actual Gobierno para poder continuar las obras que sobrepasaban el 25 % de su presupuesto inicial, algo que prohíbe la ley.
Herrera está a cargo del proceso de "desconcentración" de esta dependencia del Minerd, que ordenó el Poder Ejecutivo, con el propósito de permitirle más agilidad en el trabajo de levantar y mantener los cerca de 6,300 recintos públicos de educación dispersos en toda la geografía nacional.
Desde ya, están llevando a cabo el "Plan 24/7", que consiste en realizar reparaciones luego que termina la docencia y los fines de semana en siete provincias: Santo Domingo, San Cristóbal, Azua, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, Santiago y La Altagracia.
Las demoliciones
La revisión preliminar del Centro Educativo Carmela Shephard, en Sánchez (Samaná), y del Centro Educativo Ulpiano Córdoba, en Villa Trina (Espaillat), fue suficiente para recomendar la demolición inmediata, una suerte que compartirán otros institutos cuando los estudios especializados lo confirmen.
"Hemos evidenciado que entre 35 y 50 escuelas -ya lo vamos a confirmar con los estudios a profundidad-, evidentemente, van a tener inconvenientes", afirma Herrera.
Para no crear alarma, el funcionario asegura que lo anterior no implica un riesgo de colapso, sino una medida de precaución ante estructuras que ya cumplieron su vida útil o cuyos materiales ya no pasan las pruebas de resistencia.
- "A veces, la indicación de que hay que demoler una escuela no es para que la gente entienda que ya se va a caer. Pero sí, como ingeniero y como profesional, tenemos que tener la previsión de que en un tiempo aquí puede haber inconvenientes", precisa.
En el caso de Villa Trina, esperan la entrega de aulas móviles para mudar temporalmente a los estudiantes en este y otros casos, mientras construyen una nueva escuela en el mismo solar.
El problema
La pregunta lógica en esta situación es por qué las escuelas se deterioran hasta llegar al punto de la demolición.
Además de la falta de mantenimiento que padece la generalidad de obras públicas, Herrera indica que antes del 2011 no se tomaba en cuenta el aporte sísmico con rigurosidad ni se hacían los estudios geotécnicos para evaluar las condiciones del suelo.
Las escuelas construidas antes del 2011 son la mayoría, y muchas no fueron preparadas en función de su terreno, lo que las hace más susceptibles a fallar.
En ese año, el Gobierno promulgó el Reglamento para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras. Aun así, el ingeniero admite que varios proyectos en desarrollo se han tenido que derrumbar por incumplir las condiciones contratadas, un evento común en las obras públicas.
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