Meses de dudas sobre la aparente imparcialidad del fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional han terminado con su retiro de la investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, la única que se ha abierto contra un país latinoamericano. El funcionario ha presentado su solicitud de “excusa” para separarse oficialmente del caso, llamado Venezuela I, tal como lo se lo pidió la Sala de Apelaciones a principios de mes.
La consecuencia inmediata de esta situación es que el encargado del caso Venezuela I será el vice fiscal adjunto, Mame Mandiaye Niang. Para las víctimas se abren nuevas lagunas de incertidumbre sobre las dilaciones que esto pueda generar en su búsqueda de justicia.
Este giro en el proceso ha seguido un camino lleno de vericuetos, apelaciones y estrategias legales. Desde que asumió el cargo en 2021, el fiscal Khan echó a andar la investigación sobre Venezuela a la par que llegaba a acuerdos con Venezuela para instalar una oficina técnica en el país y apoyar en la cooperación judicial bajo el principio de complementariedad que busca que cada país pueda defender a las víctimas y castigar a los responsables.
Al terminar su primera visita, luego de estrecharse la mano con Maduro, el 3 de noviembre de 2021, anunció el inicio de la investigación que el líder del chavismo y sus abogados habían intentado evitar. Luego, Khan visitó el país tres veces más. En el último viaje, poco antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio, abogó por el regreso de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos expulsada por denunciar la desaparición forzada de la abogada y activista Rocío San Miguel, detenida desde febrero de 2024.
Su imparcialidad quedó manchada en septiembre pasado, luego de que una investigación periodística del Washington Post revelara los vínculos políticos de Khan con la defensa contratada por el Gobierno de Nicolás Maduro. La abogada Venkateswari Alagendra, acreditada como abogada de Venezuela en el procedimiento de apelación que buscaba echar para atrás la apertura de la investigación, y Khan son cuñados. Aunque el fiscal intentó defenderse, entró en el juego la Fundación Arcadia, una ONG contra la corrupción establecida en Estados Unidos, que solicitó la recusación del Fiscal en atención al supuesto conflicto de intereses.
La Oficina de Defensa Pública de las Víctimas de la CPI advirtió sobre las dilaciones que podría implicar esta recusación y la preocupación de las víctimas por la prolongación de la investigación en el contexto de agravamiento de la situación de derechos humanos en Venezuela a partir de julio de 2024. La Sala de Apelaciones de la CPI determinó que la recusación no era procedente y pidió al fiscal tomar medidas para asegurar la confianza en el proceso.
A la par, la geopolítica mundial cambió y otro frente personal se abrió para el fiscal. En febrero de este año, el Gobierno de Donald Trump dictó sanciones en contra de funcionarios de la CPI por haber girado una orden de captura contra Benjamín Netanyahu y otros funcionarios israelíes por la guerra en Gaza. Luego, Khan se separó provisionalmente de su cargo por una investigación independiente sobre denuncias de conducta sexual indebida y presuntas represalias laborales.
La causa de Venezuela en La Haya se inició en 2018, con la apertura de un examen preliminar para evaluar posibles crímenes dentro del Estatuto de Roma en torno a la represión de las manifestaciones contra el Gobierno de 2017. Se sumó una solicitud de investigación por parte de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú —a la que se adhirió Uruguay en 2024— para incluir las violaciones de derechos humanos ocurridas desde 2014, en el primer ciclo de protesta social, a un año de que Maduro llegara al poder.
Desde entonces, la Fiscalía ha estado documentando delitos de asesinato, encarcelamiento, tortura, violencia sexual y persecución por parte de diversos cuerpos policiales del Estado. En el proceso se han consultado a aproximadamente 8.900 víctimas individuales, 630 grupos familiares y 2 instituciones u organizaciones, que expresaron no confiar o no haber recibido respuesta efectiva de los órganos de administración de justicia venezolanos.
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