El proyecto de Ley de Alquileres busca modernizar el régimen vigente sobre arrendamientos en el país. Fue aprobado este lunes por el Senado con varias modificaciones sustanciales. Ahora pasa a la Cámara de Diputados para su revisión.
Entre los principales cambios introducidos en la pieza legislativa figura la reducción del plazo mínimo de contrato. Este pasa de tres a dos años. Es una medida que busca flexibilizar los acuerdos entre propietarios e inquilinos. Asimismo, se establece que el ajuste de precios podrá pactarse de forma semestral o anual, en función de la voluntad de ambas partes. Esto elimina la obligatoriedad de ajustes anuales atados a índices oficiales.
Otra modificación clave es que se autoriza a las partes a acordar la moneda del contrato. Así se permite firmar en dólares si ambas partes lo consienten. Esta medida había sido tema de debate en sesiones anteriores.
El nuevo texto también aclara los límites en los depósitos y garantías exigibles. Se establece que el monto máximo de garantía no podrá superar el valor de un mes de alquiler. Además, deberá ser devuelto en un plazo no mayor de 30 días tras la finalización del contrato.
Detalles de los principales cambios:
| Categoría | Modificación |
|---|---|
| Duración de los contratos | Se reduce la duración mínima de tres años a dos años, con la posibilidad de extender por un año adicional con el consentimiento de ambas partes. |
| Actualización de precios | Se introduce un índice de actualización basado en la inflación del país, para proteger a los propietarios contra la pérdida del valor real del alquiler. |
| Protección de inquilinos | Se amplían las causales para rescisión por parte del inquilino, incluyendo incumplimiento del propietario o fuerza mayor. |
| Otras modificaciones | Incluye regulaciones para alquileres temporarios y promoción de viviendas accesibles. |
| Estos cambios buscan equilibrar los intereses de propietarios e inquilinos, promoviendo un mercado de alquiler más justo y transparente. | |
Senadores que respaldaron la pieza aseguran que los cambios buscan equilibrar los derechos de inquilinos y propietarios. Además, fomentan la transparencia y la inversión en el mercado inmobiliario. Sin embargo, sectores sociales y organizaciones de defensa de inquilinos han expresado preocupaciones. Se refieren a un posible debilitamiento de la protección a los arrendatarios.
El proyecto será ahora conocido por la Cámara de Diputados. Se anticipa un nuevo debate sobre el alcance real de las reformas. También se debatirá su impacto en el acceso a la vivienda.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario