Estados Unidos anunció un bloqueo a los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, una decisión que intensifica la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro y que tiene implicaciones directas para la economía venezolana y para la seguridad regional en el Caribe. La medida se produce en un contexto de creciente despliegue militar estadounidense y de acciones directas contra embarcaciones vinculadas tanto al comercio petrolero como al narcotráfico.
El presidente Donald Trump confirmó el endurecimiento del cerco marítimo con un mensaje público en el que describió el alcance de la operación naval en términos excepcionales. Afirmó que "Venezuela está completamente rodeada por la mayor armada jamás reunida en la historia de América del Sur" y advirtió que esa presencia "seguirá creciendo, y el impacto para ellos será como nada que hayan visto antes", hasta que, según sus palabras, devuelvan a Estados Unidos "todo el petróleo, la tierra y otros activos que anteriormente nos robaron".
En ese mismo marco, Trump declaró al gobierno venezolano como una Organización Terrorista Extranjera. El mandatario acusó a funcionarios del Estado venezolano de utilizar los ingresos provenientes del petróleo para su enriquecimiento personal y para financiar actividades de narcotráfico y terrorismo, reforzando así el argumento de seguridad nacional con el que su administración justifica el endurecimiento de las medidas.
El anuncio del bloqueo se produjo después de una acción concreta en alta mar. La semana pasada, autoridades estadounidenses incautaron un petrolero frente a las costas venezolanas que transportaba crudo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). El buque, identificado como el Skipper, estaba sujeto a sanciones desde 2022. La operación representó un paso más allá de las restricciones financieras y comerciales, al materializarse en una interdicción directa del transporte marítimo.
Gobierno de Maduro
La reacción de Venezuela fue inmediata. La cancillería venezolana envió una comunicación al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la que calificó la incautación del petrolero como un "acto de piratería de Estado". El gobierno de Maduro rechazó la legalidad de la medida y denunció una violación de su soberanía, al tiempo que insistió en que las acciones de Washington carecen de sustento en el derecho internacional.
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